Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Las última medida anunciadas en el Hospital General de Valencia (CHGUV) sobre la homologación de salarios con el personal dependiente de la Generalitat vino acompañada por la petición de los trabajadores de tener las mismas condiciones jurídicas que el resto de hospitales de la red pública.
En la práctica, supondrá la congelación del sueldo de alrededor de 1.500 trabajadores y por ello los sindicatos pidieron que equipararan el régimen jurídico al del resto de personal dependiente de la Generalitat. Sin embargo, son 106 millones lo que separan a la Conselleria de Sanidad de tomar la decisión, según apuntan fuentes del departamento.
Al tratarse de un consorcio participado por la Diputación de Valencia y la Generalitat, el Estado le realiza una transferencia millonaria para el funcionamiento del hospital. Lo mismo ocurre con el Hospital Provincial de Castellón, que recibe 28 millones.
"Consideramos que no es legítimo aplicar la modificación retributiva, ya que no se ha llevado a cabo la modificación del régimen jurídico del personal del CHGUV, que supondría la integración del personal del consorcio a la Consellería de Sanitat", lamentaban los representantes de los trabajadores en un comunicado. Y es que esto les permitía moverse a otros hospitales, algo que sí pueden hacer lo trabajadores del resto de departamentos de la red de la Generalitat.
"Una de las promesas que hicimos es que tenderíamos puentes para la integración del consorcio en la Generalitat. Ya lo hemos pedido oficialmente, lo hemos planteado a la junta de Gobierno y directamente a la Conselleria", apuntaban hace unos meses desde la gerencia del General. Sin embargo, esto no ocurrirá al menos que se encuentre una fórmula que permita no renunciar a ese importe y de momento no hay nada sobre la mesa.
Ahora, serán los trabajadores quienes salgan perjudicados por la entrada en vigor de una ley nacional que impide que las retribuciones del personal de los consorcios superen a las fijados para los puestos de trabajo equivalentes de la administración pública a la que estén adscritos, en este caso la Generalitat.
La propuesta de la dirección para cumplir con esa norma, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, supondrá la no aplicación de los incrementos salariales previstos para los próximos años hasta que la retribución de cada una de las categorías se iguale a la del personal equivalente dependiente de la Generalitat.
El comité de empresa del CHGUV calcula que la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los empleados oscila entre los 20 y los 160 euros mensuales, según el colectivo. Por ejemplo, para los auxiliares de enfermería, la merma de ingresos calculada por los sindicatos se eleva a 80 euros al mes. Para los celadores ronda los 60 euros.
