ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante activa la prórroga de la millonaria contrata del transporte público en autobús, avanzada por Alicante Plaza. El bipartito compuesto por 9 ediles del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs) aprobó este lunes, en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario y urgente, la concesión de un plazo adicional de explotación del servicio por dos años más a la empresa Masatusa, del grupo Vectalia, al haberse extinguido la duración del contrato inicial, concedido por una duración de 50 años.
El acuerdo se adoptó justo un día antes de que se produjese el vencimiento de esa contrata, este martes, 16 de julio, con el fin de que la gestión de la red urbana de autobuses no se desarrolle sin las coberturas legales que proporciona un contrato en vigor. El objetivo es que el servicio se continúe prestando y que no se deteriore el equipamiento y el mobiliario asociado a la contrata, que revertirán en el Ayuntamiento para que se pueda poner a disposición del futuro concesionario. Para la prórroga del contrato, se ha previsto un gasto plurianual de 23 millones por ese plazo extra de dos años: 12 para el primero y 11 para el segundo.
Los dos años adicionales de prestación corresponden al tiempo en el que podría producirse la nueva adjudicación del contrato, según precisó el edil de Contratación y Transportes, el popular Manuel Villar, hace dos semanas. El propio Villar ha explicado este lunes que ese plazo de dos años es el máximo que permite la ley y que, en todo caso, podría acortarse en el caso de que se produjese una nueva adjudicación con antelación.
En esta línea, ha apuntado que se llega a esta situación de prórroga "por una situación de retraso" en la puesta en marcha de los trámites necesarios para que se produzca la nueva licitación, que ha atribuido al extinto tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís.
Lo cierto es que por ahora sigue sin convocarse ese nuevo concurso, a la espera de que se disponga del nuevo pliego de bases redactado. El equipo de Gobierno compuesto por el PP en solitario en el pasado mandato adjudicó un estudio de asesoría externa a principios de 2019 para que se determinase qué condiciones debía reunir ese pliego. Villar ha señalado que, hasta ahora, la voluntad del equipo de Gobierno sigue siendo que el servicio quede en manos de un operador privado, por lo que no se contempla la posibilidad de remunicipalizarlo.
En principio, se prevé que el nuevo contrato pueda estar disponible en un plazo de 21 meses, por lo que, según Villar, "los preparativos previos deberían haberse iniciado hace al menos dos años". Además, ha reconocido que, durante la etapa de gobierno del PP, también se produjo "un problema de incompatibilidad" en una de las empresas que se había preseleccionado para la contratación de ese estudio de asesoría externa, por lo que ha señalado que "cada uno deberá asumir su parte de responsabilidad en ese retraso", según ha recalcado.
En la Junta de Gobierno ordinaria de este martes, por su parte, se ha acordado requerir a la empresa Aralcayna, del Grupo Cívica, el depósito de la garantía correspondiente al contrato de construcción y explotación de dos aparcamientos públicos, situados en la avenida Catedrático Soler y la calle Hermanos López de Osaba, como también ha avanzado este diario. De acuerdo con la propuesta de acuerdo, ese aval requerido a la empresa a la que se aprobó traspasar la concesión a finales de 2018 asciende a 596.000 euros por dos de los tres aparcamientos adjudicados inicialmente (el tercero, en Padre Esplá, no llegó a construirse).
Según ha precisado la portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez, una vez depositado ese aval, se procederá a devolver a la concesionaria original, Ortiz e Hijos, los 718.000 euros, depositados como aval en 2003.
En la misma sesión de la Junta también se ha aprobado la licitación de la instalación y montaje del alumbrado ornamental con motivo de las fiestas de Navidad 2019, Carnaval y Hogueras de 2020, en tres lotes, con el propósito de garantizar la antelación necesaria en su contratación.
Entre los asuntos acordados con carácter de urgencia, se ha aprobado la designación de los representantes municipales en organismos supramunicipales de carácter público y privado, entre los que destaca el nombramiento del alcalde, Luis Barcala, y de la propia Sánchez, como miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante.
Así, no se reproducirá la decisión adoptada en el último tramo del mandato precedente, cuando el Ayuntamiento cedió una de las dos plazas que tiene reservadas en ese consejo al todavía presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, después de que el Gobierno central acordase su cese como consejero en representación del Estado.
