Rafael Climent, conseller de Economía, y Vicent Soler, responsable de Hacienda. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El camino para la transformación de Feria Valencia sigue sin estar despejado. El plan para que la Generalitat asuma la millonaria deuda del recinto y ceda su explotación a una empresa mixta –pactado entre la Generalitat, el Ayuntamiento y los gestores del recinto– se ha topado con un nuevo inconveniente que está retrasando aún más los cambios legales necesarios para completar esa reestructuración: la anulación del ERE que la empresa realizó en 2010 y, más concretamente, los hasta 6 millones de euros que puede acabar costando la reparación de los derechos laborales de los 106 empleados despedidos entonces.
Después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia que el Tribunal Superior de la Comunitat dictó hace un año para declarar nulo el despido colectivo por fraude de ley, los trabajadores ya están tomando las primeras medidas. Por el momento ya son 50 los que en distintas tandas han ido solicitado la readmisión. El pasado viernes se cumplió el plazo de cinco días para que Feria Valencia contestase a la petición de los dieciséis exempleados que primero lo pidieron, quienes no recibieron respuesta.
La dinámica se repetirá con los próximos requerimientos que se reciban porque los actuales gestores de Feria Valencia, que acaba de volver a registrar beneficios de explotación tras diez años en números rojos, no tienen intención de repescar a ninguno de los despedidos.
En su momento, Feria Valencia ya pagó 7 millones en indemnizaciones a los empleados que salieron de la empresa, de los cuales 34 ya están jubilados. A falta de conocer el coste concreto del nuevo conflicto laboral que se vislumbra, lo único seguro es que superará las seis cifras y que Feria Valencia no tiene capacidad para soportar ese quebranto.
Así las cosas, la conselleria de Hacienda y la de Economía, que preparan sendos decretos para la asunción de la deuda del recinto por parte de la Generalitat y para la declaración de la actividad ferial como de interés general se han topado ahora con esta circunstancia sobrevenida a la que no tendrán más remedio que dar una salida.
El problema surge porque los dos departamentos implicados difieren en la solución a la factura del ERE, del mismo modo que tampoco se han puesto aún de acuerdo sobre si la mayoría de la empresa mixta que gestionará Feria Valencia en el futuro ha de ser de mayoría pública o privada. Esta discrepancia mantiene bloqueado el desarrollo de un plan que teóricamente había sido acordado por todos los implicados hace ya más de un año.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de la Conselleria de Hacienda y responsable del diseño de la operación financiera para el rescate de Feria Valencia, defiende que la mayoría en el capital de la nueva empresa ha de ser privada con el fin de que la Generalitat no tenga que asumir en el futuro nuevas deudas del recinto. Por el contrario, la Dirección General de Comercio, dependiente de la Conselleria de Economía y con competencias directas sobre las ferias comerciales, es partidaria en principio de un control público de la gestión, con socios privados en minoría.
El IVF, dirigido por Manuel Illueca, está en la fase final de la redacción del decreto de asunción de deuda. La aprobación de este decreto por el Consell se ha retrasado en sucesivas ocasiones en los últimos meses por diferentes circunstancias; la última ha sido la inclusión en el mismo paquete de la deuda de la Institución Ferial de Alicante (IFA) en el mismo paquete a instancias de la Conselleria de Economía.
Ahora, la cantidad que ha Feria Valencia va a tener que desembolsar por el ERE ha provocado una nueva discrepancia en el seno del Consell. Según fuentes implicadas en el proceso, la Conselleria de Economía defiende una solución global a la deuda del recinto valenciano. Esto es, que la administración se haga cargo de los créditos de las obras de ampliación del recinto –más de 580 millones de euros– pero también del coste del ERE.
Por su parte, el IVF es partidario de acotar el decreto de asunción a la deuda financiera, con lo que el coste derivado del ERE –pendiente de concretar– quedaría al margen. En cualquier caso, consciente de que Feria Valencia no tiene capacidad para asumir por sí misma el coste de las indemnizaciones de un eventual nuevo ERE, el departamento dependiente de Hacienda sostiene que el dinero ha de salir del presupuesto de la conselleria competente, en este caso la de Economía. En sus últimas cuentas, Feria Valencia provisionó un millón de euros, pero el coste será probablemente superior.
Por otro lado, los empleados de Feria Valencia que salieron en el ERE anulado aseguran que están siendo coaccionados por los actuales gestores del recinto para persuadirles de solicitar la readmisión. El representante legal del primer grupo de extrabajadores que ha instado el reingreso, Guillermo Llago, asegura que sus representados están recibiendo llamadas para advertirles de que se les incluirá en un nuevo ERE.
Este mismo lunes está previsto que se presenten en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) las papeletas de los primeros afectados a los que no se les ha dado respuesta tras la solicitud de readmisión.
Por otro lado, un grupo de afectados en el ERE anulado solicitaron la pasada semana una reunión con el alcalde de València, Joan Ribó, para exponerle directamente si situación dada su condición de presidente del patronato de Feria Valencia.
