VALENCIA. Publicitar un piso turístico sin licencia es ilegal en la Comunitat Valenciana desde el 20 de mayo, cuando el Consell de Alberto Fabra aprobó el decreto 75/2015. La norma dicta que la publicidad que se efectúe de las viviendas turísticas inscritas "deberá incluir, obligatoriamente, los números de registro de las citadas viviendas". Además, menciona de forma expresa los anuncios "a través de los servicios de la sociedad de la información”. Este decreto convierte en "responsables solidarios" a los "titulares de los canales de publicidad o comercialización" de "su inclusión" e incluso de la "veracidad de los datos incluídos en sus medios”, y esto afecta a plataformas tan conocidas como AirBnB o Homeway.
Sin embargo, desde la Generalitat han decidido adoptar un actitud de diálogo con los portales que intermedian entre particulares y turistas que buscan alojamiento y que publican todo tipo de ofertas, sean ilegales o no. Los técnicos de Turismo han mantenido reuniones con representantes de AirBnB y Homeway dentro de las iniciativas planteadas por Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, para atajar el intrusismo y aumentar el control sobre la legalidad de estos alojamientos.
A partir de estas reuniones se estableció una ruta a seguir en cuanto a cumplimiento de la legislación de la Comunitat Valenciana. Según fuentes de Turismo, AirBnB está viendo posibilidades para adecuar su plataforma a la legalidad de la región. Esta empresa de economía colaborativa, que cobra un porcentaje por ser intermediario, está estudiando de forma técnica cómo conectar su oferta de alojamiento con las bases de datos de oferta legal de la Comunitat para garantizar calidad y vigilancia del cumplimiento de la normativa. Esto permitiría de forma automática cotejar si una vivienda pertenece a la oferta legal al ser subida a la plataforma. Entre estas medidas también está elaborando una página web en valenciano, español e inglés.
También consideran necesario sensibilizar acerca de la legalidad de la oferta, por lo que AirBnB y la Generalitat se plantean organizar una jornada de trabajo sectorial para insistir en el cumplimiento de la normativa para garantizar la rentabilidad y calidad del sector. En enero está prevista la próxima reunión para avanzar y ver cómo transcurre el cumplimiento de estos objetivos, según explican desde Turismo, dentro de la decisión de la Agencia Valenciana de Turismo de que no se trata de multar a estas empresas, sino de impulsar la economía colaborativa de una forma legal.
Aunque en esta ocasión AirBnB no ha querido dar ninguna opinión acerca de las conversaciones que se están llevando a cabo, hace unos meses apuntaban a Valenciaplaza.com que la normativa valenciana "obvia la realidad de los mercados digitales” y consideraron que las reglas "para compartir la propia casa no están claras". “Es una normativa creada para profesionales que poseen propiedades que explotan para uso turístico exclusivamente”, apuntaban en aquel momento.
La legislación valenciana en la materia define como apartamentos turísticos a aquellos que ofrecen "servicios propios de la industria hotelera", son gestionados por una persona distinta del propietario o usan canales de comercialización turística. Si cumplen alguno de estos supuestos, los pisos deben figurar en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana. Airbnb, al actuar como intermediario entre anfitriones y huéspedes, niega ser un comercializador.
Según datos de Exceltur, en Valencia ya se alojan en pisos turísticos cuatro de cada diez visitantes, una realidad que está restando clientes a la planta hotelera de la ciudad y amenaza su rentabilidad. Los visitantes de la ciudad todavía prefieren los hoteles para hospedarse durante sus viajes, pero la proporción tiende a igualarse. Entre enero y marzo se alojaron en Valencia 14.997 turistas en viviendas particulares, frente a los 22.657 visitantes que optaron por los alojamientos reglados.
No todos los barrios de Valencia tienen la misma proporción de pisos turísticos. El informe de Exceltur apunta que el 45% de estos alojamientos se concentran en los distritos de Eixample, Extramurs, Poblats Marítims y Ciutat Vella. Este último distrito tiene 121 pisos de uso turístico por cada millar de inmuebles, una proporción similar a la de Málaga, donde 160 de cada mil pisos del centro corresponden a esta clase de viviendas. De nuevo, la situación del turismo en Valencia queda lejos de la de Barcelona, donde Ciutat Vella dedica dos quintas partes de los immuebles al negocio del alquiler vacacional.
Los pisos turísticos también arraigan en el mercado turístico de Benidorm. La capital turística de la Comunitat aloja al 41% de sus visitantes en viviendas particulares, frente al 59% restante que opta por los hoteles. En el principal destino vacacional de las comarcas de Castellón, Peñíscola, el volumen de alquiler turístico es más abultado: un 47% de los turistas optan por esta opción.
En julio de este año, Cataluña, que ya había multado a la plataforma con 30.000 euros en 2014, anunció que su intención era llegar a un acuerdo con AirBnB. Por ello, lanzó una propuesta que aún no ha sido aprobada de forma definitiva. Los ciudadanos podrán alquilar habitaciones de su vivienda habitual a viajeros a cambio de recaudar la tasa a la que están sujetos el resto de establecimientos
Los hogares podrán hospedar a turistas por estancias que no duren más de 31 días y en conjunto solo podrán alquilar las habitaciones durante cuatro meses, no necesariamente consecutivos. Los Ayuntamientos podrán decidir las áreas en las que se autorice la actividad. Además, los ciudadanos solo podrán alquilar un máximo de dos habitaciones en su “domicilio habitual y permanente”, por las que deberán tributar como actividad económica y liquidar la tasa turística, de 0,65 euros por noche en Barcelona y de 0,45 euros en el resto de Cataluña.
Además, los propietarios, que deben de estar empadronados en ese inmueble, estarán sujetos a algunas condiciones: no se podrán albergar a más personas que las previstas por la cédula de habitabilidad, solo se podrá prestar el servicio de desayuno y el dueño deberá seguir viviendo en el inmueble durante la estancia de sus clientes. No obstante, todavía están en conversaciones iniciales.
Pionera en la legislación sobre pisos turísticos fue la Comunidad de Madrid , que es la que impone condiciones más estrictas. En julio de 2014 aprobó un decreto, recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que prohíbe alquilar habitaciones a turistas por menos de cinco días. Según Airbnb, los usuarios del portal que visitan Madrid se quedan una media de 4,6 noches en la ciudad.
La otra condición del Gobierno madrileño para las viviendas de uso turístico es que "no podrán utilizarse como residencia permanente". Este requisito casa poco con la realidad: tres cuartas partes de los anfitriones madrileños comparten la casa en la que viven, según un reciente estudio del propio portal. Pero la Comunidad no permite alquilar habitaciones sueltas.
La solución que ha pactado la web con el Ayuntamiento de París es que Airbnb recaude la tasa turística municipal, de 0,83 euros por noche y persona. Hasta ahora los encargados de cobrar este pago eran los dueños de los apartamentos. Valencia no tiene tasa turística ni la prevé implantar, por lo que una solución similar a la parisina no se puede aplicar. Además, en Francia cualquier persona puede alquilar su casa a turistas sin pedir permiso. Amsterdam autorizó a la empresa a cobrar la tasa turística, que en la capital de los Países Bajos es del 5% del importe del alojamiento.
Los taxis es otro de los sectores que está en pie de guerra contra todo aquel que creen que les está haciendo competencia desleal. Le ganaron la guerra a Uber, por fomentar el uso de conductores sin licencias y ahora también se la disputan a Cabify, que conecta a profesionales con licencias de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) con clientes que necesitan desplazarse.
Esta es la vía legal por la circula el servicio de esta tecnológica española pero que se vio acotada recientemente pot Fomento publicó en el BOE una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que afecta al arrendamiento de vehículos de alquiler con conductor. Una normativa que respalda a las decisiones de la Conselleria de Infraestructuras tomadas en los últimos meses, que ha tenido que denegar este tipo de autorizaciones por la avalancha de peticiones que ha recibido, probablemente porque el servicio de Cabify llegó a Valencia en noviembre de 2014.
