Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. A la declaración de la que fuera secretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster en el juicio sobre la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula, le ha seguido este lunes la del exvicealcalde de València Alfonso Grau.
Concejal desde 1995 hasta 2015 –cuando dimitió por la apertura de juicio oral en el caso Nóos–, ocupó los cargos de primer teniente de alcalde y portavoz del PP. Además, fue coordinador de la campaña electoral de 2007 en València. Al igual que García-Fuster, ha asegurado que desconocía el presupuesto con el que contaban –y, por lo tanto, el límite legal–. Su labor, la señalado, era de recogida de propuestas, de elaboración del programa electoral, etc. Pero nunca, ha afirmado, impuso contratos ni pagos.
En esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula, los investigadores apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada".
En 2007 se habrían servido de la agencia de comunicación Laterne, sin actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulado. En 2011, los investigadores tienen la tesis de que se sirvieron de otra empresa, Trasgos. Así, creen que parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia.
Grau ha negado ser partícipe de la supuesta operativa. No firmó los contratos ni los encargaba. Se limitaba, ha señalado, a "transmitir los acuerdos que se habían adoptado en el comité de campaña". Se ha desvinculado, de esta manera, de la empresa Laterne. Los investigadores apuntan a que era amigo personal del dueño, Vicente Sáez (fallecido), motivo por el que el PP contrató con esta agencia. Pero Grau asegura que no tenía ninguna amistad personal con él, sino que la relación con él era a través de su padre.
Sobre esa campaña de 2007, ha explicado que acudía a la empresa para decir lo que se había decidido que se tenía que hacer: "Iba a Laterne para decir cosas que se iban a hacer, transmitía el acuerdo que se había tomado por parte del comité de campaña. Imagino que lo pagaría el grupo o el partido, no lo sé. Yo no encargo nada. Me decían: 'vete a esos señores, que habían llevado la campaña de 2003 sin ningún problema, y diles que monten esto'".
Respecto a su exasesor Jesús Gordillo –quien cambió su versión de los hechos cuando declaró en el juicio para exculpar a Grau–, ha negado que le diera dinero en efectivo ni orden alguna sobre los pagos irregulares de facturas para las campañas. Lo metió en el Ayuntamiento porque asistió a su exmujer en el parto y ésta se lo pidió.
Sobre los presupuestos para campañas y lo indicado por el partido de Génova, Grau ha manifestado que era "imposible" que desde Génova se llevase la contabilidad exacta: "Una cosa es lo que dice la ley, pero la mayoría de veces son los pueblos o los propios candidatos los que se rascan el bolsillo y pagan la campaña electoral", ha puesto como ejemplo.
A preguntas del fiscal, el exvicealcalde ha señalado que él desconocía tanto que el PP local tuviese una asignación concreta de fondos para cada campaña como el origen de los fondos con los que el PP de València abonaba sus gastos electorales.
También ha negado haber tenido capacidad de decisión en el organigrama de los comités de campaña, ni haber pedido fondos a empresas adjudicatarias del Ayuntamiento.
Sobre cómo funcionaban algunas entidades como la Fundación Turismo Valencia o Fivec, ha comentado que no se aprobaba nada sin la junta de patronos, de la que también formaba parte el consistorio.
En la sesión de este lunes también han declarado los otros dos acusados: el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.
Santón ha señalado que conoció a la empresa Laterne porque en 2002 ya había algún tipo de contrato con ellos y porque un primo hermano suyo empezó a trabajar allí en 2001. Ha destacado que los contratos con Laterne no los fijaba Grau y que la empresa presentaba una memoria de los trabajos que hacía. Sobre los contratos con CEyD ha dicho que él reportaba de los mismos a la alcaldesa y al comité ejecutivo; y en Fivec era la directora ejecutiva la encargada del control de la ejecución de contratos. Se informaba al patronato de la fundación de los trabajos.
El último acusado, Salinas, ha manifestado que ocupó el cargo de director de la Fundación Turismo Valencia en marzo de 1991 y ha dicho que su relación con Grau era "como presidente del patronato y en su condición institucional. Relación profesional". Sobre los contratos de la entidad con Laterne entre 2006 y 2008, el acusado ha indicado que se hicieron para un servicio de asesoramiento, aprobados por el patronato, y "conforme a la legalidad".
