Alfonso Grau. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau no ha abonado la fianza de un millón de euros que el magistrado le requirió para cubrir las posibles responsabilidades civiles en caso de condena, como investigado por un delito de malversación de caudales públicos en el caso Taula.
Grau, mano derecha de Rita Barberá en el Consistorio, es uno de los principales imputados dentro de la pieza del caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del PP de la capital del Turia, así como un supuesto delito de blanqueo de capitales. Un caso que afecta a todo el grupo municipal de los populares de la pasada legislatura, salvo a cuatro personas que se negaron a blanquear el dinero.
En su caso, está siendo investigado por supuestamente malversar dinero de fundaciones públicas dependientes del Ayuntamiento. Según la causa judicial, ese dinero se habría utilizado para sobrefinanciar al PP de València de cara a las elecciones de 2007, tal y como publicó en exclusiva Valencia Plaza.
La negativa de Alfonso Grau a ingresar en la cuenta del juzgado no implica que ahora se tome ninguna medida coercitiva contra él, ya que la propia ley lo prevé, pues puede darse el caso que un investigado no tenga efectivo para hacer frente a la fianza. Es por ello que una vez terminado el plazo del ingreso, en este caso el pasado miércoles, se abre un segundo plazo, este de diez días, para que "designe relacionadamente sus bienes o derechos de su propiedad suficientes para cubrir la responsabilidad económica declarada".
En un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el juez le dice que dichos bienes se han de ajustar a un orden: "dinero o cuentas corrientes; créditos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos y valores admitidos a cotización en el mercado secundario oficial; joyas y objetos de arte; rentas de dinero, intereses de rentas o frutos; bienes muebles, participaciones sociales y títulos o valores no admitidos a cotización oficial; bienes inmuebles; sueldos, salarios, pensiones ingresos procedentes de actividades profesionales y créditos realizables a largo plazo y empresas".
Alfonso Grau permaneció en un segundo plano mientras en la causa judicial solo se investigaba el presunto blanqueo de capitales, ya que cuando se cometió Grau ya había abandonado todos sus cargos públicos. Sin embargo, dicha investigación fue creciendo poco a poco hasta sumar a los delitos la financiación irregular.
Fue entonces, al ampliar los períodos electorales bajo sospecha, pues se pasó de investigar solo el 2015 a sumar también las elecciones de 2011 y, posteriormente, las de 2007, éstas últimas después de que Valencia Plaza entregara a la Fiscalía Anticorrupción más de 1.000 folios originales de la empresa que llevó la campaña de ese año y en los que quedaba al descubierto como, supuestamente, se recaudaron hasta tres millones de euros para el ‘dopaje’ electoral aunque el partido solo firmó una campaña por valor de 150.000 euros.
Para recaudar esas astronómicas cifras económicas se utilizaron presuntamente dos vías. Por un lado, el principal montante entró presuntamente vía las empresas contratistas del Consistorio y, por otro, vías las anteriormente citadas fundaciones municipales.
