Alfonso Grau, el día que fue detenido por la Guardia Civil. Foto: MARGA FERRER.Los testigos de la presunta financiación irregular del PP de la ciudad de València dejan al exvicealcalde en la cuerda floja y le señalan como la persona que mandaba sobre la campaña electoral de Rita Barberá en 2007
VALÈNCIA. El Caso Taula, conocido también como el caso del pitufeo, se apuntala día a día con las nuevas pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), unas pruebas basadas en unos informes lapidarios para los investigados, concejales y asesores del PP del ayuntamiento de València. El presunto delito electoral afecta incluso al PP nacional, pero si hay una persona que deberá dar explicaciones es que el que fuera número dos de la alcaldesa Rita Barberá, el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
La campaña de Rita Barberá o, como fue bautizado por la empresa pantalla que la financió, el proyecto azafrán, ha supuesto la última piedra en una tumba jurídica y política para los implicados, casi 50 personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores. Hay dos nombres como punta de lanza. El primero es el de la exsecretaria del PP municipal, Mari Carmen García Fuster, detenida el día que reventó la operación Taula y una de las principales imputadas en la causa.
El segundo, el de Alfonso Grau. El todopoderoso número dos de Barberá salió airoso del pitufeo pero ahora, con los papeles de la presunta financiación irregular en la mano, es una de las personas que más explicaciones deberá dar.
Respecto a la presunta financiación irregular del PP de Barberá, los testigos entrevistados por los agentes de UCO no dejan lugar a la duda: Grau era el cerebro de la campaña electoral. En el citado informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, se pueden leer declaraciones de los trabajadores y proveedores que aseguran que era Grau el encargado de controlar todo lo referente a la campaña.
Era él, Grau, la persona que siempre acudía a la empresa Laterne product Council (LPC), que presuntamente recibió el dinero de las empresas contratistas del ayuntamiento que financiaron al PP municipal las elecciones municipales del 2007. Una campaña que tuvo un coste de cerca de tres millones de euros, 20 veces más de lo contratado (150.000 euros).
Como ya publicó en exclusiva Valencia Plaza, según el principal testigo del RitaGate, el exasesor de Grau Jesús Gordillo, el entonces teniente de alcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 euros procedentes de una empresa contratista para pagar a los proveedores de la campaña. 700 billetes de 500 euros.
Pero a las declaraciones de Gordillo se unen ahora las de los exempleados de Laterne, la empresa que organizaba la campaña mientras recibía presuntamente donaciones de empresas. La mayoría de ellos hablan sobre la presencia constante de Grau en la empresa. Explican que antes de la campaña solía aparecer una vez por semana, pero que durante los días previos a las elecciones iba por la oficina varias veces a la semana. "En varias ocasiones se trasladaba a las oficinas de LPC y era la persona que daba el visto bueno a los trabajos más importantes que se realizaban", explica una de las testigos.
Según estos testigos "era muy amigo del dueño de Laterne Vicente Sáez". De hecho, tal y como ya informó este periódico, Sáez fue residente de cirugía en el servicio del hospital General en el que Grau tenía la plaza como médico. Entre las declaraciones destacan frases como "supervisaba todo" o "llegando a ir a algunos eventos".
El poder de Grau llegaba a tal extremo que, tal y como se puede leer en el sumario, no solo decía a quién había que contratar en Laterne, sino que pactaba los sueldos que debían percibir esas personas.
