Alfonso Rus, en Les Corts Valencianes. Foto: INMA CABALLERAnticorrupción pide 8 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Valencia por el supuesto amaño del servicio de atención telefónica de la corporación, que se suman a los 12 de los 'zombies'; también solicita 4 años y medio para Benavent y 13 para su exsuegro
VALÈNCIA. Una nueva pieza del caso Taula sentará en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Se trata de la segunda en menos de una semana. La jueza sustituta de Instrucción 18 ha abierto juicio oral contra él y otras siete personas por la investigación relativa al supuesto amaño del contrato del servicio de atención telefónica ('call center') de la corporación provincial en mayo de 2013, que fue a parar a la empresa Servimun. En esta ocasión, la Fiscalía le pide 8 años de cárcel, que se suman a los 12 que le solicita por las contrataciones de los llamados 'zombies' de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa (empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto). En total, 20 años en los que serán sus dos primeros juicios de la macrocausa.
Anticorrupción calcula que, en el caso del 'call center', se llegaron a desviar alrededor de 214.000 euros de dinero público para beneficio de otras personas. Así, junto a Rus irán a juicio el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent –para el que la Fiscalía pide 4 años y medio de prisión–, su exsuegro, Mariano López, y el que para el que fuera administrador de Servimun, Fernando Palomares –los cuales se enfrentan a 13 años de cárcel–. También el funcionario de la Diputación Salvador Deusa y el responsable del servicio de gestión tributaria de la corporación, Ricardo de Ángel –para los cuales Anticorrupción solicita seis años–, además de la mujer de Mariano López, Vicenta Torregrosa, y la hermana de ésta, María Concepción.
La jueza apunta a los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa dependiente de la Diputación, adjudicó el servicio de atención telefónica a Servimun, relacionada con el exsuegro de Benavent, Mariano López. Ésta percibió, de acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un total de 930.000 euros entre agosto de 2013 y enero de 2016. En opinión de la Fiscalía, López "abusó de la posición que ostentaba personal y de partido con Alfonso Rus" para "arrancarle el compromiso de adjudicarle un contrato público de gestión tributaria de servicios". Rus, sostiene, "accedió a las pretensiones de su amigo y compañero utilizando para ello Imelsa". Así, señala Anticorrupción, el expresidente de la Diputación actuó con "jefe de la organización" dirigida a usar la empresa para "distribuir el dinero público como si fuera suyo con el perjuicio que ello supone para las arcas".
Con la adjudicación, indica, se sortearon los procedimientos de contratación y se amañaron gracias a la valoración técnica de los responsables de la corporación Salvador Deusa y Ricardo de Ángel. Y, ya posteriormente, añade, se produjo una ejecución simulada del contrato, que fue "defectuoso y fracasado desde un principio".
En el año 2015, relata Anticorrupción, "pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la farsa de dicha contratación, no es renovada por los informes negativos y la comprobación de la inutilidad de dicho servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa".
La Fiscalía calcula un perjuicio económico en los fondos públicos de 870.811 euros por el desvío directo como consecuencia del contrato amañado. En el escrito apunta a que Mariano López creó la empresa Técnicas Legales Administrativas (TLA) "para hacerse con el dinero procedente de la contrata, simulando una relación contractual de dicha empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado". Considera, en este sentido, que "disfrutó del mismo sin que aparezca como titular, ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas".
El dinero que procede de Servimun, indica, lo canalizó por la sociedad pantalla TLA a través de una cuenta bancaria. En total, casi 200.000 euros de los que cree que se beneficiaron López, su mujer y la hermana de ésta. Junto a esa operativa, la Fiscalía señala que el acusado también disfrutó del dinero de la adjudicación "nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias".
En su escrito, Anticorrupción remarca que para la investigación "ha sido determinante y activa las declaraciones prestadas por Marcos Benavent, que confesó los hechos ante la Guardia Civil". Entre las personas que propone que declaren en el juicio como testigos incluye al actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y al jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, además de otros cargos de Imelsa y funcionarios de la corporación.
