La UCO realiza al menos nueve registros simultáneos, entre ellos en el Ayuntamiento de Valencia y la empresa pública Ciegsa
XÀTIVA (Fotos superiores: Eva Máñez). Agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus y a otras 23 personas en Valencia, Castellón y Alicante por amaño de contratos en administraciones públicas relacionados con el caso Imelsa. Entre los arrestados se encuentran la exconcejal del PP en Valencia María José Alcón y varios exalcaldes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia. FOTOGALERÍA
En la bautizada como operación Taula, desarrollada conjuntamente por la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también han sido arrestados el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; la exconcejal de Valencia María José Alcón; el ex vicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exalcalde de Genovés y asesor de Rus en la Diputación, Emilio Llopis; y Mari Carmen García Fuster , exsecretaria del PP de Valencia.
También han sido arrestados el exsecretario autonómico de Deporte y exdiputado en Les Corts David Serra; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco.
Ademas de los citados, este martes también han sido arrestados trece empresarios, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular), según ha informado el TSJ.
En la operación hay un total de 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Entre ellos se encuentran el portavoz del PP en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia y presidente del partido en la capital, Alfonso Novo, y uno de los asesores del grupo, Luis Salom, están investigados -antes imputados- en el caso Imelsa.
La operación se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En total se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad, concretamente 14 en domicilios particulares y 19 en sedes sociales.
Uno de los registros se ha llevado a cabo en la sede la empresa pública de la Generalitat Ciegsa, creada por el PP para construir colegios y sobre la que la Intervención de la Generalitat acaba de destapar millonarios sobrecostes. También se ha registrado la sede de la mercantil Engloba.
María José Alcón, trasladada por la Guardia Civil tras ser arrestada en su domicilio en Mislata (Marga Ferrer)Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede del Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente y la sede del Grupo Municipal del PP en Valencia.
En el registro que tiene lugar en el domicilio de Rus se ha personado el fiscal Anticorrupción Vicente Torres y varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Otra de las actuaciones se está desarrollando en una fábrica de muebles administrada por el también exalcalde de Xàtiva, el lugar en el que habría sido arrestado Rus.
La operación policial en marcha llega tras meses de investigación judicial en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia por supuestas irregularidades en la empresa de la Diputación de Valencia Impulso Económico Local (Imelsa), cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent, imputado en la causa, no se halla entre los arrestados hoy, ha precisado el TSJ.
El origen de la investigación fue una denuncia de la diputada provincial de EU Rosa Pérez Garijo, que aportó diez horas de grabaciones que implicarían a numerosos cargos políticos en una trama de corrupción a través de las contrataciones de la Diputación de Valencia.
Agentes de la Guardia Civil a las puertas de Ciegsa (Marga Ferrer)Alfonso Rus, se vio forzado a renunciar a todos sus cargos en la Diputación y el PP tras hacerse pública una de esas grabaciones en las que se escuchaba al exdirigente popular contar dinero de lo que se investiga si podría ser un soborno.
El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.
En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.
A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus -nacido en 1950- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".
El fiscal anticorrupción, Vicente Torres, esta mañana (Foto: EVA MÁÑEZ)
