Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EP). La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha vuelto a suspender el juicio de la pieza 'K' del caso Imelsa, relativa a presuntas irregularidades en adjudicaciones por parte de los Ayuntamientos de Requena y Enguera a empresas vinculadas con Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, para que las defensas puedan acceder al conjunto de declaraciones, documentales, correos y comunicaciones intervenidas a los acusados y que obran en el Juzgado de Instrucción en la pieza principal.
La petición ha sido formulada por el abogado Manolo Mata, que representa al exalcalde socialista de Enguera Óscar Martínez.
Inicialmente en esta pieza había seis procesados, pero finalmente se ha retirado la acusación sobre uno de ellos, el empresario Fernando Palomares, por cuestiones de salud. Así, los encausados son el exalcalde 'popular' de Requena Javier Berasaluce; los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV); el exsuegro de Benavent, Mariano López, y un funcionario de la Diputación de Valencia.
La Audiencia ya suspendió el pasado mes de noviembre el juicio para verificar que las defensas de los encausados que no estaban en la pieza principal no habían tenido acceso a la causa íntegra para su valoración, como demandaron en las cuestiones previas.
Así, el abogado Manolo Mata ha planteado este martes una instrucción sumaria complementaria para poder examinar la totalidad del volcado de los correos y teléfonos, así como para recabar el testimonio que efectuó el empresario Fernando Palomares en la pieza principal. El abogado del exalcalde de Enguera Santiago Arévalo (PP) también se ha adherido a esta petición para conocer los correos que afectan a su defendido.
Al respecto, Mata ha criticado que han llegado al juicio "en condiciones mínimas" porque a las defensas que no estaban en la causa principal --la D-- no se les dio traslado de toda la documentación y solo las conocen por los compañeros, lo que ha provocado "revelaciones inesperadas".
Por ello, ha argumentado que "el único remedio para poder ejercer el derecho a la defensa con garantías es la devolución a instrucción para poder conocer la causa en su integridad", ya que quiere saber si hay más correos que pudieran beneficiar a su defendido.
Del mismo modo, quiere recabar la declaración "esclarecedora" que realizó el empresario Palomares en fase de instrucción y que recoge la sentencia de la sección quinta de la Audiencia, que enjuiciaba la causa "madre" de la que deriva esta pieza. "No se trata de buenos compañeros que te pasen los correos, sino de conocer el procedimiento íntegro", ha exigido.
El fiscal se ha opuesto a la suspensión al entender que no puede alegar revelaciones inesperadas porque las acusaciones de la causa enjuiciada por la sección quinta son "totalmente distintas", justifica que un letrado no pueda tener acceso a la totalidad de la pieza D, la original, si no es parte y que en cualquier caso "no hay ningún problema" porque el resto de letrados aportaron los correos y los letrados "han tenido tiempo de estudiarlos". "Si no, no vamos a acabar nunca con las cuestiones previas", ha lamentado.
El tribunal, tras deliberar, ha dado la razón al abogado de Óscar Martínez y ha ordenado la suspensión del juicio, para el que aún no se ha fijado nueva fecha, al entender que "efectivamente" esta pieza deriva de la principal cuyo "contenido se desconoce en gran parte".
En esta pieza de Imelsa se han investigado supuestas irregularidades en contratos firmados por los Ayuntamientos de Enguera y Requena con dos empresas --Servimun y Técnicas Legales Administrativas-- entre 2013 y 2015, una de ellas, según el fiscal, gestionada "en la sombra" por López.
Fiscalía acusa a López de conseguir contratos públicos en perjuicio de la libre competencia y publicidad, lo que conllevaba una presunta desviación de fondos públicos, ya que no se realizaban los servicios firmados en el contrato.
En cuanto a Requena, se cuestiona el pago de dos facturas de 14.520 euros y de 59.518,45 euros a una de las empresas de López por unos trabajos relacionados con la inspección de deuda oculta relacionada con el ICIO y el IAE; respecto a Enguera, se cuestiona un contrato de apoyo a la actividad inspectora por 60.000 euros, aunque solo se pagó una factura de 3.000 euros. Además, otro alcalde de Enguera pagó 21.780 euros a una empresa de López por un asunto relacionado con la legalización de un camping en la localidad, servicio diferente al contratado en un inicio.
A los acusados el fiscal atribuye en diferente grado delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, un delito de negociación prohibida a los funcionarios y falsedad documental y reclama una pena de 12 años de prisión para Mariano López; cinco años de cárcel y 15 de inhabilitación para Berasaluce; seis años de prisión y otros 15 de inhabilitación para Arévalo y Martínez; y siete años de cárcel y 10 de inhabilitación para el funcionario de la Diputación. Además, solicita una indemnización de 14.500 euros para el Ayuntamiento de Requena y de 24.780 euros para el de Enguera.
