El alcalde de Valencia, Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNEREl consistorio se retira de la primera pieza de la macrocausa con apertura de juicio oral en la que la Fiscalía pide que lo indemnicen con 106.000 euros defraudados
VALÈNCIA. "Es una obligación de este Ayuntamiento estar al frente de la lucha contra la corrupción y recuperar hasta el último céntimo robado a los valencianos y a las valencianas. El consistorio actuará en defensa de sus intereses económicos y de los valencianos". Corría el año 2016 cuando Joan Ribó pronunciaba estas palabras después de que el Ayuntamiento que dirige solicitara la personación en el caso Taula, que investiga desde hace más de cinco años las llamadas 'mordidas' o comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones de la Comunitat. Pero del dicho al hecho, como bien recoge el refranero español, hay gran trecho. Ahora, el consistorio ha dirigido un escrito al juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el que comunica que se aparta de una de las piezas separadas en las que se divide la macrocausa. Con ello deja de ejercer la acusación particular y, en la práctica, de pelear por recobrar el dinero público sustraído.
Se trata, precisamente, de la primera de las investigaciones –Taula consta, por el momento, de once piezas– que será juzgada. Entre la decena de acusados figuran excargos del PP, empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de València por un presunto desvío de fondos públicos a través de la firma Thematica Events. En su auto, la juez sentaba también al Partido Popular en el banquillo como responsable civil subsidiario junto a otras empresas.
Debido a esas cantidades que se destinaron a aquello a lo que no correspondía –mayoritariamente a enriquecimiento de los principales cabecillas–, la Fiscalía Anticorrupción, al margen de las penas de prisión, solicita una indemnización de 106.728 euros para el consistorio. Algo que ahora el propio afectado no luchará para reclamar al haber salido de la causa y que entra en contradicción con lo que en su momento aseguró Ribó.
La actuación del Ayuntamiento ya fue llamativa en esta misma pieza puesto que renunció a presentar escrito de acusación y recurrió el auto de procesamiento para aportar informes con los que imputar a la exedil Mayrén Beneyto que ya estaban en la causa. Incluso llegó a señalar que el cierre de la instrucción sobre este asunto era "prematuro", lo que para la juez resultaba "sorprendente" cuando las diligencias previas se incoaron en el año 2015 y la formación de la pieza separada sobre Thematica se acordó en 2018.
Los hechos por los que la Fiscalía solicita la indemnización al Ayuntamiento son los relativos al servicio del Bibliobus, una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano. De las indagaciones llevadas a cabo se desprende la posible existencia de un concierto entre determinados miembros de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València –en manos entonces de la fallecida María José Alcón–, del administrador de la empresa Thematica, Rafael García Barat, y del exgerente de Imelsa Marcos Benavent para adjudicar contratos de manera discrecional en 2008 y 2009 a mercantiles relacionadas con el segundo (como era el caso de Liberty Iceberg).
El presupuesto real para la ejecución del Bibliobus era de 89.431 euros, por lo que se debía de haber sacado a oferta pública. Sin embargo, se fragmentó en importes inferiores a 18.000 euros, cantidad máxima para ser considerado contrato menor. Todos ellos fueron adjudicados a la misma firma con el visto bueno de dos jefas de servicio del consistorio, las cuales consideran los investigadores que tuvieron un papel preponderante en la tramitación. La Fiscalía calcula el perjuicio ocasionado al erario público en la cantidad de 53.364 euros cada año, lo que da la cifra de los 106.728 euros que pide que recupere el Ayuntamiento.
La actitud del consistorio no únicamente resulta relevante por que deje de pelear por recobrar ese dinero sustraído, sino por la constante crítica política que han efectuado sus cargos contra el PP. Especialmente en lo relativo a la pieza sobre la presunta financiación irregular del partido para las elecciones de 2007, 2011 y 2015, en la que se incluye el supuesto blanqueo de capitales de 50.000 euros en el seno del grupo 'popular'. Pieza por la que acabó investigada la exalcaldesa de València Rita Barberá y nueve de los diez concejales de la pasada legislatura, lo cual generó grandes tensiones políticas y la continua petición de responsabilidades hacia ellos.
