VALENCIA (EFE). La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá se mantuvo ajena a diversas causas judiciales por corrupción como Nóos, Gürtel, Emarsa, o el conocido como caso 'Ritaleaks, archivado el pasado verano por la Fiscalía del Supremo, aunque finalmente fue imputada por supuesto blanqueo en la última de sus campañas electorales, cuando perdió la alcaldía.
Este caso propició su salida del PP el pasado septiembre, a petición del partido, y su citación como investigada en octubre.
La investigación está relacionada con ingresos de más de 200.0000 euros detectados en cuentas del PP de Valencia y con donaciones de mil euros efectuadas por concejales y la propia Barberá -tal y como reconoció en su declaración el pasado lunes- que supuestamente se les devolvió en dos billetes de 500 de procedencia ilícita.
Tras el fallecimiento de Barberá, cualquier responsabilidad penal queda extinguida, y la causa abierta contra ella en el alto tribunal deberá ser archivada.
Su nombre empezó a aparecer en las páginas de tribunales a mediados de 2009, poco después que del de Francisco Camps, entonces president de la Generalitat, como supuesta receptora de regalos por parte de los considerados cabecillas de la trama Gürtel, aunque nunca llegó a estar procesada.
El actual alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), denunció a su predecesora en el cargo ante la Fiscalía del TSJCV para que se investigasen estos supuestos regalos recibidos por Barberá, alegando que el consistorio había contratado con empresas investigadas con la supuesta financiación irregular del PP.
En una de las sesiones del conocido como juicio de los trajes -enero de 2012-, el primero de la trama Gürtel que se celebró, se reprodujo en la sala una conversación telefónica sobre la alcaldesa entre el gerente de la firma de la trama Orange Market, Cándido Herrero, y el representante de la empresa en Valencia, Álvaro Pérez "el Bigotes" en la que supuestamente hablaban de comprar un regalo de Louis Vuitton a Barberá.
En febrero de 2013 la denuncia presentada por Compromís fue archivada por la Fiscalía.
Otro de los frentes judiciales en los que se vio implicada la exalcaldesa fue el caso Nóos, en el que fue señalada por el juez instructor, José Castro, y por el PSPV como responsable de haber colaborado directamente con Iñaki Urdangarín para la organización de los Valencia Summit, aunque la Fiscalía no vio indicios de delito ni en su actuación ni en la de Camps.
En esta causa se investigó el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que Administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar tres cumbres Valencia Summit de 2004 a 2006 y elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que nunca se celebraron.
Finalmente, en septiembre de 2013 el TSJCV rechazó la instrucción de Nóos en lo relativo a Barberá y Camps, al no constar su participación directa y voluntaria y, por tanto, faltar "suficientes indicios incriminatorios respecto de su participación".
El tercero de los casos en los que Barberá fue señalada como responsable por la oposición fue el supuesto saqueo de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), en cuyos organismos de gestión el Ayuntamiento de Valencia tenía la mayor representación.
La entonces diputada de Compromís Mónica Oltra -actual vicepresidenta del Consell- la señaló en marzo de 2012 como responsable política en un pleno de Les Corts, y ambas mantuvieron un encontronazo dialéctico en el hemiciclo.
Al igual que sucedió con los casos anteriores, al cierre de la instrucción del caso Emarsa (en 2014, aunque posteriormente dicha instrucción fue ampliada), el nombre de Rita Barberá no figuró en la lista de imputados, y ella reclamó a quienes la habían responsabilizado que le pidieran perdón públicamente.
La penúltima acusación también provino de las filas de Compromís antes de la última campaña electoral de Barberá, la de mayo de 2015, cuando ese partido denunció gastos de alcaldía de los años 2011 a 2014 supuestamente irregulares.
Este caso, publicitado como 'Ritaleaks' por la coalición liderada por Ribó en el Ayuntamiento de Valencia, motivó la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, pero finalmente fue desestimado por la Fiscalía del Supremo, donde fue remitido tras la designación de Barberá como senadora territorial.
No obstante, fue la misma Fiscalía del Supremo la que consideró el pasado mes de julio que debía designarse un juez instructor para investigarla por un supuesto delito de blanqueo, cometido en el seno del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa.
Sus adversarios políticos en Valencia la seguían señalando como responsable política en estos macroprocesos, alguno de ellos pendientes de juicio o sentencia, y también en otros que se encuentran en fase de investigación, como las supuestas irregularidades cometidas en la ampliación de Feria Valencia, de cuyo patronato Barberá ostentó la presidencia.
