Imagen de los acusados durante el juicio. EFE/Biel AliñoVALÈNCIA. La primera jornada del juicio relativo a la pieza K del caso Taula ha arrancado este jueves en la Audiencia de Valencia con las cuestiones previas y la suspensión de las sesiones hasta los días 2, 3, 4 y 5 de abril para incorporar todo el volcado en bruto de la documentación relacionada con la causa. En ella se incluyen correos, comunicaciones y conversaciones recogidas en dispositivos electrónicos que se encuentran en el juzgado de instrucción pero no en esta pieza. Se trata de unos dos terabytes a los que tuvo acceso la Guardia Civil para elaborar los informes que han sustentado la acusación, pero fue apartada de la documentación obrante.
El tribunal así lo ha decidido tras la petición de algunas defensas de los acusados. La presidenta de la Sala ha expuesto a las partes que "la falta de volcado de la integridad de las conversaciones o mensajes se suele limitar para no incluir contenidos privados, pero no obstante se considera pertinente su aportación".
Esta parte de la investigación dentro de la macrocausa de Taula se ha basado en supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados. En el banquillo se sientan los exalcaldes de ambas localidades Javier Berasaluce (PPCV), Santiago Arévalo (PPCV) y Óscar Martínez (PSPV). También Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent –quien fuera gerente de la empresa pública Imelsa y uno de los principales investigados en el caso Taula– y el funcionario de la Diputación de Valencia Ricardo Ángel.
La pieza se ha centrado en los contratos de los ayuntamientos de Requena y Enguera con las sociedades Servimun y Técnicas Legales Administrativas. El juez de instrucción sostuvo que, con consciente intención, los acusados desvirtuaron procesos de adjudicación de servicios en ambos consistorios para evitar la concurrencia real de empresas y favorecer a las citadas sociedades. Los procesos se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad y, de acuerdo con el magistrado, manipularon las condiciones de concurrencia.
La investigación consideró que nunca se acreditó la motivación técnica de la elección de las empresas y que éstas no prestaron los servicios. Sin embargo, una reciente sentencia del caso Taula en la que también figuraba Servimun concluyó que sí se efectuó los trabajos, lo que posiblemente condicione este juicio.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su escrito de acusación provisional ocho años de cárcel para Berasaluce; seis para Arévalo y Martínez; y once para López y Palomares. Así, sostuvo que los dos últimos se sirvieron de las sociedades Servimun y Técnicas Legales Administrativas "para sus intereses defraudatorios".
Durante las cuestiones previas, algunos letrados como el de Óscar Martínez (el exnúmero dos del PSPV Manolo Mata) han planteado la nulidad de las actuaciones porque, en su opinión, se ha vulnerado el derecho a un juicio con todas las garantías, el derecho a la intimidad y al secreto comunicaciones y se han superado los plazos de instrucción, entre otros motivos.
También lo ha hecho el de Mariano López (David González Wonham), quien ha destacado que no han sido capaces "de acceder a toda la enorme documentación", que ha habido falta de garantías procesales y que es una "cuestión absoluta prospectiva". De este modo, ha hecho hincapié en que la sentencia del 'call center' que absuelve a su cliente de todos los delitos recoge que no existe "una sola prueba" de aquello de lo que se le acusa.
Manolo Mata ha incidido especialmente en la criba realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos porque, ha dicho, sólo selecciona aquellos que perjudican a su patrocinado pero no otros. En este punto le ha rebatido el fiscal Anticorrupción, quien ha señalado que no existe indefensión alguna de los acusados. "La UCO tiene una teoría y aporta los correos que la corroboran, pero también los que pueden beneficiar a las defensas para que tengan la opción de contradecir esas tesis", ha afirmado.
El letrado también ha sostenido que se ha vulnerado principio del juez natural. En este sentido, ha realizado una retrospectiva del recorrido de la causa. La pieza K que se juzga ahora y que es la relativa a los contratos de Requena y Enguera, se inicia en otra pieza, la D, versada sobre las presuntas irregularidades en un servicio de atención telefónica de la Diputación de Valencia –cuyos hechos no se han considerado delictivos por sentencia–.
En aquel momento, ha relatado Mata, la Fiscalía elaboró un informe en febrero de 2020 donde hablaba de políticas corruptas y decía que la empresa Servimun no había hecho nada, por lo que proponía práctica de prueba. El juzgado de Instrucción número 18 no respondió y lo mandó a reparto. Recayó en Instrucción 5 en enero de 2021, que incoó diligencias y entendió que quien tenía que tramitar estas causas eran los juzgados de Requena y Xátiva.
La Fiscalía lo recurrió en reforma para decir que no tenía que ir allí, sino al juzgado de Instrucción 18 de Valencia. A la vista de ello, Instrucción 5 dictó un auto en enero de 2021 admitiendo el recurso de reforma y mandó la causa a Instrucción 18. "Aquí, y ya con una jueza distinta al titular que siempre le hace caso a la Fiscalía, abrió la pieza K. Esa vulneración es grosera. Se hurtaron la competencias a los juzgados porque la Fiscalía eligió el juzgado y la juez que quiso que tramitara este procedimiento", ha expuesto.
Anticorrupción le ha respondido. Bajo su punto de vista, no existe tal vulneración porque "salvo que un juez quiera apropiarse por intereses personales de una causa, no se puede hablar de ello". Cosa que aquí no se ha producido.
Las defensas de los acusados han pedido igualmente a la sala que los investigados declaren al final del juicio (tras los testigos y peritos), y que se puedan ausentar en las vistas en las que no tengan que intervenir. La Sala ha aceptado ambas cuestiones.
