Panorámica de las explanadas de los muelles 7 y 9 en las que se construirá el centro de congresos de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El arranque de las obras del centro de congresos de Alicante se hará esperar todavía durante un plazo mínimo de diez meses más. Ese es, cuando menos, el plazo estimado por fuentes del Puerto para que pueda completarse la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) que resulta necesaria para encajar la construcción del edificio congresual y del centro operativo de Suma entre las explanadas de los muelles 7 y 9 en la ordenación urbanística del recinto portuario.
Ese plazo queda sujeto, además, al momento en el que la Diputación haga entrega efectiva del anteproyecto seleccionado sobre su diseño en el concurso internacional de propuestas convocado en abril de 2023. Se trata de la alternativa presentada por los gabinetes de arquitectura Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec bajo el lema 'San Carlos' por la que se plantea un complejo basado en el concepto de un castillo con dos inmuebles -uno para el centro de congresos y otro para las oficinas de Suma- unidos a través de un plataforma multifuncional a modo de puente que, en principio, albergaría el aparcamiento.
Todo parece indicar que la confirmación de esa alternativa como propuesta ganadora quedará ratificada en el pleno ordinario de junio, después de que el acuerdo no pudiese elevarse a la consideración de la corporación en la sesión correspondiente al mes de mayo, como estaba previsto inicialmente. A partir de ahí, cobrará oficialidad y permitirá que pueda acordarse la contratación de la redacción del proyecto de ejecución definitivo (junto a la dirección de obra) a los estudios ganadores a través de un procedimiento negociado sin publicidad, como establecen las bases del concurso.
Y, aunque se trate de un formalismo administrativo, el acuerdo de ratificación plenaria cobra relevancia en la medida en que será el que permitirá que la Autoridad Portuaria conozca de forma documental cuáles son las dimensiones de los edificios propuestos para poder incorporar sus volúmenes a la revisión del PEPA. Salvo modificación o ajuste posterior, el anteproyecto ganador prevé que el edificio del centro de congresos alcance los 26 metros de altura, mientras que la torre para las oficinas de Suma llegaría a los 50, según precisaron fuentes del departamento de Arquitectura de la institución provincial cuando se conoció el fallo del jurado de expertos.
El detalle de esos parámetros permitirá que los técnicos de la Autoridad Portuaria promuevan la adaptación del PEPA y que lo eleven a aprobación a la Generalitat, a través de la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, como administración competente para darle validez. Ese recorrido es el que requiere de un tiempo aproximado de entre diez meses y un año, en función de los plazos en los que se han resuelto modificaciones precedentes.
La aprobación por parte de la Generalitat se sumaría a la ratificación de los cambios introducidos, también, en las Determinaciones de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) aprobados por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en febrero de 2023, con la previsión de que Puertos del Estado pueda ratificar ese acuerdo de forma inminente.
En todo caso, la revisión del PEPA se solapará con los tiempos previstos para la redacción de proyecto de ejecución definitivo, para lo que las bases del concurso establecen un plazo de seis meses a contar desde la firma del contrato de adjudicación del encargo. Todo, salvo que se registre algún tipo de contratiempo inesperado que pueda demorar la eficacia de ese acuerdo, como una hipotética impugnación sobre la selección del anteproyecto ganador.
Con ese calendario oficioso, todo parece indicar que, como pronto, la contratación de las obras del centro de congresos no podría producirse hasta mediados de 2025, de modo que el inicio de los trabajos de construcción propiamente dichos quedaría postergado previsiblemente hasta el último trimestre de ese mismo año.
Ese margen permitiría que el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y, en menor medida, también la Diputación -tres administraciones implicadas de forma directa hasta ahora en el proyecto- puedan perfilar la reorganización de los accesos y la planificación de adaptaciones en los sistemas de transporte público que puedan facilitar el desplazamiento hasta los dos futuros edificios.
