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Colegios profesionales ¿Protección o barrera?

La retirada del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha dado un respiro a las organizaciones colegiales. Pero las recomendaciones de la UE, de la OCDE y el FMI cuestionan su existencia. Un abogado y un economista abordan el debate de la colegiación

29/09/2015 - 

VALENCIA. Los aires liberalizadores de Bruselas los tienen en su punto de mira. Entre sus recetas para equilibrar la balanza de los países miembros, la Comisión Europea urgía en mayo a España a liberalizar sus colegios profesionales en aras de la libre competencia y la unidad de mercado, al nivel de prioridades de calado como la reducción del déficit, los desafíos del mercado laboral y la reforma bancaria. Esa llamada de atención llegaba en forma de recomendaciones un mes después de la retirada del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, con el que el Gobierno de Rajoy pretendía limitar la colegiación obligatoria a 38 profesiones, frente a las 80 actuales reguladas, y armonizar las cuotas colegiales.

los órganos colegiales constituyen hoy una buena parte del trabajo más cualificado en nuestro país

Herederos de los antiguos gremios medievales, aquellos que con cuños y emblemas aseguraban las buenas prácticas del oficio en el traspaso endogámico de padres a hijos, los órganos colegiales constituyen hoy una buena parte del trabajo más cualificado en nuestro país. Sus afiliados, muchos de ellos con formación universitaria y puestos de responsabilidad y relevancia en la toma de decisiones en el ámbito del derecho, la medicina, la técnica o la economía, representan el 9% del PIB, el 6% del empleo y el 45% del empleo universitario.

Tocar ese brazo económico y social desde el Estado resulta una tarea delicada, sobre todo si es época electoral. Los profesionales colegiados, un colectivo de nivel adquisitivo medio o medio-alto, encarnan el estrato de votantes concienciados con voz en tribunas y foros públicos. Una realidad que complica al Gobierno el equilibrio entre dos bazas, la de la línea trazada por la directiva europea Bolkenstein, y la de los entes colegiales, cuando en apariencia no se quiere enfadar a ninguna de las partes.

La marcha atrás del anteproyecto de ley no ha sido una victoria de los colegios, observa Rafael Bonmatí, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). "El gobierno no se ha echado atrás por nuestra capacidad de persuasión. Es año electoral y no quieren pisar callos. Alguien ha podido pensar que se metía en un jardín cuando muchos le decían que ésa no era la dirección correcta".

(El resto del reportaje en el número 11 de la revista Plaza, ya a la venta).

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