VALÈNCIA. La expectación que había generado la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Compromís que contenía exigencias al Gobierno central en materia de financiación y que había generado discordia y división con su socio en el Consell, el PSPV, ha durado poco. Apenas dos semanas. Exactamente lo que han tardado los valencianistas en pactar un texto de sustitución alternativo al original con los socialistas que fuera menos incómodo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El pasado 4 de septiembre, el grupo parlamentario que lidera Fran Ferri marcó un perfil propio y aparentemente inflexible ante la falta de ingresos que no llegaban del Ministerio de Hacienda y que apuntaban a tener como consecuencia inminente, según se dio a entender, un recorte presupuestario en la recta final del presente ejercicio en las consellerias del Botànic II.
Compromís presentó una PNL en solitario en la que reflejaron tres exigencias claras relativas a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), entregas a cuenta y la reforma del modelo de financiación. Un texto que logró el respaldo de Ciudadanos, Unides Podem y el PPCV -quedaban fuera PSPV y Vox-, y cuyo contenido cambió de forma significativa cuando llegó al debate en Les Corts este jueves tras la sesión de control.
Los adjetivos que implicaban obligatoriedad para el Gobierno de Sánchez en el primer punto del texto desaparecieron del mapa y la iniciativa, en este caso, iba firmada por todos los partidos que integran el Consell.
Así, el primer escrito registrado en solitario por la coalición valencianista pedía la reunión "con carácter de urgencia del CPFF para buscar soluciones colegiadas a los problemas de financiación de las comunidades autónomas y garantizar la suficiencia financiera de la Generalitat".
El nuevo contenido, pactado entre PSPV, Compromís y Unides Podem, ya no pedía que se produjera este encuentro, sino que simplemente insta a que la convocatoria de este Consejo se produzca "como mínimo, dos veces al año". Es decir, recuerda algo que ya está contemplado en el artículo 6.3 del propio reglamento del CPFF.
El nuevo redactado también solicita que se cambie "la composición para reducir el peso del Gobierno central en las decisiones del órgano". Cabe apuntar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por las ministras de Hacienda y de Administraciones Públicas y por los consejeros de Hacienda de cada autonomía. En las votaciones, el representante del Gobierno tiene el mismo número de votos que poseen las comunidades autónomas. Es decir, su peso en estas decisiones es del 50%, por lo que la pretensión es que su voto valga menos que la suma del resto de sufragios de los portavoces de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, cabe señalar que la competencia para reformar el reglamento del CPFF es propia del Consejo y no del Gobierno central, que es al que va dirigida la PNL.
La esencia del segundo punto se ha mantenido, pero se han introducido cambios que justifican por qué no se ha descafeinado el nivel de exigencia como con el punto anterior. En lugar de instar al Consell a que pida al Gobierno central que articule "de manera inmediata los mecanismos para transferir a las comunidades autónomas los recursos retenidos por el Ministerio de Hacienda", se reclama al ministerio que articule esos mecanismos de manera inmediata.
Esto es porque El País publicó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -tras la confirmación de la convocatoria electoral del 10N- había hallado un resquicio legal para desbloquear los 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas para aliviar la asfixia financiera. Desde el Ministerio respondieron que Montero esperaba poder pagar a las CCAA "cuanto antes", sin confirmar la información. En definitiva, el nuevo texto de la PNL no hace más que solicitar al Ejecutivo que acometa algo que el Gobierno ya ha anunciado que hará, aunque sigue sin concretar la fecha.
