Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado este martes la ampliación hasta febrero de 2025, en lugar del próximo 2 de diciembre, de la entrada en vigor del decreto de las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda, aprobado por el anterior gobierno del Botànic. El objetivo es que los sectores afectados puedan llevar a término las adaptaciones necesarias para la correcta aplicación de las normas.
Se trata de la modificación de la disposición final segunda del Decreto 80/2023, del 26 de mayo, sobre las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda con el objetivo de ampliar el plazo de su entrada en vigor, que ahora se establece para el 2 de febrero de 2025.
Inicialmente, el decreto, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) - el 2 de junio de 2023, establecía su puesta en marcha a los seis meses; es decir, próximo el 2 de diciembre.
Sin embargo, dada la situación actual que dificulta las adaptaciones necesarias a la aplicación de las normas, el pasado 10 de octubre, el pleno del Consell aprobó el inicio del trámite de urgencia para modificar su entrada en vigor, explica la administración autonómica.
La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda considera necesario ampliar el plazo de entrada en vigor para que los sectores profesionales afectados puedan llevar a cabo las adaptaciones necesarias para su correcta aplicación o, en su caso, la administración adopte las medidas correctivas o modificaciones que estime oportunas.
En esta ampliación de plazo se ha tenido en cuenta la envergadura del objeto de la norma aprobada, las nuevas obligaciones constructivas y su impacto en los proyectos de edificación de vivienda, tanto de carácter público como privado.
Todo ello teniendo en cuenta el entorno geopolítico actual, la tendencia inflacionista de los precios situada, así como las dificultades coyunturales del sector como consecuencia del incremento de los precios de construcción.
El compromiso del Consell en materia de vivienda, calidad e innovación en la edificación pasa por abordar una adecuación de la "dispersa" legislación, con más de 30 normas, que dé respuesta al actual contexto socioeconómico y que garantice la puesta en marcha de viviendas de protección pública que atienda la demanda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
