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Correa y el Bigotes, también condenados por la trama valenciana del caso Gürtel

Costa, condenado a 4 años de prisión y Rambla absuelto, por la financiación ilegal del PPCV

Foto FERNANDO ALVARADO/EFE
11/06/2018 - 

VALÈNCIA. (EP). El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 4 años de prisión al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.

El juez José María Vázquez Honrubia también condena a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa a 5 años y tres meses de prisión; Pablo Crespo a 5 años de cárcel; y a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares'. Estas penas se acumulan a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur y por la primera época de la trama Gürtel –en esta última 'El Bigotes' resultó absuelto–.

[DOC] Cuadro resumen con las penas de todos los condenados

El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano, cuando lo presidía Francisco Camps. El auto señala que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante las campañas electorales de 2007 y 2008 que "fue delictiva".

En la sentencia del juicio a la rama valenciana de Gürtel, el juez expone que el PP de la Comunitat Valenciana financió parte de las citadas campañas, organizadas por la trama Gürtel, con dinero en "B" y facturas falsas pagadas por empresarios, quienes confesaron en la vista oral que pagaron algo más de 1,2 millones para financiar a la formación regional.

Dice el juez que para organizar las campañas de 2007 y 2008, el PP valenciano contrató a la mercantil del Grupo Correa llamada Orange Market y que para desarrollar sendas campañas los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios. 

El magistrado José María Vázquez Honrrubia considera probado en su resolución que la formación popular valenciana, liderada entonces por el expresidente valenciano Francisco Camps, contrató con Orange Market, la empresa del cabecilla de la red, Francisco Correa, servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Se refiere con estos terceros a los nueve empresarios que confesaron durante la vista oral celebrada entre los meses de enero hasta mayo, que habían financiado de manera irregular al PP valenciano. De hecho, la resolución distingue tres grupos: el relativo a estos empresarios, el que integraron los miembros del 'Grupo Correa' y los miembros del grupo político', entre los que se encontraban el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

"La declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV, tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", reza la resolución. Su interrogatorio marcó el rumbo de la vista oral al señalar directamente a Camps y a el expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino como los dirigentes que encargaron financiar con dinero negro las campañas de esos años.

 

La participación de Rambla

No obstante, Vázquez Honrubia considera que la declaración de Costa es de "notable credibilidad y fiabilidad subjetiva" pero le condena a cuatro años de prisión; mientras que a Rambla --persona sobre la que centró gran parte de su confesión-- ha resultado absuelto porque "no hay vestigio alguno de intervención" en el "sistema de ideación o preparación" de la 'caja B' del PPCV. Eso sí, el juez subraya del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana que aunque es "posible la comisión del delito" por su parte, existe una "probabilidad razonable de que no lo hiciera".

Todos los acusados en este procedimiento por las piezas 1, 2 y 6 de la rama valenciana del caso Gürtel han sido condenados a una pena menor solicitada por los fiscales Myriam Sabadell y Carlos Alba, como es el en caso de Francisco Correa que solicitaba finalmente siete años y tres meses de prisión; o cuatro años y tres meses para Costa tras las confesiones que hicieron durante sus declaraciones en el juicio. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público sí consideraron que Rambla participó en esta trama corrupta y pedía para él seis años y tres meses de cárcel.

Antes de que comenzase la vista oral, nueves empresarios reconocieron ante Anticorrupción que habían pagado de forma irregular parte de las facturas de estos actos electorales, por lo que la Fiscalía ya solicitó que fuesen condenados entre 15 y 21 meses, sustituyendo la prisión por una multa. Finalmente el juez Vázquez Honrubia atiende a esta solicitud y condena a Enrique Ortiz, Alejandro Pons, José Antonio Francisco Beviá, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino a lo interesado por los fiscales para cada uno de ellos.

Los empresarios que confesaron esquivan la cárcel

La Audiencia Nacional ha sustituido las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados en el caso Gürtel, incluido Vicente Cotino, que confesaron haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008.

El juez del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, sostiene que, al financiar ilegalmente al PP, esos empresarios se colocaban "en situación privilegiada" respecto a sus competidores, por no decir "monopolística, en contratos futuros".

"En síntesis, se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos", expone el juez.

La sentencia subraya el daño que esta práctica genera a los intereses generales, pero también a los de los empresarios particulares que no participan en la financiación irregular y que, según deduce el juez, "tendrán enormes dificultades para conseguir obras y servicios públicos o serán excluidos de ellos".

La sentencia impone a los empresarios penas que llegan hasta el año y nueve meses de cárcel, pero en todos los casos los sustituye por multas que se elevan hasta los 154.500 euros.

Uno de los empresarios procesados, José Enrique Fresquet, ha sido absuelto al haberse retirado la acusación.

El magistrado les aplica a todos ellos la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos.

Las cantidades ingresadas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros.

Uno de los afectados es Vicente Cotino, sobrino del ex director general de la Policía, exvicepresidente valenciano y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, condenado a quince meses de prisión por un delito electoral y otro de falsedad documental, penas sustituidas por multas de 109.500 euros.

Vicente Cotino está implicado también en el caso Erial, que recientemente llevó a su detención (y posterior puesta en libertad) por supuestos delitos de corrupción en la época en la que Eduardo Zaplana era president de la Generalitat.

A la misma pena y misma multa que a Cotino se condena a Enrique Ortiz (imputado en el caso Brugal) y José Francisco Beviá, ambos del Grupo Ortiz e Hijos.

En el caso de Antonio y Alejandro Pons (de Piaf SL); Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón) y Gabriel Alberto Batalla (de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL) los condena a 21 meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. En su caso, la multa asciende a 154.500 euros.

Rafael y Tomas Martínez Berna, (del Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA) tendrán que pagar 132.000 euros como multa sustitutoria de la condena a 18 meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad documental.

Campañas al margen de la ley

En lo que respecta a las campañas juzgadas, la sentencia concluye que la formación no tuvo en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral que prevé la Ley y por ello recurrieron a estos empresarios valencianos, los cuales no podían hacer donaciones al PP porque tenían contratos con el gobierno presidido durante esos años por Camps.

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market por la organización de actos para las campañas de 2007 y 2008, entre ellos el mitin que ofreció el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la plaza de Toros de Valencia en 2008. Sin embargo, el magistrado José María Vázquez Honrrubia señala en su resolución que "fue muy superior" el servicio que encargó y recibió de Orange Market.

En concreto, determina que 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por la red de Correa y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.

Se trata de la segunda sentencia a la Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, en la que también ha resultado condenado a 5 años de prisión el número dos de la red y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo.

En los tres casos, el juez ha apreciado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión en virtud de las revelaciones realizadas en el juicio, cuando confirmaron la existencia de un sistema de financiación irregular en el PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.

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