Mariano Rajoy e Isabel Bonig en el congreso regional de 2017. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Este lunes se cumple un año del cierre del Congreso Regional del PPCV en el que salió elegida con respaldo abrumador Isabel Bonig, que en aquel momento ostentaba el cargo de forma interina tras haber sido designada por la dirección nacional del partido después de la marcha de Alberto Fabra.
El primer año de la líder de los populares valencianos ha sido duro. Los esfuerzos de la dirigente se han concentrado en consolidar su figura en el ámbito orgánico frente a la siempre desconfiada Génova y fijar un estilo de oposición al Consell del Botànic que, a día de hoy, no está siendo rentable según las encuestas.
La presidenta regional, que había empezado la legislatura con un tono notablemente reivindicativo frente a Madrid incluso cuestionando los presupuestos de Mariano Rajoy, recalibró su posición consciente de su fragilidad en el ámbito nacional. Así, Bonig se ha convertido en este tiempo en una firme defensora de los postulados que llegan desde la sala de máquinas de Génova y, con ello, se ha garantizado el camino allanado para ser candidata a la Generalitat.
Ahora bien, esto no ha implicado un respaldo orgánico ciego desde la capital. Una de las espinas clavadas para la líder regional recién estrenado su mandato fue la imposibilidad de celebrar el congreso provincial del PP de Valencia en el que aspiraba a situar a la portavoz de la Diputación, Mari Carmen Contelles, en el lugar del hasta entonces presidente, Vicente Betoret. Madrid intervino hasta forzar una gestora que vino precedida de fuertes tensiones internas, dejando al frente de la formación una dirección provisional que se mantendrá hasta más allá de 2019. Una situación de interinidad -que bloquea también los procesos locales y comarcales- que evidencia el tutelaje al que Bonig se encuentra sometida en el plano orgánico.
Al margen de estas cuestiones internas, Bonig ha sufrido también los problemas arrastrados del pasado popular. Los procesos judiciales por posibles casos de corrupción de anteriores gobiernos se agolpan en los tribunales y, en los últimos meses, han saltado de nuevo a la escena nacional con jornadas negras como la declaración de Ricardo Costa respecto al caso de presunta financiación ilegal del partido.
En esta línea, la presidenta regional se ha visto obligada también a ceder a los tiempos que Génova ha decidido manejar. Un ejemplo de ello es la situación de València capital, donde la dirección nacional ha congelado la posible expulsión de los concejales investigados hasta que se avance en decisiones judiciales. Una vía no deseada por Bonig, quien ya había exigido el acta a los ediles y pedido amparo a Génova para que actuara en este asunto. La respuesta fue el silencio.
Precisamente sobre el Cap i Casal la presidenta regional tampoco pisa terreno firme. Desde Madrid se ha anunciado que se decidirá el candidato en la capital antes de verano y, si bien se asegura que será una decisión consensuada con Bonig, existen dudas razonables sobre el peso que tendrá la líder en la elección del cabeza de cartel.
En cuanto a la labor de oposición, Bonig y los suyos no han visto que las encuestas muestren apenas recuperación en este último año. Algunos de sus momentos más complicados se vivieron a raíz de la manifestación del 18-N para reclamar una financiación justa, siendo el único partido del arco parlamentario que no se sumó a la protesta pese a estar de acuerdo con el mensaje. Todo ello derivó en una pelea con la patronal y una propuesta por parte de Bonig para replantear las ayudas a las fuerzas sindicales y empresariales.
Por otro lado, el ascenso de Ciudadanos preocupa -y mucho- a los populares en la Comunitat, que han decidido acometer un duro contraataque basado en las denuncias al Consell del Botànic. A falta de saber, vía sondeos, cuánto rédito pueden obtener de esta maniobra, lo cierto es que las sensaciones han mejorado dentro del PPCV merced a las denuncias sobre posibles fraccionamientos de contratos en la conselleria que lidera Mónica Oltra, así como en otros departamentos como el Ayuntamiento de València o la Diputación. En los últimos días, el caso investigado sobre la posible financiación irregular de campañas electorales del PSPV y Bloc parecen haber proporcionado oxígeno a Bonig, que apunta a continuar con esta estrategia de daño directo a los rivales del Botànic.
Un plan de ataque que se justifica en la absoluta necesidad de la líder valenciana por ofrendar, si no la recuperación de la Generalitat, una mejora que aleje cualquier duda sobre su continuidad al frente del PPCV si no se consigue el objetivo marcado de recuperar el poder en las instituciones.
