El Defensor del Pueblo entrega a la Conferencia Española de Religiosos su informe sobre los abusos

VALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes al presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos'.

En el encuentro, que se ha celebrado en la sede de la CONFER, también han estado presentes el secretario general, Jesús Miguel Zamora; la coordinadora general, Silvia Rozas; la coordinadora de Regionales y Diocesanas, Margarita Bordallo, y la administradora, María Rubio. Además, por medio de una conexión online los superiores mayores de las congregaciones también han podido seguir el acto. En total se han conectado 146 personas.

El pasado 27 de octubre Ángel Gabilondo entregó el informe a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Defensor se desplazó al Palacio de la Moncloa para hacérselo llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, dio cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados, tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022 que establecía que el informe debía ser entregado a las Cortes Generales y al Gobierno de España.

La Conferencia Española de Religiosos está formada por Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica. En la actualidad, pertenecen a la CONFER 4.160 comunidades religiosas, 511 superiores mayores y delegados, 137 generales, 208 provinciales, 37 abades, 129 delegados de superiores mayores no residentes en España y 34 delegados con tres o más casas.

Ángel Gabilondo también se desplazó el pasado 8 de noviembre a la sede de la Conferencia Episcopal Española para entregar el informe a su presidente, el cardenal Juan José Omella.

El Informe del Defensor del Pueblo, que cuenta con 777 páginas, revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo.

Además, el documento apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema".

En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.