Detección, prevención y protección al denunciante: retos de las administraciones contra la corrupción  

VALÈNCIA. Los retos de la administración local en la lucha contra la corrupción centraron el desayuno organizado el pasado viernes en el hotel SH Valencia Palace por Valencia Plaza en colaboración con el Ayuntamiento de València y la Agencia Antifraude. La detección de este tipo de conductas, la prevención y la protección real de la persona denunciante fueron tres de los objetivos marcados durante el evento. 

La teniente de alcalde y concejala delegada de Transparencia y Gobierno Abierto del consistorio, Elisa Valía, remarcó que las administraciones públicas han de ser facilitadoras de que el control pueda ejercerse por parte de la ciudadanía y por organismos independientes a los que dirigirse. En su opinión, a lo largo de los últimos años se ha producido un "cambio cualitativo" en la percepción sobre la corrupción que responde a un cambio de cultura y que tiene como resultado que ya no haya "tanta tolerancia". 

En el caso del Ayuntamiento de València, detalló que se ha realizado un reglamento muy avanzado sobre transparencia y que ya tienen habilitado un buzón para denuncias externas anónimo. El propósito que tienen marcado para 2022, indicó, es "prevenir conductas personales que puedan derivar en fraude o corrupción" en el seno del consistorio y delimitar y definir el plan de integridad. 

Valía hizo hincapié en la necesidad de normalizar el trabajo de la Agencia Antifraude para "legitimar los organismos que tienen que vigilar" y porque "no hay que tener miedo al control". "Hay que naturalizar la apertura de expedientes, que nos pidan documentación no quiere decir que todo eso acabe en sanción", comentó.  

Sobre causas judiciales como Taula o Azud, que afectan al consistorio, señaló que con el marco actual ve "imposible" que se repitieran porque existe mucha mayor vigilancia. En este sentido, incidió en la importancia de mecanismos que protejan a los denunciantes de posibles prácticas corruptas para que "lo hagan con todas las garantías", puesto que en muchas ocasiones a los funcionarios no se les ha protegido lo suficiente.

Por su parte, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, expuso que la desconfianza en las instituciones que deberían de perseguir la corrupción y la falta de cauces para denunciar son dos de los problemas con los que se encuentra quien quiere alertar sobre este tipo de actuaciones. 

Y habló especialmente de la transposición de la directiva europea sobre protección del denunciante puesto que en España todavía no se ha tramitado una regulación al respecto. "El Estado no ha hecho los deberes. Nos dicen que está en camino un proyecto de ley, pero quedan pocos días para la entrada en vigor de la directiva y no vamos a llegar al plazo", apuntó.

Llinares puso en valor la importancia de la Agencia en situaciones como la "detección y prevención temprana de comportamientos que suelen empezar por cuestiones mínimas, pero que si no se atajan acaban en lo peor". "2022 debería ser el año en el que los planes de integridad se normalizaran en el ámbito de las administraciones públicas, que se concretaran en planes antifraude en cada una de ellas. Necesitamos que haya instituciones robustas y fuertes. En este momento hay derechos ignorados pese a la puesta en marcha de las directivas europeas", señaló. 

El director de Antifraude mencionó como otro de los retos la concienciación social. "La lucha contra la corrupción ha de ser un objetivo y un reto de todos, sin ideologías. Cuando una parte del presupuesto público se va a la corrupción lo perdemos todos", destacó.

Concurrencia pública 

Una de las cuestiones que ve muy mejorable son las formas de adjudicación de contratos que eluden la concurrencia pública, "donde se cuelan los contratos de urgencia por no haber planificación". "Eliminar la concurrencia supone que haya empresas que van bien económicamente que no puedan obtener contratos porque otras van gestionándolos por los pasillos políticos. Con eso se desincentiva una economía fuerte para crear una economía de pillos", afirmó. 

En su opinión, corrupción "no es sólo lo que se juzga en las salas de lo penal de los juzgados" y "un político corrupto, sin la colaboración técnica de los funcionarios, no sigue adelante". "Pensar que desaparece la corrupción porque tenemos políticos honestos es deseable, pero idealista porque con ello no terminamos con ella en realidad", añadió. 

En una línea similar se pronunció Teresa Clemente, jurídica de la Agencia, para quien los delitos por estas prácticas no han disminuido tanto aunque se denuncian más. Sobre la protección del denunciante, explicó que actualmente Antifraude tiene a 26 personas bajo este estatuto y que "lo tienen muy difícil". "Muchos vienen de administraciones locales y se les hace la vida bastante imposible. Las represalias a veces son muy grandes. Es cierto que el funcionario se siente ahora más protegido, pero mientras no haya cambios legislativos y convicciones en la sociedad no podremos avanzar el todo. En ocasiones nos encontramos con muchas resistencias", reflexionó. 

En cuanto al grado de implantación de las recomendaciones emitidas por Antifraude en sus informes, apuntó que "hay de todo". "Existen administraciones que nos hacen la vida imposible y nos persiguen, pero la mayoría sí intenta hacernos caso. Poco a poco van calando las recomendaciones. Al menos se escuchan y se tienen en cuenta", aseguró.

Para Clemente, al igual que se asume la Ley de Transparencia habría de asumirse la de la Agencia porque "ha venido a ser un pilar importante de ética pública". 

Por último, el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, Vicente Inglada, expuso que su organización viene de una cultura de defensa de derechos, pero tienen que exigir "la eficacia y eficiencia de la gestión de los recursos públicos y una mayor transparencia". "Esto afecta a nuestra economía familiar y al dinero público que pagamos con los impuestos", destacó. 

En cuanto a la protección de los denunciantes, mencionó que su organización fue una de las primeras que ejerció la acusación en el caso Fabra por una cuestión fitosanitaria. "Supuso que prácticamente acabáramos en la ruina porque dejamos de recibir cualquier subvención y tuvimos que pagar con fondos propios", recordó, para pedir que también se proteja al tejido asociativo en este tipo de situaciones para "poder defender los derechos de consumidores y usuarios".