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Cara a cara

Diputaciones ¿Reforma o supresión?

Encarnación de la identidad local para sus partidarios y órganos arcaicos tejidos de redes clientelares para sus críticos. El nuevo escenario político valenciano cuestiona el mantenimiento de las diputaciones, cuando los aires de Europa soplan a favor del poder municipal y plurirregional. Desde el mundo académico y la arena política, un profesor de Derecho y un presidente de Diputación analizan errores pasados y la posibilidad de un nuevo mapa local

28/12/2015 - 

VALENCIA. En el despertar del Estado de las Autonomías, no pocos vieron en la supervivencia de las diputaciones provinciales algo tan ineficiente como meter trastos nuevos en una casa sin haber tirado los antiguos. Esta herencia del centralismo decimonónico, aquél que diseñó el mapa regional en base al viaje de ida y vuelta a caballo en un día entre la capital y los pueblos de cada provincia, arrastra tres décadas de debate entre los defensores de su tradición y personalidad histórica y los partidarios de suprimirlas a favor de reforzar la fórmula autonómica, más eficiente en tiempos de las modernas redes de transporte e internet.

Ante los numerosos escándalos del clientelismo y la corrupción desencadenados por la opacidad de las corporaciones provinciales, el descrédito social y el hartazgo ciudadano reclamaba el cambio de la acción política de proximidad, erosionada por el inmovilismo favorecido por los veinte años de Partido Popular al frente del aparato autonómico y las principales administraciones locales. Tras los resultados electorales de mayo, el consenso sobre la depuración de las diputaciones se hace notar más que nunca en el nuevo tablero político valenciano.

Así lo evidencian el Acord del Botànic, el programa pactado entre PSPV, Compromís y Podemos, y las declaraciones del alcalde de Valencia, Joan Ribó, sobre la creación de una nueva entidad de gestión para el área metropolitana valenciana, en la que «sobran diputaciones y estructuras del siglo XIX». O las del número tres de los socialistas valencianos, José Manuel Orengo, afirmando que «la Generalitat dibujará y la Diputación coloreará», en referencia a los nuevos aires del Consell por minimizar los volúmenes y competencias de las diputaciones, con la ley de Coordinación de 1983 y el fondo autonómico de cooperación municipal sobre la mesa.

Vaciar de funciones a las diputaciones y derivarlas hacia el gobierno autonómico resultará una misión imposible, según el joven valor de los populares alicantinos César Sánchez, flamante presidente la Diputación de Alicante con el apoyo de Ciudadanos, cuyo partido ha sido la única voz discordante del acuerdo político sobre la supresión de las corporaciones provinciales.

«La Generalitat, con su situación económica y social, no puede garantizar los servicios a los municipios pequeños. Por el principio de subsidiaridad, el nivel de eficiencia de la diputación es infinitamente superior», sostiene Sánchez, alcalde de Calpe desde 2011 y vicesecretario regional del PPCV, quien rechaza el centralismo de la capital autonómica y del Gobierno de España, a favor de fortalecer la autonomía local. «Las autonomías han servido para conformar la mejor España que ha conocido la historia, con todo lo que hay por mejorar. Pero en esa configuración también está el arraigo de las provincias y las diputaciones. Un partido serio y responsable con vocación nacional como el PSOE no creo que vaya a eliminarlas. Otra cosa es que sea prisionero de las exigencias de algunos partidos que no creen en la España constitucional».

Las corporaciones provinciales de Alicante y Castellón son las únicas dos grandes instituciones locales que le han quedado al PP tras las elecciones. Una nueva corriente en aras del municipalismo en la bancada popular es la reacción esperable por la propia naturaleza del juego político, cuando los colores de las administraciones cambian, con los socialistas y Compromís ahora en el Consell y el PP en algunas alcaldías, como observa Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.

¿Agujero negro democrático?

Junto con Joan Romero, catedrático de Geografía Humana y exconseller socialista, Boix ha coordinado el libro Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local, cuya publicación ha coincidido con el cambio político. La monografía, a cargo de los investigadores del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la UV y la Jaume I de Castelló, pretende ser una guía útil con micromejoras para una nueva administración autonómica que empodere a los municipios en el control desde debajo de la función democrática y transparente de la gobernanza local, sin tocar la ley española de referencia — la de Bases de Régimen Local de 1985— ni cambiar la Constitución.

«Nuestras propuestas son asumibles por cualquier político municipalista. Si el urbanismo o las escuelas infantiles deben gestionarse a nivel municipal o autonómico es una discusión que en el fondo es poco ideológica. Se trata de comprobar lo que funciona mejor socialmente», matiza el profesor Boix, para quien las diputaciones no aportan ninguna mejora ni más cercanía a los municipios. «Siguen por arrastre histórico, pero no hay ninguna función de las diputaciones que no pueda realizar la Generalitat. Aunque muchas de esas competencias deberían llevarse también a los municipios».

Junto con Cataluña, la Comunitat Valenciana es la región con mayor masa crítica hacia las diputaciones, que siguen arraigadas en la mayor parte del territorio español a excepción de las seis Comunidades uniprovinciales, donde no hay diputaciones, y las estructuras forales e insulares propias de País Vasco, Islas Baleares y Canarias. «La Constitución dice que la provincia es la circunscripción electoral, pero no hay ningún mandato que diga que deba existir necesariamente en todo el territorio nacional, como así sucede, y no ha pasado nada. Tampoco nadie ha dicho que sea anticonstitucional», destaca Boix.

Por su complicado sistema de reparto de diputados, de elección indirecta, las corporaciones provinciales constituyen para este profesor un agujero negro democrático. «La mayor parte de ciudadanos no conoce a sus diputados provinciales. La opacidad genera unas dinámicas que los partidos emplean con todo descaro como órganos de colocación, con sueldos muy altos y más personal del necesario, haciendo de ellas unas instituciones extrañamente ricas en España. Incluso durante la crisis, nuestras tres diputaciones son las únicas a las que les ha sobrado dinero para gastarlo».

Por el contrario, el presidente de la Diputación de Alicante defiende la elección de los diputados provinciales como uno de los mecanismos más transparentes y democráticos que existen en España. «Nadie puede ser diputado provincial a dedo, se necesita un tercio del respaldo de los concejales elegidos por los votantes de su comarca o una votación en caso de haber dos candidatos, de modo que habría un sistema de primarias implícito perfectamente democrático y transparente».

Espíritu de 1812

Las diputaciones encarnan, según Sánchez, la vertebración del territorio, protegiendo el patrimonio natural e histórico y promoviendo el tejido productivo provincial. «El 80% de los municipios en España son pequeños, y la política de bienestar social y de gestión de residuos, agua y vías de comunicación de las diputaciones es esencial para coordinar los servicios que los ayuntamientos no pueden pagar. El sistema mancomunado de la diputación demuestra que los ciudadanos pagan menos impuestos y reciben servicios de mejor calidad. No se puede pensar que alguien de lejos, de la Generalitat o del Gobierno de España, arregle nuestros problemas cotidianos».

El coste fijo estructural y de plantilla de las diputaciones, en torno al 60% del gasto anual, supone una barbaridad, califica Boix, para una administración por definición prestacional. «El presupuesto se reparte con unos criterios muy dudosos y mecanismos absurdos, como lanzar programas de cambio de bombillas o la construcción de campos de fútbol de césped artificial, cuando las prioridades pueden ser abrir guarderías o contratar personal para residencias de ancianos. La diputación es una institución esclerotizada para adaptarse a las necesidades municipales».

Sánchez reconoce la necesidad de definir la política de gastos de la entidad provincial mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. «Los recursos de la diputación no deben emplearse en gastos que generen un coste corriente. Hay que dejar de hacer grandes infraestructuras y atender más a las personas».

Recién estrenado en el cargo como presidente, Sánchez ha firmado con Ciudadanos un pacto de gobierno para la estabilidad y gobernabilidad de la diputación, que incluye como mecanismo de transparencia la obligación de publicar periódicamente la relación de empresas adjudicatarias de los contratos o encargos, indicando toda la información relativa al proceso de contratación, además de las ayudas públicas destinadas a asociaciones u organizaciones.

«Hay que someter a las diputaciones a un adelgazamiento y una redefinición de sus funciones, tendiendo puentes de diálogo con todas las administraciones. Pero cumplen un papel esencial como garante de servicios esenciales próximos a los ciudadanos. Su espíritu está en la Constitución de 1812. Pocas instituciones democráticas han nacido con una vocación que se perpetúa durante tanto tiempo. Hay que luchar por más transparencia, menos duplicidades y la modernización», sostiene Sánchez al explicar su apuesta por la reforma de la institución.

Cuatro años para decidir

Ante un mapa comarcal obsoleto, Boix se declara partidario de la intercomunalidad incentivada, una figura intermedia entre el Estado y las comunas, implantada en Francia para dotar de competencias económicas, de infraestructuras y transportes a las regiones que optan por la fusión voluntaria, basada en la elección directa de sus representantes. «Hay muchas competencias que aquí consideramos que deben prestarse desde la Generalitat y que en Europa se dan a nivel municipal. Debemos ir hacia agrupaciones funcionales diversas. Una estructura comarcal no es eficiente para todas las competencias locales o supramunicipales».

El Consell se deja los cuatros años de legislatura como margen para decidir sobre el futuro de las diputaciones. Porque las dinámicas de cambio, reconoce Boix, resultan difíciles por el efecto de arrastre de lo establecido. «De momento no hay muchas ganas de meterse en grandes líos. Los gobiernos autonómicos tienen 70 días para establecerse gracias al verano. En la práctica se les deja muy tranquilos al principio. Pero en septiembre (*) les daremos caña».

(*) Este artículo se publicó en el número de agosto de la revista Plaza)

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