Foto: El exvicealcalde de Valencia Afonso Grau. Foto: EFEVALÈNCIA (EP). Dos empresarios que supuestamente realizaron donaciones al PP de la ciudad de València en las últimas campañas electorales han afirmado este viernes ante el juez del caso Imelsa que desconocen estos pagos así como los contratos y trabajos por los que se les ha preguntado, según ha podido saber Europa Press.
Estos dos empresarios han comparecido hoy, junto a otros dos administrativos de otras sociedades, en calidad de investigados, en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, dentro de la pieza de Taula derivada del caso Imelsa, sobre la supuesta financiación irregular a través de la empresa Laterne Product Council (LPC) de las campañas del PP valenciano de 2007, 2011 y 2015 en la que están investigados el exvicealcalde, Alfonso Grau, y la gerente del PP nacional, Carmen Navarro.
Los empresarios, interpelados por los supuestos pagos hechos al partido y los trabajos que realizaron con el consistorio, han indicado que los desconocían. Han insistido en que no sabían nada relacionado con estos pagos, contratos o trabajos por los que se les ha interpelado.
No es la primera vez que comparecen empresarios en este procedimiento. Hace unos 15 días también declararon otros tres, quien no pudieron justificar los pagos efectuados ni aportaron facturas. En esa ocasión, el único que admitió un pago a la empresa Laterne de 500.000 euros fue el representante de la Sociedad de Agricultores de la Vega, aunque dijo que fue a fondo perdido, que no le dieron justificante ni explicaciones ni él las pidió.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó al juzgado que instruye la causa un informe que apunta a que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros".
Esta operativa se llevaba a cabo, de acuerdo a los datos recabados por los investigadores, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".
Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.
El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC.
