El decano del COEV, Juan José Enríquez, en una imagen de archivo. Foto: COEVVALÈNCIA (EFE). La pérdida de confianza de los inversores ante los pactos de investidura preocupa a los economistas valencianos, según las conclusiones de una edición extraordinaria de la encuesta 'Economistas Opinan' dirigida a conocer cómo pueden afectar los referidos pactos a la economía.
El Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV) ha realizado una edición extraordinaria de su encuesta para recabar la opinión de sus miembros tras los pactos entre el PSOE y los partidos nacionalistas y sus posibles repercusiones sobre fiscalidad, economía y empresa.
El decano del COEV, Juan José Enríquez, y el vicedecano del COEV, Alfredo Hernández, han presentado los resultados de una encuesta compuesta por tres preguntas centradas en la consecuencias económicas y jurídicas que pueden tener la ley de amnistía, los efectos de la aplicación de un cupo fiscal para Cataluña, y la condonación de una parte de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
La encuesta plantea una puntuación del 0 a 10 en cada una de las preguntas, que ha sido seleccionada por los participantes dependiendo del grado conformidad o disconformidad con los aspectos planteados.
Una de las cuestiones abordadas versa sobre los efectos que puede tener una ley de amnistía sobre aspectos como la imagen que el Estado español está dando de cara a captar inversiones. En este sentido, el 70 % de los encuestados muestran su preocupación por las consecuencias que pueda tener para la llegada de inversores, y de ellos un 60 % se muestran altamente preocupados.
Por otra parte, el 19 % los considera beneficioso y de ellos un 9 % piensa que esta ley puede activar las inversiones, mientras que el 11 % cree que no habrá cambios en este ámbito tras la aprobación de la citada norma.
Sobre la influencia de la amnistía sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones públicas, un 72 % considera que puede ser claramente perjudicial, frente a un 13 % que se queda en las opciones neutras, mientras que un 15 % elige entre las opciones que van de 7 a 10, considerando que la ley puede ser beneficiosa, aunque solo un 7 % la ven como claramente beneficiosa.
En lo que respecta al efecto que la amnistía pueda tener sobre la solvencia del Estado legislador y la confianza de las instituciones, el 72 % cree que la aprobación de esta ley va a afectar muy negativamente a este aspecto, y de ellos un 58 % cree que va a ser muy perjudicial.
Un 11 % se queda en medio de la tabla, frente a un 16 % que considera que puede ser beneficioso, pero solo un 7 % lo ve claramente beneficioso.
Otra parte de la encuesta se centra en los efectos que tendría la aprobación de un régimen fiscal para Cataluña similar al que tienen País Vasco y Navarra, algo que el 72 % de los encuestados considera perjudicial para la igualdad y la solidaridad entre españoles y un 70 % cree que afectará a la estabilidad del sistema tributario español.
Un 69 % considera que el establecimiento de un cupo fiscal para Cataluña tendrá consecuencias negativas en la competencia fiscal entre regiones, un porcentaje que es el mismo para aquellos que creen que perjudicará la cobertura de gastos de la Administración central.
Los colegiados también han sido preguntados sobre su grado de conformidad con el hecho de que se pueda condonar una parte de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cifrada en 15.000 millones de euros. Una decisión que el 58 % considera inadmisible porque no considera que ésta sea una comunidad que se encuentre en una situación de infrafinanciación.
Por otra parte, el 68 % de los encuestados, preguntados sobre si el Estado debería condonar la deuda al conjunto de las autonomías, con independencia de su cuantía y origen, se manifiestan contrarios a esta posibilidad, aunque un 53 % admite que esta decisión pueda adoptarse en el caso de comunidades infrafinanciadas, como es el caso de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.
Por otra parte, el 61 % se manifiesta contrario a que se condone la deuda de las comunidades autónomas por considerar que suponen un incentivo al gasto y al endeudamiento.
