La ministra de Educación, Pilar Alegría, en una imagen de archivo. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPVALÈNCIA. El Ministerio de Educación ha informado a las patronales CEOE y Cepyme y al sindicato UGT de que deberán suspender la formación a trabajadores para la que recibieron subvención y que les compensará económicamente por los gastos derivados, según un comunicado del Ministerio.
En una reunión mantenida este viernes, el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura; la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, y la abogada del Estado, María Ocaña, han analizado con los representantes de los citados agentes sociales los pasos a dar tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el decreto por el que se concedieron estas subvenciones.
Se trata de subvenciones directas a estas entidades por un valor total de 30,6 millones de euros para la formación en digitalización a 125.000 trabajadores.
Una vez conocido el fallo del Supremo y tras consultar con la Abogacía General del Estado, el Ministerio de Educación ha decidido realizar una revisión de oficio.
De esta forma, según informa el comunicado, las organizaciones deberán continuar con la formación "hasta el momento en el que el Ministerio les traslade formalmente el acuerdo de inicio del procedimiento de dicha revisión, que fijará la fecha de suspensión de esta iniciativa".
"La medida no supondrá perjuicio alguno para las personas en formación, hasta que no arranque este procedimiento, ya que podrán finalizarla y certificarla con normalidad", deja claro el comunicado.
Asimismo, el Ministerio procederá "a la compensación económica de todos los gastos derivados de esta iniciativa formativa y asumidos por las organizaciones participantes", añade.
El Ministerio resalta en la nota que, con la decisión adoptada, ha tratado de apostar "por la vía más garantista para todas las partes implicadas", al tiempo que pone en valor el trabajo realizado por los citados agentes sociales.
Del total de la subvención, la CEOE recibió 15 millones de euros; UGT, 10 millones, y Cepyme, 5 millones.
Tras un recurso de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), el Supremo emitía una sentencia el pasado 10 de enero en la que descartaba que en diciembre de 2022 -cuando se aprobó el real decreto- se pudiera apelar a la pandemia de la covid y a la guerra en Ucrania, y conceder las subvenciones sin convocatoria pública y de forma excepcional.
