Carlos Galiana, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia. Foto: EVA MÁÑEZ VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia tiene claro dónde está el problema que ha dado al traste con el acuerdo promovido en el consejo local de comercio para pactar las zonas con libertad horaria. Pocas horas después de conocerse la decisión de la secretaria autonómica de Economía de estimar los recursos que dan la razón a los comercios que recurrieron el recorte de zonas liberalizadas, el concejal del área, Carlos Galiana, trasladó la responsabilidad a la Conselleria que encabeza Rafael Climent, dirigente de su mismo partido.
Galiana dijo estar "decepcionado" con la resolución de la conselleria porque "no escucha nuestros argumentos y que nos devuelve a la casilla de salida, después de todo el camino de consensos iniciado por el Ayuntamiento".
Desde el consistorio instaron a Economía a adoptar "los pasos que sean necesarios" para proporcionar la "seguridad jurídica" que necesita el sector del comercio en la ciudad.
Con ello, el Ayuntamiento se exculpa y obvia uno de las conclusiones fundamentales a las que llega el informe de la Abogacía de la Generalitat en el que la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, a instancias de la subsecretaria, basó su decisión de estimar los recursos.
En concreto, ese informe apuntaba que no se había dado audiencia en el procedimiento "a aquellos que, viéndose afectados por la revocación parcial al estar emplazados en el área excluida de la delimitación, verían limitados sus derechos al no gozar de libertad horaria por otros motivos contemplados en la ley".
Esa falta de audiencia a las partes que se sitúa en el origen del problema alude directamente a la composición del consejo local de comercio y a la ausencia del mismo de algunos de los agentes implicados en el proceso que son los que precisamente han planteado los recursos.
Pese a ello, Galiana señala a la Conselleria de Economía y pone en valor el trabajo del Ayuntamiento por un acuerdo "amplio". Ese pacto contemplaba dos "grandes condicionantes": el compromiso de que no se iba a producir ningún tipo de despido y que los trabajadores pasarán de poder trabajar un máximo de 52 festivos al año a "como mucho" entre 12 y 14. Además, las grandes empresas representadas por Anged se comprometían a no recurrir.
Que la regulación de las zonas con libertad para abrir todos los días en Valencia es un asunto de especial complejidad lo demuestra el hecho de que las discrepancias se han dado incluso en el seno del mismo partido.
El director general de Comercio, Natxo Costa, validó la propuesta de dos zonas liberalizadas -centro y Ciudad de las Ciencias- que le elevó el Consistorio, pero nunca ha ocultado que él prefería una solución más restrictiva, con menos zonas autorizadas. Este jueves criticó veladamente a su colega de partido.
Por su parte, Carlos Galiana siempre ha aludido al consenso alcanzado en el seno del consejo local entre grandes empresas y pequeño comercio y ha destacado que, mientras él tiene en cuenta otras variables, Costa aplica únicamente la ideología.
En esta línea, el grupo municipal de ciudadanos criticó este jueves las disputas en el seno de la misma formación en la gestión de los horarios comerciales. "El comercio no puede permitir que las luchas internas agraven la inseguridad jurídica que sufrimos", afirmó el portavoz Fernando Giner.
"El Consejo Local de Comercio se debe convocar cuanto antes para acabar con la inseguridad jurídica que sufre Valencia. Compromís debe explicar por qué no ha sido incapaz de gestionar el consenso al que llegamos todos los miembros del Consejo", añadió el dirigente.
