VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València todavía no ha acabado de dar una solución clara a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2016 sobre Tabacalera. El fallo anulaba el planeamiento acordado en 2005 por el gobierno municipal del PP y la empresa Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) y, por ende, dejaba a la promotora sin poder materializar la edificabilidad a la que tenía derecho por el acuerdo. El actual consistorio busca ahora indemnizar a la empresa con un suelo en el barrio de Penyaroja, pero la realidad es que no se ha firmado el convenio de permuta que el ejecutivo local anunció hace dos años.
El convenio urbanístico pretendía evitar así que la promotora continuara reclamando la indemnización económica al recibir a cambio el suelo en la mencionada zona de València. Sin embargo, el hecho de que no haya habido un acuerdo por escrito entre ambas partes tiene como consecuencia directa que la firma propiedad de la familia de Enrique Ballester continúa reclamando su indemnización en los tribunales, que cifra en 52,6 millones de euros, como publicó Valencia Plaza este jueves.
En mayo, la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, aseveró en el pleno municipal que este convenio se estaba "gestando". Con todo, lo cierto es que a fecha de hoy este planteamiento parece que ha quedado desechado en el departamento de Urbanismo. Fuentes de la concejalía aseguraban recientemente a este diario que la intención pasa ahora por acudir a la vía de la expropiación contemplada en la legislación y que permite pagar al expropiado en especie.
Esto es, se expropiaría el suelo que Igsa mantiene en los alrededores de Tabacalera y en los que no pudo construir al convertirse en suelo dotacional tras la sentencia del TSJ y, tras fijar un justiprecio, el consistorio le pagaría en compensación con el suelo de Penyaroja. Las fuentes consultadas por este diario señalan que se trata de un procedimiento más "garantista" que el del convenio y en el que, si no hubiese un acuerdo en el justiprecio, acabaría interviniendo un juez para dirimir la disputa.
Se desconoce, al menos públicamente, si la firma está dispuesta a ser compensada con especie -terrenos-, y tampoco está claro si aceptaría el suelo que el Ayuntamiento ha ofrecido. Aunque al principio de la operación se daba por supuesto que la respuesta sería afirmativa, la demora en la firma de un convenio que estaba "casi cerrado" en 2018 -según el Ayuntamiento- ha levantado suspicacias sobre la aceptación por parte de Igsa de los terrenos en cuestión.
Las dudas se ciernen sobre esta operación fundamentalmente porque el Ayuntamiento de València ha recalificado dos parcelas en el barrio de Penyaroja para pagar la indemnización a la empresa, pero sin haber suscrito ningún acuerdo con Igsa que la obligue a aceptar este suelo. Ese cambio de planeamiento ya se ha aprobado: la pasada semana el expediente superó el último estadio del proceso administrativo al recibir la luz verde de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana.
Así, lo que en Penyaroja era un suelo para zona verde y otro para colegios, ahora es para viviendas. Desde el consistorio señalan que el suelo educativo que ha cambiado de uso es una parte que la Conselleria había admitido que por su morfología no podía acoger un colegio. Asimismo, justifican la solución al embrollo de Tabacalera desde una perspectiva global: la cesión de suelo que se le debería hacer a Guadalmedina sería mucho mayor en otros barrios, recuerdan, ya que se hace en función del valor del metro cuadrado y Penyaroja es uno de los barrios más caros de València.
La proyección de torres en el suelo de Penyaroja recalificado
En definitiva, el consistorio ha recalificado dos de sus terrenos para convertirlos en residenciales y con ellos busca indemnizar a Igsa, pero no existe un acuerdo para tal compensación, que ahora se pretende hacer mediante la vía de la expropiación. Un panorama que ya genera inquietud en la oposición. Según el concejal del PP Giner Corell, "la incompetencia en la gestión nos puede abocar al peor escenario posible: sin escuela, sin zona verde y con que los valencianos tengamos que pagar 52 millones de indemnización".
El edil del PP señala que el camino que se debería haber seguido es el mismo que el del solar de Jesuitas y el Botànic: "Con una firma de un convenio previo entre las partes antes de proceder a cualquier recalificación". Sin embargo, denuncia que el Ayuntamiento ha actuado "con la política de hechos consumados que le caracteriza, dando por sentado una conformidad de la empresa que no es tal". Así, adelanta que preguntará en la comisión de Urbanismo y en el pleno por la posición del ejecutivo local frente al contencioso-administrativo presentado por la empresa.
A juicio de los populares, el ejecutivo local "ha actuado en este asunto, como es su tónica habitual, sin escuchar a los vecinos y sin escuchar a ninguna de las partes afectadas por este cambio urbanístico", ha señalado, para añadir que Compromís y PSPV "llevan ya cinco años gobernando y han sido incapaces de buscar una solución que no perjudique a nadie".
