Beatriz Simón y Alfonso Novo, dos de los concejales imputados.El consistorio consigue formar parte de la causa tras dos intentos, aunque la concejala Beatriz Simón recurre la decisión del magistrado
VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia ya es una parte más dentro del proceso por el presunto delito de blanqueo de capitales que afecta a 47 concejales, exconcejales y asesores del consistorio. Tras serle denegada la posibilidad de ser acusación particular, los letrados del Ayuntamiento presentaron otra petición para ejercer la acusación popular que, esa vez, sí les fue admitida. La concejala popular Beatriz Simón ha recurrido la decisión del magistrado.
El pasado 23 de marzo, el magistrado notificó un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza en el que exponía que, "el blanqueo de capitales es un delito patrimonial. Siendo así, atendiendo a su naturaleza y circunstancias de hecho hasta el momento conocidas, no se aprecia en el Ayuntamiento de Valencia ni especial titularidad ni relación con el bien jurídico protegido, ni perjuicio económico estimable".
Y prosigue diciendo que "en consecuencia, entiendo que no procede su personación como acusación particular, que es solicitada, dado que no cabe considerarlo perjudicado por el presunto delito" (blanqueo de capitales).
Pero si bien el magistrado les denegaba la personación como acusación particular, en el mismo auto les abría la posibilidad de hacerlo como acusación popular. Víctor Gómez les explicaba que "sin perjuicio de su carácter de entidad pública y persona jurídica, no existe inconveniente para que el Ayuntamiento de Valencia pueda solicitar su personación en el ejercicio de la acción popular, que está reconocida en nuestro ordenamiento constitucional y procesal".
"De hecho, esa personación puede tener un valor colaborativo cierto y estimable, dado que los hechos investigados se localizan en el ámbito de personas ligadas, bien como concejales, bien como asesores o funcionarios, a dicha institución", explica el juez en su auto.
Y finaliza diciendo que "este instructor entiende que el carácter público e institucional del Ayuntamiento de Valencia, así como el hecho de que la causa está iniciada y en trámite, le exime de la obligación de constituir fianza, así como de la necesaria formulación de querella".
Aunque por el momento el consistorio ya está como personado, la concejal popular Beatriz Simón no ha dejado de presentar recursos ante las decisiones, e incluso ante las posibilidades presentadas por el magistrado, a este respecto según consta en dos recursos a los que ha tenido acceso Valencia Plaza.
En el primero la abogada de Simón recurre que el magistrado "haya dado la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone". De hecho, la propia abogada reconoce que, "lo que se impugna es de difícil recurso ya que lo que hace el instructor es declarar la posibilidad de que una entidad se persone como acusación particular".
En su escrito afirmaba que no recurrían que se presentara el Ayuntamiento como acusación popular puesto que no había ocurrido, sino que lo que impugnaban era "la decisión anticipada del instructor de dispensar a la corporación municipal de los requisitos procesales de prestar fianza y formular querella".
En referencia a formular la querella, la representante de Beatriz Simón pide que "el ayuntamiento deberá formar su voluntad, acreditando en base a qué norma se persona en la causa como acusación popular (si finalmente lo hace), quién adopta esa decisión y con qué informe previo".
Y con respecto a no tener que dejar fianza, explica que "la acusación popular puede acusar aun cuando el Ministerio Fiscal solicite el sobreseimiento o la retirada de acusación, por lo que al no poder considerar adhesiva su actuación, para su personación en la causa se requiere interposición de querella y prestación de fianza".
Acusa al magistrado de "confundir dos condiciones de acusador totalmente diferentes, y que se ejercitan con distintos títulos y legitimaciones, para finalmente reducir la diferencia entre acusación popular y particular en una mera calificación gramatical".
El segundo recurso, éste sí contra la decisión de permitir personarse en la causa del blanqueo de capitales, la letrada afirma que "no solo puede afectar al derecho de defensa, sino porque puede convertir el proceso en aún más lento y crear una pluralidad de acusaciones públicas que, en cuanto no son ofendidas por el delito, no pueden tener en el proceso penal un interés diferente al representado por el Ministerio Fiscal".
Por ello, esgrime que "la acción pública penal pertenece en exclusiva al Ministerio Fiscal, y que ninguna administración puede arrogarse una acción pública penal con la excusa de su posible conexión con alguna de sus competencias, ni puede enmascarar esa condición, bajo la fórmula de acusación popular reservada a los ciudadanos, pero no a las administraciones. La acción popular es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia, no la participación de más poderes en la Justicia", concluye la letrada.
Pero además, el escrito presentado en nombre de Simón dice que "el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se personaba el Ayuntamiento de Valencia en su día como acusación particular, no es apto para personarse como acusación popular, puesto que ni forma parte esto último de las competencias de la Administración Local, ni en este caso concreto la voluntad de la administración fuera esa, sino la de personarse como acusación popular".
