El pozo de San Isidro, ubicado en la pedanía norte de Benifaraig.VALÈNCIA. Es un conflicto casi centenario. Comienza en 1931 con la construcción del pozo de San Isidro y concluirá este año. Entre medias, movilizaciones, manifestaciones, cortes de carretera, e incluso amenazas y pintadas en los últimos años. La guerra del agua de las pedanías norte de València ha alterado la vida de Borbotó, Benifaraig y Carpesa y el armisticio ha llegado tras la intercesión del más alto órgano consultivo español.
El Consejo de Estado ha informado favorablemente sobre la extinción del derecho de concesión del que gozaba una cooperativa local. Así les consta en el Ayuntamiento de València donde esperan recibir en breve la confirmación oficial. Los abonados a la cooperativa tendrán que suministrarse a partir de ahora a través de la empresa municipal EMIVASA.
Les Llosetes gestionaba el suministro de agua potable a las pedanías norte desde hace más de 30 años. Dicho derecho ya se le intentó retirar a la cooperativa en los años 80, siendo alcalde el socialista Ricard Pérez Casado, pero las movilizaciones y manifestaciones de los afectados paralizaron cualquier acción. El conflicto venía provocado por el alto nivel de nitratos del agua del pozo. Los argumentos de la municipalidad no convencieron a los vecinos y finalmente el consistorio tuvo que ceder.
En 1994, el Ayuntamiento, ya con Rita Barberá al frente de la alcaldía, autorizó a Les Llosetes la conexión a la red general de la ciudad como concesionaria. Fue así como la cooperativa pudo seguir sirviendo agua a las tres pedanías. Para compensar el alto nivel de nitratos, en los límites de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, se optó por mezclar el agua del pozo con la de la red metropolitana.
Ése fue el germen de un segundo conflicto. Desde el Ayuntamiento se le reclamaba a la cooperativa que pagara la deuda por el suministro de agua de la red metropolitana. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, en 2014 el ayuntamiento acordó retirar la concesión del agua a la cooperativa al comprobar que seguía sin alcanzar los límites legales. Hubo nuevas protestas, cortes de carretera, cruces de denuncias y nuevos episodios. Finalmente se mantuvo la concesión si bien el número de abonados descendió.
En abril del año pasado la Confederación Hidrográfica del Júcar abrió un expediente para recuperar la concesión que actualmente sigue teniendo el pozo. En esta ocasión fue de nuevo porque el agua del pozo tenía un exceso de nitratos, que explican fuentes municipales, hacían inviable su uso para consumo humano.
La situación ha dado un giro definitivo con la resolución del Consejo de Estado. El informe favorable a la extinción de la concesión finiquita el conflicto y resuelve a favor del consistorio. Tomando como base jurídica la Ley del Agua de 1986, que dice que las aguas son públicas y hay que solicitar derecho de concesión, para extinguirlo se ha requerido el preceptivo informe al Consejo de Estado que ha resuelto. Roma locuta, causa finita. Una vez llegue el oficio al Ayuntamiento de València, posiblemente en septiembre, el consistorio actuará y realizará una campaña informativa para informar a los vecinos de la nueva situación: la guerra del agua ha terminado.
