Vicent Marzà, conseller de Educación. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios y uno de los mayores símbolos de los excesos cometidos en el sector público durante la etapa del PP en el Consell, podrá seguir funcionando hasta 2020. El Gobierno valenciano ha aprovechado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales que acompañará a los presupuestos de 2018 para colar una modificación legislativa que, en la práctica, supone dejar en suspenso el mandato de extinción que existe sobre esta empresa desde 2013 para que pueda seguir gestionando barracones hasta el final de la década.
La Ley de Acompañamiento de 2018, que este año ha sido sometida a exposición pública por primera vez antes de que se apruebe como anteproyecto de ley, modifica formalmente la ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional aprobada por el Consell de Alberto Fabra. En la misma se estableció que el Consell debía extinguir Ciegsa "de forma inmediata" tras la cesión global al Eige de su activo y pasivo.
El pasado año, el actual Consell ya alargó de facto la extinción de la empresa al modificar la misma ley del Consell de Fabra para poder encomendarle de forma transitoria la instalación y conservación de barracones. Lo hizo para evitar posibles "perjuicios al interés público derivados de una acelerada y anticipada extinción al no haberse dotado todavía –la Conselleria– de instrumentos que permitan la asunción de una parte de las funciones y tareas" de Ciegsa. Aún así, dejó constancia en el texto legislativo su voluntad de ejecutar la extinción de Ciegsa "en el menor plazo posible".
Ahora, al fijar en el 31 de diciembre de 2020 el nuevo límite para su desaparición, la Conselleria de Vicent Marzà renuncia a cerrar Ciegsa esta legislatura ante las dificultades se está encontrando para deshacerse de la polémica empresa creada por Eduardo Zaplana en la que la Generalitat ha enterrado cerca de 3.000 millones de euros, 1.000 de ellos en sobrecostes detallados en un informe la Intervención de la Generalitat.
Mientras siga activa, la empresa pública asumirá los encargos de gestión que realice la Conselleria de Educación, especialmente en cuanto a la instalación y conservación de las "aulas prefabricadas de escolarización provisional". Ciegsa también se encargará de la "adecuación y actualización normativa" de los proyectos constructivos ya contratados a petición de la administración.
La Conselleria de Educación se reserva la potestad de realizarle excepcionalmente otros encargos en materias que sean consideradas "necesarias, inaplazables y de indudable interés público", por acuerdo del Consell a propuesta del conseller de con competencias en la materia.
La Ley de Medidas Fiscales de de 2018también contempla importantes cambios en otras dos firmas del sector público instrumental de la Generalitat: la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La primera cambiará su nombre y pasará a llamarse a partir del próximo año Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Los fines previstos para esta sociedad serán la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones de viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas.
Así, la empresa que dirige Helena Beunza tendrá como función principal la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas así como la adquisición de viviendas en proyecto, en ejecución y terminadas y la adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios y proyectos precisos para la construcción y rehabilitación de viviendas en la Comunitat.
Por lo que se refiere a la entidad que dirige Manuel Illueca, la Ley de Medidas supone hacer realidad el banco público de la Generalitat a partir del IVF al incluir la modificación del régimen jurídico del IVF, subrayó la Conselleria de Hacienda.
El nuevo banco contará con plena autonomía de gestión para "impulsar la inversión en los sectores económicos de interés para el Consell" y estará dotado de una "mirada social" para bancarizar sectores que adolecen de infradotación de servicios financieros fundamentales, como la atención a discapacitados, la cultura o la formación.
La Ley de Acompañamiento establece que el área del IVF que hasta ahora se encargaba de la actividad crediticia y de inversiones se transformará en el nuevo banco público de la Generalitat, que operará desgajado de la administración. Mientras, las funciones y competencias en materia de política financiera y tesoro, certificación y firma electrónica se quedan integradas en la Generalitat.
