Transparencia desarrolla un protocolo para establecer los criterios de investigación de las posibles irregularidades que se comuniquen
VALENCIA.- Si hay algo que no se le puede negar a la consellería de Transparencia es la voluntad de lavar la imagen de las instituciones y demostrar al eficacia de las mismas. Pese a los escasos recursos de los que dispone -actualmente cuenta con 4 inspectores, a falta de incorporar otros 4 miembros más al equipo a partir de enero-, la consellería tratará de eliminar las trabas administrativas y aligerar la respuesta a las protestas formales de los ciudadanos.
El Consell aprobó en el último pleno un protocolo para agilizar el proceso de respuesta a las quejas y de investigación de las denuncias presentadas ante la Inspección General de Servicios, adscrita a la cartera dirigida por Manuel Alcaraz. El objetivo del protocolo es aclarar el decreto 68/2014 de funciones de inspección general de los servicios de la Administración de la Generalitat.
Mediante estas instrucciones, a las que Transparencia no ha querido dar un tono demasiado jurídico, se establecen las pautas para investigar las posibles irregularidades o infracciones en la administración de los organismos públicos.
Para ello, la principal línea es fijar los criterios que diferencien una queja de una denuncia, ya que la segunda comporta realizar una investigación y abrir un expediente. Así, el periodo que separaba la protesta del ciudadano de su resolución podrá verse reducido.
Desde consellería informaron de que muchas veces las denuncias y las quejas no se formulaban correctamente -se confundían los términos o se realizaban de forma anónima- por lo que eran archivadas y no llegaba la respuesta al problema planteado, por lo que era necesario determinar qué es qué.
Las denuncias y quejas pueden formularse personalmente, por escrito o por correo electrónico y requieren de la identificación del denunciante y del denunciado, así como los requisitos administrativos básicos. Inspección General garantiza la protección de los datos y de la identidad del denunciante.
El protocolo también aclara que no se pueden tramitar denuncias anónimas. Sin embargo, en casos excepcionales y en función de la información facilitada, si se entiende que es de suficiente relevancia se podrá abrir investigación aunque esta provenga de una persona sin identificar.
Ante la falta de inspectores para realizar esta tarea, desde Transparencia explican que Inspección General podrá solicitar inspectores extraordinarios para alguna investigación concreta. Este refuerzo sería solicitado a los funcionarios del Consell, que podrían ejercer de inspectores. La figura del inspector extraordinario también aparece recogida en el decreto, pero estaba pendiente de desarrollo. Las mismas fuentes advirtieron que en caso de que las recomendaciones no se aplicaran correctamente, no se descarta elaborar una orden.
Por otro lado, el protocolo establece la obligatoriedad de comunicar al Ministerio Fiscal todas aquellas investigaciones en las que pudiera haber indicio de delito.
