Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La sesión de este miércoles del juicio sobre la financiación de las campañas del PP en València durante los años 2007 y 2011 se convirtió en todo un espectáculo con unas consecuencias cuyo alcance resulta difícil de medir todavía. El protagonista fue Jesús Gordillo, asesor popular en el Ayuntamiento. Concretamente, del exvicealcalde, Alfonso Grau, entre 1999 y 2005 y entre 2010 y 2015. Durante la instrucción del caso Taula confesó actuaciones ilegales para sufragar los gastos electorales en un testimonio que se convirtió en clave para la investigación. Pero ahora ha eximido a Grau de cualquier responsabilidad y evita hacer referencia a irregularidad alguna. Además, es testigo en otra causa de presunta corrupción, Azud, de la que queda en el aire si también se podría acabar desmarcando.
De esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula se han encargado el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Ambos apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada".
En 2007 se habrían servido de la agencia de comunicación Laterne, sin actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulado. En 2011, los investigadores tienen la tesis de que se sirvieron de otra empresa, Trasgos. Así, creen que parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia.
En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial archivó la investigación para varios exediles del PP del Ayuntamiento en la parte relativa a un supuesto blanqueo de capitales en la campaña de 2015. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo haya seguido adelante para los cuatro acusados que ahora se enfrentan al juicio.
Grau –quien fuera mano derecha de Rita Barberá– se sienta en el banquillo junto a otras tres personas: la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento).
Aunque la acusación por estos hechos se sustenta en diversas pruebas, el testimonio de Gordillo resultó clave en la fase de investigación y tenía una relevancia especial en el juicio. Pero lo ocurrido en la sesión de este miércoles supuso un giro total de la versión ofrecida hasta la fecha y, por lo tanto, un espaldarazo para la estrategia de defensa de los acusados, especialmente la de Grau. Aun así, habrá que esperar a comprobar cómo lo interpreta la Sala, puesto que el presidente del tribunal le advirtió hasta en dos ocasiones de las posibles consecuencias de un falso testimonio. Lo sucedido recuerda al viraje de otro de los colaboradores principales en Taula, Marcos Benavent, que un día comenzó a intentar echarlo todo por tierra.
Gordillo trabaja actualmente en el departamento de Presupuestos del Ayuntamiento de València, dependiente de Hacienda. En los entornos populares siempre se ha ironizado con la "suerte" que tuvo en 2018, cuando ingresó en una bolsa de trabajo del consistorio en condición de economista después de superar unas oposiciones. Aunque no obtuvo plaza, de forma extraordinaria y por una "necesidad urgente e inaplazable", el equipo de gobierno conformado por Compromís y el PSPV aprobó la entrada de tres interinos, entre los que se encontraba él. Fue adscrito a la Intervención Municipal y ahora se encuentra en Presupuestos.
Pero lo relevante para el procedimiento judicial es, en realidad, su recorrido laboral anterior. Gordillo trabajó desde verano de 2007 hasta octubre de 2008 en Laterne, administrada por Vicente Sáez, fallecido y a quien vinculan con Grau por una relación de amistad. La Guardia Civil cree que esta agencia canalizó cantidades de otras empresas que iban a parar a financiar la campaña millonaria del partido en 2007. Pero Gordillo no reconoce ahora esta forma de actuar.
En 2016, apuntó ante la Guardia Civil y posteriormente ante el juzgado a que Grau le dio 350.000 euros para pagar facturas de trabajos de la campaña. De hecho, llegó a aludir a dinero en efectivo en billetes de 500 euros y en sobres. Algo en lo que no se quiso ratificar este miércoles. Explicó, por contra, que esos 350.000 euros se los dio en realidad Vicente Saez en presencia de Grau para pagar a los proveedores de Laterne. Unas palabras que suponen atribuirle al fallecido la responsabilidad.
Su tesis es que esos proveedores en realidad querían aprovecharse de la agencia pasando facturas hinchadas por los actos electorales, lo que elevó el coste final de la campaña del PP. También hizo mención a que las facturas se abonaron, pero se produjeron impagos a los trabajadores y él mismo denunció. Había dinero en Laterne, ha afirmado, pero Sáez "no pagaba porque tenía otros vicios, como cocaína y prostitutas".
Gordillo se desdijo, del mismo modo, de sus declaraciones sobre que Grau se reunía con diversas empresas, contratistas del Ayuntamiento, que realizaron pagos para financiar al partido. En la misma línea, negó –en contra de lo que aseguró en 2016– que se cambiaran conceptos de facturas de empresas para pagar la campaña del PP.
Además, detalló que alguien de la empresa Secopsa –en la que él mismo trabajo año y medio entre 2008 y 2009– le dio un cheque de 150.000 euros y que fue Sáez quien le pidió que lo recogiera porque era para pagar facturas. En su declaración en instrucción, sin embargo, aseguró que recibió la indicación de Grau.
Gordillo indicó, igualmente, que entregó una documentación en la Fiscalía sobre la caja B del grupo municipal porque un hombre al que no ha identificado y que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. "Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos", explicó. A continuación, relató que tuvo la documentación dos días en casa "sin mirarla" y que finalmente decidió entregarla a una periodista de Valencia Plaza. Una versión que no se ajusta a la realidad, como ha publicado este periódico.
El motivo de su cambio de versión, señaló, se debe a "errores" porque en 2016 estaba con depresión, medicado, en proceso de divorcio y "agotado" por las horas que estuvo esperando a prestar declaración y declarando. Además, comentó que recibió "presiones" de la Guardia Civil y que fue víctima de "preguntas capciosas o malintencionadas" por parte de los investigadores –lo cual incluye al juez–.
A lo largo de todo el interrogatorio, el lenguaje no verbal de la Sala de la Audiencia en la que se celebraba la sesión comenzó a adquirir importancia. Impasibles –en apariencia– permanecieron Grau y su abogado, que sí pidió más tiempo para prepararse sus preguntas ante la bomba que acababa de soltar Gordillo. Por su parte, el letrado de García-Fuster, José María Corbín (cuñado de Rita Barberá) no pudo reprimir su sonrisa.
La cuestión ahora es qué puede ocurrir en el caso Azud, donde dos de los principales investigados son precisamente Grau y Corbín y Gordillo figura como testigo. Liderado por el juzgado de Instrucción número 13 y la Fiscalía Anticorrupción, investiga una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat. Prácticas relacionadas sobre todo con operaciones urbanísticas y que se habrían desarrollado entre los años 1999 y 2013 con el principal ámbito de actuación del Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP de Barberá se encontraba al frente.
No fue hace mucho cuando el abogado Manolo Mata –quien defiende al empresario Jaime Febrer, otro de los personajes centrales de esta causa– pidió al juzgado que se incorporaran las declaraciones de Gordillo en Taula. La razón es que uno de los argumentos de su defensa es que Azud es una investigación prospectiva surgida de Taula, donde se volcó gran cantidad de información procedente de ordenadores, teléfonos y otros dispositivos. De hecho, el letrado llegó a afirmar en uno de sus escritos que información clave obraba en manos de la fuerza actuante y para ello bastaba comprobar los TIP (números de identificación) de los agentes de la UCO intervinientes en ambas causas judiciales.
En Azud, Gordillo declaró como testigo ante la Guardia Civil en 2017 y se ratificó ante la juez. Detalló que comenzó a trabajar en Secopsa en 2008 porque Grau habló con el dueño de la empresa, Vicente Prieto, para que lo contratara.
Preguntado por Corbín, indicó que lo conocía y que de él se decía que era el cuñado de Rita Barberá. También que recordaba que durante el primer periodo en el que fue asesor de Grau éste le comentó enfadado que su despacho de abogados estaba a punto de cerrar porque no tenía trabajo y que sin motivo comenzó a tener un volumen elevado. Sobre la causa del enfado, señaló que podía ser porque Grau podría haber recibido indicaciones de Rita Barberá para que hablara con alguna empresa adjudicataria de algún concurso para que contratara al despacho de Corbín. A lo que añadió que se rumoreaba que a este último le había tocado la lotería en varias ocasiones.
Sobre Jaime Febrer, destacó que era dueño de Construcciones Valencia constitución (CVC) y que durante la segunda época en la que estuvo como asesor de Grau, concretamente en los años 2014 y 2015, por parte del ayuntamiento de València se quisieron poner a la venta todos los inmuebles de la empresa Aumsa para obtener liquidez y así seguir realizando más obras. Por ello, afirmó, se realizó un concurso para la venta de estos terrenos e inmuebles y Jaime Febrer se reunió en varias ocasiones con Alfonso Grau. Aunque, añadió, finalmente la empresa propuesta por Febrer no se presentó al concurso o no presentó garantías.
Grau, indicó, tenía una relación cercana con Febrer y se reunían con frecuencia. Además, cree que el segundo pudo haber tenido acceso al plan general, al menos al que se llevó a cabo en torno al año 2002, con anterioridad a su ejecución. En una ocasión, señaló Gordillo, Febrer le mencionó un piso propiedad de Gray que al parecer compró muy barato y en cuya venta pudo haber participado el empresario. Por último, comentó que no tiene constancia de la existencia de relación entre el despacho de Corbín y empresas de Febrer.
El abogado de este último calificó de "vaguedades" estas declaraciones y criticó en un escrito que sin la declaración de Gordillo "jamás se pudo imputar a Febrer". Fue, dijo, el "único elemento que permitió incriminarlo y que le ha llevado a su muerte civil y social". Motivo por el que pidió incorporar el testimonio del exasesor de Grau en Taula y "las condiciones por las que se le otorgó la condición de testigo protegido".
La jueza lo desestimó al entender que carecía de relevancia unir a Azud testimonio alguno relativo a los hechos objeto de investigación en el caso Taula porque no había "causa alguna para acumular los procedimientos", y la prueba propuesta, por lo tanto, resultaba inútil.
A la espera de si alguna defensa de Azud pide la declaración de Gordillo –algo que en todo caso podría ser rechazado por el juzgado–, lo que ya muchos vaticinan es un gran interrogante sobre qué puede ocurrir en el juicio de esta macrocausa que afecta a Grau y Corbín. Y si, siguiendo el camino de Taula, podría ayudar a eximir de cualquier ilegalidad a ambos investigados.
