Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Una de las declaraciones más esperadas del juicio sobre la presunta financiación ilegal de las campañas del PP en València durante los años 2007 y 2011 ha llegado con sorpresa. El exasesor popular Jesús Gordillo, quien durante la instrucción del caso Taula confesó prácticas ilegales para sufragar los gastos electorales en un testimonio que se convirtió en clave para la investigación, ha eximido al que fuera vicealcalde de València Alfonso Grau de cualquier responsabilidad.
La declaración de Gordillo de este miércoles supone un giro total de la versión ofrecida a lo largo de la instrucción, incluyendo en el juzgado, y supone un espaldarazo para las versiones de los acusados, especialmente del que fuera mano derecha de Rita Barberá, aunque habrá que esperar a comprobar cómo lo interpreta la Sala. El presidente del tribunal le ha advertido sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio.
El exasesor de Grau trabajó en Laterne, que según los investigadores de esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula fue una agencia de comunicación de la que se sirvió el grupo municipal popular para financiar la campaña de 2007. Ésta, sostienen, no tenía actividad real y se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulados. Su administrador era Vicente Sáez, fallecido y a quien atribuyen amistad con Grau.
Ayer martes, un total de cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constataron en sus respectivas declaraciones el coste millonario de las campañas, también la de 2007. Uno de ellos señaló que éste pudo superar los dos millones de euros y que un testigo llegó a afirmar que fue de un millón. Si bien, en su opinión, el montante final "resulta difícil de cuantificar". Lo que aseguraron tanto él como el resto es que, en cualquier caso, la cantidad fue mayor al tope legal establecido.
Gordillo, sin embargo, no ha reconocido esta forma de actuar desde Laterne. Así, ha comentado que Grau no le dio ninguna orden sobre los pagos irregulares de facturas para las campañas de Rita Barberá. Igualmente, ha afirmado que el exvicealcalde tampoco le entregó nunca dinero en efectivo para ello.
En 2016, por contra, sí apuntó ante la Guardia Civil y posteriormente en el juzgado a que Grau le dio 350.000 euros para pagar facturas de la campaña. De hecho, llegó a aludir a dinero en efectivo en billetes de 500 euros y en sobres. Algo en lo que no se ha querido ratificar este miércoles y ha explicado que esos 350.000 euros se los dio en realidad Vicente Saez en presencia de Grau para pagar a los proveedores de Laterne.
Su tesis es que esos proveedores en realidad querían aprovecharse de la agencia pasando facturas hinchadas por los actos electorales, lo que elevó el coste final de la campaña del PP de forma artificial.
También ha hecho mención a que las facturas se abonaron, pero se produjeron impagos a los trabajadores y él mismo denunció. Había dinero en Laterne, ha afirmado, pero Sáez "no pagaba porque tenía otros vicios, como cocaína y prostitutas".
Gordillo se ha desdicho, del mismo modo, de sus declaraciones sobre que Grau se reunía con diversas empresas, contratistas del Ayuntamiento, que realizaron pagos para financiar al partido. En la misma línea, ha negado –en contra de lo que aseguró en 2016– que se cambiaran conceptos de facturas de empresas para pagar la campaña del PP.
Gordillo ha indicado, igualmente, que entregó una documentación en la Fiscalía sobre la caja B del grupo municipal porque un hombre al que no ha identificado y del que ha dicho que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. "Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos", ha relatado. A continuación, ha comentado que tuvo la documentación dos días en casa "sin mirarla" y que finalmente decidió entregarla a una periodista de Valencia Plaza.
La versión de Jesús Gordillo no se ajusta a la realidad, por decirlo suavemente. Fue él, efectivamente, la persona que entregó a una periodista de este periódico la documentación que acredita el presunto amaño electoral de la campaña del 2007, aunque no fue él quien la entregó a la Fiscalía. Gordillo acudió a la redacción con dos bolsas llenas de papeles, más de mil folios con facturas, albaranes, contratos y correos electrónicos. Allí explicó con detalle el contenido de los papeles y señaló cuáles eran los más relevantes.
Sin embargo, este miércoles ha dicho ante el tribunal: "Me obligó a entregar esa documentación un hombre que me paró en una calle poco transitada. Me negué y me enseñó una fotografía de mis hijos y me dijo que tuviera cuidado con mis hijos. Nunca he visto la documentación. Le pedí copia a la periodista para ver qué documentación era y aun estoy esperando". Esta última afirmación también es falsa, pues Gordillo se llevó de la redacción copia de los papeles en un pendrive.
Valencia Plaza decidió entonces, ante la evidencia de que podían ser la prueba de delitos graves, llevar las dos bolsas llenas de documentación a la Fiscalía, que pidió que no publicáramos su contenido para no entorpecer la investigación, ya que había riesgo de destrucción de pruebas. El contenido de los papeles y la investigación que se estaba llevando a cabo se publicó tres meses después.
El motivo de su cambio de versión, ha señalado, se debe a "errores" porque en 2016 estaba con depresión, medicado, en proceso de divorcio y "agotado" por las horas que estuvo esperando a prestar declaración y declarando. Además, ha comentado que recibió "presiones" de la Guardia Civil y que fue víctima de "preguntas capciosas o malintencionadas" por parte de los agentes.
De esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula se han encargado el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Ambos apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada".
Por estos hechos se sientan en el banquillo el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, además de José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento).
