VALÈNCIA. Destituido por cumplir una orden. Esa sería, a grandes rasgos, la síntesis de las circunstancias que provocaron el despido de Vicent Garcia como director general de Vaersa a la vista de los argumentos que la conselleria de Medio Ambiente y presidenta del consejo de administración de esta firma pública, Elena Cebrián, esgrimió para promover su sustitución por pérdida de confianza en su gestión.
Tal y como publicó este periódico a partir de la información reflejada en las actas de las últimas reuniones de su consejo, la publicación en la página web de la empresa de esos encuentros sacó a la luz un acuerdo del pasado mes de mayo para encargar a la Conselleria de Transparencia para que investigara e identificara al responsable de filtrar a Valencia Plaza información perjudicial para la propia consellera.
Casi dos meses después de que trascendiera esa investigación interna para buscar a un topo en la empresa pública, la consellera Cebrián propuso la destitución de Vicent Garcia como responsable de una deslealtad "intolerable". En concreto, criticó determinadas "formas y actuaciones" del entonces primer ejecutivo que derivaron "en desprestigio y desacreditación hacia la gestión llevada a cabo desde la Conselleria de Agricultura, MedioAmbiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y hacia su titular".
No obstante, tal y como recoge el acta de la misma reunión en la que se acordó iniciar una investigación para detectar al responsable de la filtración, la propuesta para dar publicidad a las reuniones del consejo de administración desde el comienzo de la legislatura partió de la propia consellera. Ese acta fue leída y aprobada ese mismo día con la firma de Cebrián y de José Moratal, vicesecretario del consejo.
Por ello también, resulta llamativo que, dos reuniones después, José Moratal, asegurase que el acta de la polémica búsqueda del filtrador fuese publicada en el portal de transparencia de la empresa "por orden" del director general sin su previa autorización.
La publicación de esos acuerdos fue seguida de un enorme revuelo que avivó la disputa interna entre Vers-Equo y la propia consellera Cebrián y que obligó incluso a intervenir a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para aclarar que la Conselleria de Transparencia no había recibido ninguna instrucción formal de Agricultura para investigar al presunto topo.
El encargo para buscar al filtrador fue aprobado por unanimidad en el consejo de Vaersa. El consejero Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura, fue uno de los principales defensores de la inspección para "identificar al directivo de Vaersa que presuntamente efectuó dichas declaraciones", en referencia a la información publicada por este periódico sobre las diligencias de investigación penal contra Cebrián y el propio Rodríguez Mulero, que acabaron archivadas.
Alfonso Puncel, subsecretario de la Conselleria de Transparencia y consejero de Vaersa, se ofreció entonces a investigar para "esclarecer los hechos" desde su conselleria. El propio conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, abortó de inmediato esa posibilidad: "No vamos a buscar a ningún topo, no está entre nuestras competencias y no lo vamos a hacer", manifestó el conseller en declaraciones a este periódico.
Tras esa desautorización en toda regla por parte de su conseller, en la siguiente reunión del consejo de Vaersa, Puncel formuló por correo electrónico a Vaersa "diversas consideraciones" sobre cómo se había reflejado su intervención en el acta de la reunión de mayo. A su juicio, sus palabras habían sido "erróneamente transcritas".
Por ello, el consejo de la empresa pública acordó modificar el documento original mediante una diligencia para renunciar a la búsqueda de responsabilidades personales. "En cualquier caso, la investigación debería ir exclusivamente dirigida a analizar el funcionamiento del servicio y el manejo de la información, pero nunca a la búsqueda de responsabilidades personales", refleja el documento tras la corrección.
