El documento, que resume toda la tramitación del proyecto, refuerza el principal argumento de los promotores: el "incumplimiento" clave con el que la Generalitat rechaza ahora el proyecto obtuvo el visto bueno de la misma administración en 2015, cuando el gobierno autonómico estaba en manos del PP.
Se trata de la llamada 'zona de servidumbre' delimitada por el complejo junto a la autovía CV-35. Los promotores, Intu Eurofund Investment, reservaron 50 metros a esta área libre de construcciones, tal y como también hicieron en su día el complejo Heron City o la tienda de la multinacional alemana Bauhaus -ambos construidos junto a la misma vía-.
El proyecto se planteó desde el principio con estas dimensiones sin que la anterior administración llamara la atención sobre esta cuestión. Además, en la misma línea, la anterior administración daba por bueno el proyecto de laminación del barranco d'En Dolça -que consiste en que la actuación compute dentro de la mencionada zona de servidumbre-.
Así consta en el informe emitido el 17 de abril de 2015 por la subdirección general de Ordenación, Planificación y ATE. "No hay factores críticos dentro de la ordenación estructural que impidan la emisión de la memoria ambiental", afirmaba entonces el organismo, tal y como recoge el documento publicado este miércoles por el Consell.
Extracto del 'visto bueno' a Puerto Mediterráneo en 2015, en el que no se cuestionaron los márgenes de la CV-35
Sin embargo, el informe desfavorable emitido ahora por la comisión de evaluación ambiental -adscrita a la Conselleria de Agricultura que dirige Compromís tras las elecciones de mayo de 2015- se acoge de forma estricta a la normativa modificada en 2006.
La ley vigente, según explican, obliga a reservar 100 metros junto a las autovías, y tal y como detalla la memoria "no hay motivo que justifique una excepción". La empresa, según la conselleria, se negó a extender esta distancia "porque habría perdido metros cuadrados de superficie comercial", según declaró a este periódico el Secretario Autonómico de medio ambiente, Julià Álvaro.
Intu Eurofund Investment considera esta circunstancia "un cambio absoluto de criterio por cuestiones de oportunidad y arbitrariedad". Se trata, según los promotores, de "una clara desviación de poder" y "un absoluto desprecio de la seguridad jurídica y la confianza legítima de la Administración".
En esta línea, como reveló este diario, la empresa acudirá a la justicia para defender sus intereses y reclamar una indemnización millonaria al considerar que existe responsabilidad patrimonial por parte de la administración -la enseña ya había comprado el 50% del terreno en el que pensaba instalarse en base a los informes favorables obtenidos hasta la fecha-.
Medio Ambiente discrepa sobre informes favorables
La memoria también recoge algunos aspectos curiosos como el choque de la comisión de evaluación ambiental con algunos informes favorables obtenidos por Puerto Mediterráneo, como el elaborado por la Sección de Análisis Territorial de Infraestructuras en mayo de 2016 sobre el cauce del barranco:
Los técnicos de la comisión -integrada al 50% por miembros de las consellerias de Medio Ambiente (Compromís) y Obras Públicas (PSPV)- tampoco comparten el criterio de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre los recursos hídricos en el lugar:
El proyecto está ahora a la espera del dictamen definitivo de la conselleria de Obras Públicas, que ya ha sugerido que se pronunciará en la misma línea que la comisión de evaluación ambiental. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sugería este martes que la única vía para desarrollar el proyecto era volver a empezar de cero.
Plano de los viales anexos a Puerto Mediterráneo, incluido en la memoria de evaluación ambiental del proyecto
Intu Eurofund Investment considera esta circunstancia "un cambio absoluto de criterio por cuestiones de oportunidad y arbitrariedad". Se trata, según los promotores, de "una clara desviación de poder" y "un absoluto desprecio de la seguridad jurídica y la confianza legítima de la Administración".
