Marcos Benavent, a las puertas de los juzgados. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 18, encargado de la macrocausa de Taula, ha abierto juicio oral al exgerente de Imelsa Marcos Benavent; al exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos; y a tres empresarios por la pieza E, centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007.
Son los relativos a la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de la ciudad como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, además de la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.
Los empresarios que tendrán que sentarse en el banquillo son Carlos Vicente Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005), Carlos Turró (responsable de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart) y Enrique Aleixandre Chumillas (por los contratos de la Mostra).
El juez toma esta decisión tras la petición de la Fiscalía y del propio Ayuntamiento de València, que figura como acusación particular. Se da la circunstancia de que el consistorio se personó cuando el gobierno lo componían Compromís y el PSPV, pero ahora lo dirigen el PP y Vox.
El magistrado atribuye a Benavent un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. A Vicente Burgos lo considera presunto autor de un delito continuado de malversación, mientras que a los empresarios les atribuye un delito de cohecho.
Además, les requiere a Benavent y a Burgos para que presten fianza por importe de 219.000 euros por las responsabilidades civiles que pudieran declararse.
Por estos hechos, la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Benavent; cinco años para Burgos; y tres años para los empresarios.
En su escrito de calificación, hace una cronología de lo ocurrido. Así, recuerda que de 2003 a 2008 se encontraba como concejal de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón (fallecida en 2018), quien en aquella época era pareja de Burgos y tenía capacidad de influencia en los contratos del consistorio.
En la Fundación Jaume II El Just "se encontraba colocado" Benavent con el conocimiento de su entonces gerente. "A pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP". Allí, dice, estuvo sin contrato y no desempeñó función efectiva alguna hasta que se fue a Imelsa (la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia).
Durante esos años, "se dedicó a cobrar comisiones a empresas a cambio de contratos públicos", recuerda el fiscal. Algunos de estos contratos habrían sido los del departamento de Cultura del Ayuntamiento de València: las obras de limpieza y mantenimiento de La Lonja; las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart; la XXVII Mostra de Valencia
La Fiscalía cree que todas esas adjudicaciones estuvieron amañadas, con interferencias en las Mesas de contratación y en las puntuaciones favorables a las empresas que se las llevaron o con la introducción de criterios subjetivos en los pliegos de condiciones.
