(Foto: MARGA FERRER)El magistrado sobresee la causa contra Adriana Hernández porque presentó una denuncia que acreditaba que la trama corrupta no la dejaba trabajar
VALENCIA. La pieza separada de los conocidos como ‘zombis’, o trabajadores de la empresa pública Imelsa que presuntamente cobraron sin ir a trabajar, empieza a tomar forma. El magistrado instructor de la causa ha decido mantener imputados a todos salvo a una persona.
La única investigada que, por el momento, se salva de seguir respondiendo ante la Justicia es Adriana Hernández, que en su día fue en las listas al Ayuntamiento de Valencia de la mano de Rita Barberá en 2015 y cuyo letrado, David Gónzalez Wonham, presentó en el juzgado una denuncia que su cliente interpuso contra Imelsa por “no dejarla trabajar, ni darle un puesto específico que ocupar”.
Así, de las 21 personas que quedaban como investigadas dentro de la causa, 20 siguen imputadas. Hay que recordar que a otros siete investigados ya se sobreseyó la causa respecto a sus personas.
Entre los que quedan como investigados está el ex secretario general de UGT en Imelsa, coordinador de brigadas forestales y exalcalde de Llutxent, Honorio Estornell; el presunto testaferro de Benavent, José Estarlich; el trabajador de Engloba, Oscar Pavón, y el hijo de Estornell, Rubén Estornell, que también fue secretario general de UGT tras la marcha de su padre.
Según se expone en los autos emitidos por el magistrado Víctor Gómez a los que ha tenido acceso Valencia Plaza, el instructor mantiene las imputaciones por varias razones, entre ellas, porque aunque la mayoría “no sean funcionarios públicos, de acuerdo con lo informado por el Fiscal, la imputación se sostiene jurídicamente en aplicación de la doctrina jurisprudencial según la cual en los delitos propios, especiales por la cualidad de autoría especial del sujeto pasivo, y en concreto en los de malversación, las personas que aun careciendo de esa condición subjetiva especial (en este caso de funcionario público), pueden responder penalmente a título de inducción o de cooperación necesaria”.
El juez, con respecto al ex secretario general de UGT Honorio Estornell, que está acusado de cobrar un finiquito por su despido supuestamente superior al que le correspondía afirma que: “Aunque no hay en autos de un cálculo preciso de la indemnización de 108.000 que se le atribuyó, se puede llevar a cabo en lo esencial la indemnización que legalmente le correspondía atendiendo a la antigüedad (febrero de 1995) y salario a diciembre de 2007 como despido improcedente, y ese cálculo supera los 95.000 euros a razón de 45 días por año trabajado, sin superar el límite de las 42 mensualidades”.
Y prosigue diciendo que: “Sobre esa base, y considerando como posibles las demás razones por él alegadas, entiendo que se sostiene con corrección y fundamento la argumentación de su defensa poniendo en evidencia la debilidad justificativa de los indicios que pudieran incriminar a su defendido”. Pero: “Ahora bien, la instrucción debe de apurar, en lo esencial, las fuentes de información y prueba, y deben evitarse decisiones de cierre del proceso, (aunque sea para una sola persona) mientras haya comprobaciones que efectuar y en este caso, debe esperarse al resultado de la declaración que sobre los extremos que al solicitante afectan, pueda llevar a cabo el investigado Marcos Benavent. Entonces se decidirá”.
Pero no sólo de la garganta profunda de los investigadores dependen las imputaciones. Si bien es cierto que casi toda la causa se sostiene sobre las declaraciones del exgerente de Imelsa, hay varias imputaciones que dependen de lo que declaren otros investigados. Este es el caso de Ángel Ramón Sáncis. Según el magistrado que siga o no encausado dependerá de lo que declare el exjefe de gabinete de Alfonso Rus, Emilio Llopis.
