Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. El magistrado instructor de la operación Taula ya ha enviado su escrito razonado al Tribunal Supremo (TS). En dicho escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Víctor Gómez Saval expone los motivos por los que cree que se debe investigar la presunta implicación de la exalcaldesa de Valencia, y actual senadora del PP Rita Barberá en un presunto delito de blanqueo de capitales.
Así, se abre la puerta a la posible imputación de la que fuera máxima dirigente del PP de Valencia los últimos 20 años. De nada ha servido el escrito presentado por Barberá en el juzgado, ya que el magistrado continúa creyendo que existen indicios más que suficientes como para que el Supremo impute a Rita Barberá.
Si bien es cierto que, más allá de lo que hasta ahora se ha revelado, no hay nada, pero lo que tiene es más que suficiente para elevar su escrito al TS, y así lo expone en su escrito el magistrado. Saval dice que "no se desprenden nuevos datos significativos de una implicación concreta de la persona aforada en los hechos que se investigan, por lo cual este juzgador considera que la pendencia de ese resultado no es óbice para la remisión al Tribunal de la presente exposición, y caso de revelarse algún nuevo dato, obviamente será comunicado".
Sobre el porqué del escrito, el magistrado afirma que: "Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".
También informa que Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, Mari Carmen García-Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, "como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre Barberá y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquélla".
Y sobre el escrito aportado por la exalcaldesa en el juzgado dice: "A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposición".
Aunque, a favor de la exalcaldesa, sí que explica que "debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla testimonian una participación concreta y personal de Barberá en la entrega de dinero ni en la propuesta o indicación para dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara".
En su escrito el magistrado explica toda la dinámica del blanqueo. Así expone que "la exconcejal María José Alcón mantiene una conversación desde su teléfono con un hijo suyo en la que refiere a éste que ha efectuado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, habiendo percibido en efectivo, y a cambio, dos billetes de 500 euros".
El juez prosigue diciendo que "en esa conversación, María José Alcón se refiere a la investigada Mari Carmen García-Fuster como la persona que le hizo entrega de esos billetes. En la conversación se recogen manifestaciones de la investigada indicativas de la plena conciencia del procedimiento de blanqueo y referencias genéricas a la corrupción en el seno del partido. En dicha conversación Alcón cita a Rita Barberá, si bien sin hacer una imputación precisa de hechos concretos en esa operativa".
Foto: EVA MÁÑEZEn referencia a la pieza del blanqueo, el juez asegura que estructura la investigación en dos elementos, "la mecánica comisiva y el origen del supuesto dinero blanqueado".
En cuanto a la primera dice que, "de lo ya expuesto, se deduce su simplicidad, dado que lo que se investiga es si bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se ocultaba el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular; señaladamente, de la secretaria del Grupo, que era la persona que operaba de facto con las dos cuentas bancarias conocidas abiertas a nombre de dicho Grupo, en especial, la abierta en el Banco de Sabadell".
Añade que los indicios principales de esa operativa son el reconocimiento de la misma por dos investigados y el testimonio de cuatro testigos. Además, como se expone en el escrito de Fiscalía, existe un anónimo remitido a la Delegación Provincial de la Fiscalía Anticorrupción.
Y explica que "por este instructor se está tratando además de aclarar el origen de los ingresos efectuados por determinados investigados en la misma fecha o en fechas inmediatas en cuentas de su titularidad y que, se trata también de discernir las circunstancias relativas a la decisión de efectuar esas aportaciones en el ámbito del denominado Comité de Campaña".
En cuanto al origen del supuesto dinero blanqueado, el magistrado explica que "la investigación es más compleja, por la propia naturaleza, opaca, de ese dinero presuntamente aflorado".
Pero dice que, ciertamente, "la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia que se investigan en la causa principal son muy anteriores en el tiempo, pero a pesar de ello, del examen de la cuenta bancaria investigada del Banco de Sabadell, según la libreta de anotaciones que llevaba personalmente Mari Carmen García-Fuster se evidencia, ya desde el año de 2001, la existencia de determinados ingresos en efectivo que anotaba como "C GP" y "CyA" por importe que en conjunto superan los 200.000 euros, y respecto de los cuales la investigada en su declaración sólo ha aclarado que esa anotación se corresponde a "colaboradores y allegados" no queriendo desvelar ni el origen concreto de ese dinero ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar".
"Ese dato es significativo en la medida en que, de esos ingresos, en el año 2003 se recogen cinco de 11.000 euros de enero a mayo. Y de noviembre de 2010 a mayo de 2011 cuatro de 29.000 euros y uno de 28.500. Ambos años eran años de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas en mayo. Este tipo de apuntes en la cuenta ya no se recogen en el año 2015", concluye.
