Foto: KIKE TABERNER.VALÈNCIA. Hay un plan B para la ZAL, una alternativa que no se ha visto afectada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Fue en marzo de 2013 cuando el TSJ de la Comunitat Valenciana anuló por segunda vez el plan especial para poner en marcha la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València. Con este segundo fallo a cuestas, en abril de ese año el consejo de administración del Puerto decidió por unanimidad comenzar a diseñar un plan especial ex nuovo.
Este plan está previsto que vea la luz en abril de este año, cuatro después de ser planteado. Así lo confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria, que explicaron que se ha ido preparando en paralelo a los recursos judiciales presentados contra la anulación de la ZAL. Una vez concluido el periplo judicial que les ha obligado a retornar a la casilla de salida, el calendario está claro: si se cumplen los plazos de tiempo previstos, el nuevo plan estará redactado y aprobado en 12 meses, por lo que la ZAL estaría operativa en abril de 2018.
El plan B, aseguran estas fuentes, se encuentra muy avanzado si bien se están introduciendo, dicen, unas mejoras paisajísticas en función de las recomendaciones que han recibido tanto desde el Ayuntamiento de València como la Generalitat. Estas mejoras incluyen la creación de una suerte de fachada natural de árboles y vegetación que separará la ZAL de las zonas de población de La Punta.
La sentencia contra el proyecto se ha debido a una cuestión de forma, insisten desde el Puerto de València. El modificativo del Plan General de Ordenación Urbana para el desarrollo de la ZAL fue rechazado en 2009 por no incluir el preceptivo informe de Costas. Por su parte, el fallo judicial de 2013 lo que indicaba es que el Plan Especial se debía tramitar desde el principio, que no valía el parche de incorporar el texto a posteriori.
Otro tanto ha sucedido en la nueva sentencia del Supremo, en la que se señala que, pese a todo, la Administración puede impulsar la aprobación de un nuevo planeamiento al tratarse de infracciones formales, y no de fondo, las que determinaron la nulidad.
Mucho ha llovido desde que comenzó a plantear el proyecto allá en el lejano 1994. Fue en 1998 cuando se aprobó el primer plan, con Eduardo Zaplana en el Palau de la Generalitat, que sigue vigente; y al año siguiente se puso en marcha, con el visto bueno de la Administración autonómica gobernada por el PP, el Plan Especial Modificativo, el que permitía cambiar la clasificación del suelo de rústico a logístico y que carecía del visto bueno de Costas. ¿Por qué no se incluyó este informe? Porque se consideró innecesario, ya que era un terreno al que no le afectaba la demarcación de Costas. Un error. Era una Plan Especial y eso exigía contar con ese informe. Así lo marca la ley.
Este defecto formal ha sido el que ha lastrado hasta la fecha la puesta en marcha de la ZAL. Pero el área logística, recuerdan desde la Autoridad Portuaria, está ya urbanizada y terminada. De hecho el Puerto es propietario de varias de las pastillas de terrenos, que le han sido pagadas a la SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo que depende del Ministerio de Fomento que lo ha urbanizado. Y como propietario que es, la Autoridad Portuaria abona al Ayuntamiento en concepto de IBI en torno a 70.000 euros anuales por unos terrenos que no puede usar.
En la Autoridad Portuaria entienden el malestar de los vecinos de La Punta que, 20 años después de que comenzará su calvario, y más de diez desde que fueran desalojados, contemplan cómo no se ha hecho aún nada en las tierras donde ellos habían nacido, en los campos que habían trabajado.
En parecidos términos, desde el actual gobierno de la Generalitat se comparte que la actuación de la ZAL “nunca tendría que haberse realizado de la forma en la que se hizo, y así lo han asegurado también los tribunales”, recuerdan.
Todo ello, empero, no implica que se vaya a rectificar. La ZAL saldrá adelante sí o sí. “El mismo tribunal reconoce que ya no se pueden recuperar las tierras perdidas puesto que los terrenos han sido expropiados y urbanizados”, indican desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, al tiempo que recuerdan que se han invertido 160 millones de euros de dinero público. Si no se había puesto en marcha antes ha sido porque no se contaba con la garantía jurídica necesaria para la comercialización del suelo.
No hacerlo ahora que se tienen las manos libres sería poco menos que tirar ese dinero a la basura, además de que es prácticamente imposible recuperar esos terrenos para la huerta (el coste sería miles de veces mayor que el rédito). Y, sobre todo, supondría una considerable merma de ingresos y potencial económico para el Puerto de València y, por extensión, para la ciudad y la Comunitat.
Falta por determinar qué modelo de explotación se seguirá cuando se ponga en marcha la ZAL. Esta cuestión se halla en manos de los servicios jurídicos del Puerto. Derecho a superficie, alquiler, la figura por la que se comercializará el suelo aún no se ha decidido.
En cualquier caso urge, dicen. En la Autoridad Portuaria han calculado que la ratio de creación de empleo será de 95 trabajos directos por cada 10.000 metros cuadrados construidos, por lo que se podrían alcanzar los 2.600 empleos directos. Y si se tiene en cuenta que el factor multiplicador de empleo indirecto en el sector de la logística es de 2,5, estaríamos hablando de 6.500 empleos indirectos más. En total, pues, más de 9.000 puestos de trabajo.
