Víctor Soler (izquierda). Foto: ÀLEX OLTRAGANDIA. El próximo 7 de marzo tendrá lugar la junta general ordinaria para proceder a la liquidación de Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), la empresa propiedad del Ayuntamiento que en los últimos meses ha sido protagonista de los escándalos políticos de Gandia. Un cierre que ya se puso sobre la mesa en 2014, cuando aún gobernaba el Partido Popular de Gandia, pero que finalmente no llegó a materializarse.
Creada en 2006 por el Gobierno socialista encabezado por José Manuel Orengo en coalición con el BLOC, con el paso de los años IPG se ha convertido en un nido de sospechas. Desde la oposición, el Partido Socialista ha denunciado siempre la opacidad de la empresa y la calificaban como “la cueva de Ali Babá”. De hecho, el Partido Socialista llegó a denunciar ante los tribunales la falta de información que tenían sobre la misma.
Con la llegada al poder de la izquierda gracias al apoyo del único concejal de Ciudadanos, salieron a la luz algunas maniobras calificadas de dudosa legalidad y que la empresa se ha visto envuelta dentro de la trama de Púnica. Ello, sumado a las pérdidas millonarias, hacen que el próximo 7 de marzo se ponga en marcha su proceso de liquidación.
Ese mismo día, la junta adoptará acciones judiciales contra los anteriores miembros del Consejo de Administración de IPG, todos ellos del Partido Popular: El exalcalde Arturo Torró; el asesor del partido Javier Reig; el actual Presidente de la formación gandiense, Víctor Soler; el concejal Guillermo Barber, y Lola Moncho, ex consejera de IPG.
Al respecto, Víctor Soler ha pedido directamente a la vicealcaldesa y portavoz de Més Gandia, Lorena Milvaques, que exija esas mismas responsabilidades sociales a los gobiernos del PSOE desde que en 2008 IPG comenzara a funcionar. “Contarán con nosotros si aceptan la propuesta de extender la exigencia de responsabilidades sociales desde la constitución de todas las empresas públicas, para conocer la radiografía exacta de qué ha pasado en las empresas públicas municipales”, ha afirmado Soler, quien sostiene que la no inclusión de anteriores miembros de IPG supone “una cacería política y causa generalizada contra el PP, que nos deja en clara indefensión”
Asimismo, Soler ha asegurado que algunas acciones realizadas durante el gobierno socialista fueron “auténticos desmanes”. Es el caso de la compra de bienes inmuebles que han ido perdiendo de valor con el paso del tiempo, la solicitud de créditos multimillonarios o, entre otros, “acuerdos de dudosa legalidad”, como el del edificio Innova.
Por último, y haciendo referencia a las acusaciones del Gobierno con respecto a la gestión realizada por el Partido Popular durante su mandato, el portavoz popular ha expresado que en la auditoría que se presenta en la próxima reunión no indica ninguna irregularidad realizada en la gestión de 2014 para que ahora el actual gobierno pretenda exigir “responsabilidades sociales” al anterior ejecutivo.
En este sentido, el coordinador de Economía y Hacienda del Gobierno, Salvador Gregori, ha afirmado que el Partido Popular hizo “un uso perverso de IPG: Utilizaron la empresa para contratar a gente y lo hicieron de forma irregular, contrataron a unas 200 personas que nos costaban 300.000 euros al mes, emplearon IPG para hacer contratos que incumplían la legalidad y se han hecho obras sin contrato”.
Gregori ha recordado que IPG deja un balance negativo de 38,5 millones de euros en 2014, de los cuales, 20 corresponden a la depreciación del mercado inmobiliario y, los otros 18,5 “se han perdido por la gestión del Partido Popular.
