La alcaldesa de València, María José Catalá. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Giro de 180º en la política de 'pactos' en el Ayuntamiento de València. El Consejo de Administración de Aumsa aprobó este lunes el nombramiento de la nueva gerente de la empresa urbanística municipal, Ana Gil, con los votos a favor del PP y del PSPV, frente al rechazo de Vox y la abstención de Compromís.
Una votación inesperada, tanto por su resultado como por el momento elegido para realizar el relevo al frente de la sociedad, pues según la oposición, los populares incluyeron en el orden del día el cese del anterior gerente, Alberto Aznar, pero no la designación de su sustituta. Algo que obligatoriamente debían hacer con, al menos, 48 horas de antelación.
Pese al malestar que ello generó, el resultado del sufragio sirvió, por un lado, para cabrear a los "socios preferentes" del equipo de gobierno actual. Pero también para reforzar la posición de la alcaldesa, María José Catalá, que pudo anotarse un tanto a su favor después de varios episodios de desencuentros entre PP y Vox en los que el grupo liderado por Juanma Badenas subrayaba la "debilidad" en la que se encontraba el ejecutivo local al necesitar su apoyo para aprobar prácticamente todo: desde las ordenanzas fiscales, hasta mociones del pleno o nombramientos en empresas públicas.
El antecedente del pasado viernes, de hecho, cuando los voxistas taponaron la renovación de la cúpula de la EMT elegida por los populares, fue una buena muestra de ello y del clima de tensión que llevaba imperando varias semanas. Algo así como un aviso a navegantes de que todas las exigencias y ultimátums que lanzaban los dirigentes de Vox no eran 'faroles', sino que tenían intención de llevarlas hasta sus últimas consecuencias.
Con este telón de fondo, este lunes estaba previsto el cese de Aznar, para el cual el Partido Popular se bastaba con sus votos, dado que solo requería de mayoría simple. Sin embargo, para nombrar a alguien al frente y no dejar la mercantil descabezada o con la gerencia vacante, requería de una mayoría cualificada. Es decir, que necesitaría los votos de Vox, PSPV o Compromís porque, de lo contrario, volvería a revivir lo acontecido el viernes.
La sorpresa, así, llegó por parte de los socialistas, que decidieron brindar sus votos con la excusa de "desbloquear una situación que había llevado a Catalá a estar en manos de Vox". Y enmarcaron la votación en un "apoyo puntual y excepcional" dado que el funcionamiento de Aumsa es "fundamental para desarrollar la políticas públicas de vivienda" y que pueda seguir adelante el Plan de Vivienda que los socialistas dejaron en marcha.
"Vox estaba bloqueando la renovación y podría haber supuesto dejar descabezada una empresa fundamental", expuso Gómez tras advertir que lo ocurrido en el consejo era "un toque de atención a Catalá". "Es evidente su debilidad y que tiene que negociar y dialogar con todas las fuerzas políticas porque está en minoría", subrayó.
En este sentido, lo cierto es que la alcaldesa no podrá contar con los socialistas como aliados el resto del mandato como para no necesitar a Vox en alguna ocasión. Por ejemplo, en las ordenanzas fiscales presentadas el pasado viernes, el gobierno deberá negociar sí o sí con Badenas y su equipo, dado que socialistas y valencianistas no están a favor de la rebaja de impuestos. Y la validación de este documento en el que se recoge la previsión de ingresos es primordial para poder comenzar con la elaboración de las cuentas y sacarlas adelante.
Sin embargo, a pesar de este escenario, el hecho de que los socialistas mostraran cintura este lunes -también propiciada por la petición del propio Aznar de salir del ente- y de que el PP les tendiera la mano y lograra su apoyo, sirvió para dar un toque de atención a Vox y que la primera edil pudiera lanzar un mensaje a sus "socios preferentes" de que es capaz de buscar apoyos en diferentes flancos. La próxima batalla, o al menos la más importante, serán las propias cuentas municipales de 2024.
El propio perfil de Ana Gil para Aumsa también resulta relevante, puesto que se trata de otra persona de confianza de Catalá. La alcaldesa de València la colocó en el número 16 de su lista al Ayuntamiento para las pasadas elecciones municipales. Iba en puesto sufridor, al igual que el resto de los responsables de los distritos de la ciudad –ella es presidenta de Abastos– y a los que la dirigente popular ha ido repescando para otros puestos.
Gil es abogada de profesión, experta en Derecho concursal, en delitos socioeconómicos, en Derecho de daños y responsabilidad civil y en Derecho de la circulación, así como mediadora civil y concursal. Se trata de un perfil muy próximo a la diputada Elena Bastidas. Formó parte de la gestora de València ciudad que Génova impuso en 2016 tras el estallido del caso Taula y también ocupó una vicesecretaría en el PP de la provincia de Valencia tras la reestructuración interna que Vicent Mompó acometió a su llegada como presidente en 2020.
Gil ha asesorado al partido en materia jurídica. El pasado verano llevó, junto a Bastidas, dos quejas al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo por los casos de abusos a menores tutelados por la Generalitat –en mitad de la polémica por el exmarido de la que que fuera vicepresidenta del Consell Mónica Oltra–. Igualmente, se encargó en nombre del PP durante una temporada de la causa judicial que afecta a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig.
