Solo están inscritos los terrenos, pero la parte que está en València figura "por error" en el Registro de la Propiedad de Paterna
VALÈNCIA. El rescate público de Feria Valencia encalla de nuevo. La compleja operación para que la Generalitat asuma la millonaria deuda del recinto y ceda la gestión a una empresa privada apenas ha arrancado debido a una cadena de errores burocráticos a caballo entre lo cómico y lo esperpéntico. Uno de los ejes del plan es la cesión del recinto por parte del Ayuntamiento, pero esta no puede llevarse a cabo porque los edificios, que suman 230.000 metros cuadrados y costaron más de 586 millones de euros, no están inscritos en el Registro de la Propiedad.
Según el protocolo de intenciones que las administraciones suscribieron el pasado año, el Ayuntamiento de València debe rescatar la actual concesión administrativa a favor de Feria Muestrario Internacional de Valencia y otorgar una nueva concesión demanial gratuita a favor de la Generalitat "sobre los bienes y las instalaciones del recinto" por un periodo de 75 años. La Generalitat, a partir de ahí, gestionará la actividad ferial mediante una sociedad mixta en régimen de colaboración público-privada y de la mano de uno o varios socios tecnológicos escogidos mediante un diálogo competitivo.
Sin embargo, el rescate de la concesión actual de la entidad ferial y la formalización de la nueva aún están lejos. Antes es necesario resolver el embrollo burocrático que existe con la propiedad del recinto. El problema es que, según revela la información disponible en el Registro de la Propiedad de Paterna sobre las parcelas en las que se levanta el inmueble, éste no existe a efectos administrativos y, por lo tanto, el Consistorio no podría completar la concesión demanial sobre un bien que no tiene registrado.
Según revelan las notas simples consultadas por Valencia Plaza, el Ayuntamiento de València figura como actual titular de varias fincas de naturaleza urbana en Benimámet y Paterna que suman más de 335.000 metros cuadrados. Entre ellos están los 195.000 metros cuadrados de suelo que el Consistorio le compró al Ministerio de Defensa en 1964 para trasladar el recinto a su actual ubicación y otras dos fincas de menor superficie en Benimámet y Paterna de las que el Ayuntamiento de València es titular desde 2002, año en el que se planificó la ampliación del recinto hasta su dimensión actual.
Pues bien, en ninguna de las descripciones de los bienes en el Registro se hace referencia a los edificios construidos en esas parcelas de terreno porque nunca llegaron a ser inscritos. Expertos consultados atribuyen esta deficiencia a un probable problema con la licencia que habría impedido contar en su momento con la declaración de obra nueva de las construcciones.
Lo cierto es que Feria Valencia nunca ha pagado impuestos municipales, ni por los edificios que construyó –y que ha acabado pagando la Generalitat– ni por el suelo municipal que ocupa. Sin embargo, el Consistorio sí ha reclamado en alguna ocasión el pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, en la memoria que acompañó a las cuentas del ejercicio 1994 los gestores del recinto explican cómo gracias a un falló del Tribunal Económico-Administrativo de València la Feria quedó exenta de tener que pagar el IBI y se libró de tener que abonar los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) que le reclamaba el Consistorio por los ejercicios no liquidados.
Feria Valencia, definida a sí misma como una asociación de utilidad pública, siempre ha utilizado la ambigüedad sobre su naturaleza jurídica para declararse pública o privada según sus intereses, por ejemplo para no tener que pagar impuestos como el IBI o el Impuesto de Actividades Económicas. Hasta que la Administración General del Estado no la incluyó como una entidad pública a efectos de contabilidad nacional, cuando la Generalitat pasó a hacerse cargo del pago de su deuda financiera, los anteriores gestores del recinto también se negaron a hacer públicas sus cuentas anuales.
Además, cuando el equipo liderado por el expresidente Alberto Catalá, con Rita Barberá como presidenta del patronato, impulsaron el costoso plan de ampliación con el aval financiero de la Generalitat, las garantías hipotecarias no se constituyeron sobre ese conjunto de pabellones nunca inscritos en el Registro de la Propiedad, sino sobre la concesión administrativa.
Cuando en 2002 Feria Valencia lanzó una emisión de obligaciones simples de 227,5 millones para financiar su ampliación, se incluyó una cláusula de garantía en el contrato con una promesa de constituir una hipoteca sobre la concesión administrativa a favor de los obligacionistas y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) –el otro financiador– en el supuesto de pérdida de solvencia del avalista, en este caso la Generalitat. De haber intentado hipotecar los edificios, no habrían podido.
Pero la chapuza administrativa no acaba ahí. Casi medio siglo después de trasladarse a su emplazamiento actual, lo único que es una realidad a efectos del registro son las fincas sobre las que se levanta el inmueble, pero estas tampoco están bien inscritas, según el Ayuntamiento de València.
Según explicaron a este periódico fuentes del departamento de Patrimonio del consistorio valenciano, los terrenos de Feria València figuran en el Registro de la Propiedad de Paterna y no en el de València por un "error" que sendos ayuntamientos tratan de subsanar ahora.
El equívoco se remonta a 1964, año en el que València adquirió al Ministerio de Defensa 195.000 metros cuadrados de su término municipal para trasladar allí el recinto ferial. Esa bolsa de suelo se segregó de los 1,7 millones de metros cuadrados ocupados por el ejército hasta entonces entre los términos municipales de Paterna –aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados– y València –medio millón en la pedanía de Benimámet–.
Cuando se produjo el traspaso de esos terrenos, sobre los que hoy se levanta tanto Feria Valencia como el velódromo Luis Puig, la segregación y escritura de los 195.000 metros adquiridos por València se registró en Paterna pese a pertenecer al termino municipal de la capital.
Las mismas fuentes explican que el fallo se detectó por primera vez en 2008 gracias a un aviso del Ministerio de Defensa. En ese momento ya se produjeron algunas reuniones entre el Ejército y los dos ayuntamientos para subsanar ese "error técnico registral", ya que no existía choque de intereses sobre la propiedad.
Sin embargo, el asunto sigue sin resolverse años después. Patrimonio en el Ayuntamiento de València alude a la "complejidad técnica" que implica realizar ese cambio en el registro, aunque se está trabajando en ello. El primer "escollo", asegura, son los lindes. "Debemos sentarnos para establecer la línea clara, para matizar los lindes claramente, porque se van unos metros", explican las mismas fuentes.
Mientras esta cuestión y el registro de los inmuebles no se aclare, la concesión demanial para el uso del inmueble que el Ayuntamiento ha de formalizar a favor de la Generalitat, uno de los ejes del plan de rescate de la Feria, se antoja lejana. "De momento no estamos en eso", admiten desde el Ayuntamiento de València.
