Foto: CHRISTOPHE GATEAU / DP / DPAMiguel de Cervantes fue un adelantado a su tiempo. A lo largo de su obra supo captar no solo la fragilidad de la condición humana, sino la visión de una Justicia tan necesaria como vulnerable. A esa noble tarea se consagró Don Quijote, un caballero andante que no dudó en abjurar de la ley cuando esta se apartaba de la Justicia. Uno de los ejemplos en los que mejor resplandece esta consideración es en el entremés El retablo de la maravillas. En su trama se relata una historia que nos puede resultar familiar: dos pícaros llegan a un pueblo y ofrecen a las autoridades una representación teatral. Aseguran tener un retablo mágico, cuyas escenas solo pueden ser vistas por los cristianos viejos e hijos legítimos. Todo es falso. Pero el temor a ser acusados de herejes hace que nadie se pronuncie en sentido contrario. Únicamente se alza la indignada voz de un militar, quien no duda en denunciar la farsa. Para sorpresa del lector, quien denuncia se convierte en réprobo, por lo que no tarda en ser linchado. Una vez más, los trúhanes se han salido con la suya, hasta el punto de que vuelven a representar la farsa pueblo tras pueblo, con la anuencia de un respetable público en el que no se halla un joven que diga "el rey está desnudo". ¿Lo hay en las filas del PSOE?
Es probable que algún lector pueda pensar que me muevo en el terreno de lo literario y no en el de la realidad. Los años me han enseñado que ficción y realidad van más parejos de lo que pudiéramos imaginar. No en vano, en los años 50, el científico Slomon Asch realizó un célebre experimento sobre la conformidad social. En él demostraba que cuando un individuo se rinde ante el poder, lo que siente y piensa se equipara a los dictados de quien lo ostenta. Así, cuando cinco personas, previamente aleccionadas, afirman que la línea B es mayor que la C, no siéndolo, el sexto componente, por temor, termina renegando de la verdad, para sostener que B es mayor que C. Se impone la mentira. Se impone la desconfianza. Se impone la amenaza. Se impone la claudicación a las reglas de la lógica. Se impone porque quien sostiene la certeza de los hechos se convierte en un ser nocivo al que se debe estigmatizar. Así nos lo recuerda, día tras día, la prensa del Régimen. Con ella cuenta quien exige sumisión absoluta. Ella lo sabe, por lo que no duda en escribir editoriales en los que se repudia a quien se manifiesta contra el único partido que debe gobernar SIEMPRE. ¡Cómo se atreven a salir a la calle! ¡Cómo se permiten recurrir al sacrosanto derecho a la libertad de expresión y de reunión! Es un derecho al que no pueden acogerse ni la caverna ni la derecha irredenta, y menos aún esa masa tenebrosa de franquistas –¿hubo alguna vez tanto franquista?–. La calle, como el gobierno, es nuestro. Solo nuestro. El Pravda lo certifica. Los militantes del partido sanchista lo asumen. La extrema izquierda lo jalea. Los chicos del 3% lo admiten sin reservas. Y mientras, los hijos de Sabino Arana se frotan las manos porque las leyes españolas ya no rinden cuentas en su soñada Euskal Herria. ¡Cómo no le van a apoyar si les ha entregado TODO lo que han pedido a cambio de quedarse en la poltrona!
Pero, de vez en cuando, el milagro se produce. Un milagro del que descreía la izquierda antisistema –en la que ya está el PSOE– y la derecha antiespañola, esa que tanto cuida Sánchez, y sin la cual su poder y su belleza se desvanecerían. Pero se ha hecho realidad. Aunque les pese, es tan innegable como imparable. Aunque les disguste a quienes se quedaron en los mantras del mayo del 68, desde que se han ido desvelando los acuerdos llegados por un presidente que abjura del Estado de Derecho, una gran parte de nuestra ciudadanía –todas las asociaciones de jueces, fiscales, sindicatos, colegios de abogados, cuerpo diplomático, académicos, y así hasta llegar al Tribunal Supremo (la chusma jurídica, claro)– no solo deplora, sino que rechaza enérgicamente lo que está sucediendo en la vida política española: el fin del Estado de Derecho y de la Nación española.
No cabe duda: la sociedad civil ha salido para gritar ¡BASTA YA de esta dolorosa desfachatez! ¡BASTA YA! ¡BASTA YA de tanta envenenada mentira! Y ese BASTA YA ha salido a la calle porque ha comprobado que la igualdad ante la ley, lisa y llanamente, se ha evaporado de la esfera pública. Ha salido a la calle porque ha tomado conciencia que contra la traición más grosera que uno recuerde, ya no es posible la equidistancia. Ha salido a la calle para recordar que la Justicia exige la igualdad, la no discriminación, la ausencia de privilegios y la protección al más vulnerable, lo que impide que se proteja y ampare a quienes infringen las leyes, a quienes se atreven a dar un golpe de Estado (A. Guerra), a quienes se fugan "heroicamente" de la Justicia escondido en el maletero de un coche, a quienes vilipendian al conjunto de los españoles y a quienes impiden que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna, contraviniendo, con ello, los dictámenes de la Unesco. Y aún nos queda lo peor. La próxima demanda que exigirán será un referéndum. Se lo concederá. Con otro nombre, eso sí. Lo llamarán consulta soberanista, u otro eufemismo parecido. Y lo sacarán adelante, porque para este indeseable fin ya cuentan con un "noble" peón en el Tribunal Constitucional, o lo que queda de él.
Por desgracia, no nos movemos en el terreno de la parodia. Más quisiéramos. Tampoco pretendemos realizar una descripción suavizada de una realidad, porque esta, a mi juicio, es dramática. Así lo reconoce una sociedad civil que siente que ha de intentar evitar que se cumpla este pronóstico sencillamente desolador. Porque no sale, como ha dicho el ex President de la Generalitat Ximo Puig, para impedir que un partido gobierne. Esto es falso. Sale para repudiar que Sánchez, para sostenerse en el poder, se acoja a una práctica tan inmoral que ofende a la ética política: mentir e incumplir su programa electoral a sabiendas, y lo que es aún peor: entregar España a los que odian España y a su Orden Constitucional, creando un clima de riesgo y de inseguridad no conocido hasta ahora. La prueba es que mi planteamiento no dista del que suscriben notables socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Nicolás Redondo, Pedro Bofill, José Luis Corcuera, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el mismísimo Page. ¿También son franquistas? ¿También forma parte de la caverna Juan Luis Cebrián? Lo será, porque acaba de escribir un artículo titulado "Disculpa a la traición; premio a la culpa" (El País), donde afirma: "Pedro Sánchez no debe preocuparse más por su lugar en la Historia: con toda probabilidad acabará metido entre la chatarra". ¡José Luis, bienvenido a la caverna!
Qué tiempos aquellos en los que los Ximo Puig de turno aclamaban gozosamente a González y a Guerra. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Os diré: una ambición desmedida, pareja a la ausencia de "decencia moral" (Cebrián). No importa pactar con Mefistófeles si este te entrega el poder. No importa convertirse en otro Dorian Grey si el pacto con el diablo te mantiene efebo de por vida. Pero el espejo de la vida te retrata. Recoge toda tu podredumbre, las que tú, Sánchez, dejarás esparcidas por las calles de una fragmentada España, de un país que poco o nada te interesa.
Pero algo ha cambiado. No cabe duda. Buena parte de las gentes de este país ha detectado un riesgo que viene a poner en peligro la nación por la irresponsabilidad de un presidente que no le tiembla el pulso a la hora de vulnerar la división de poderes, porque para poderes, el suyo. Faltaría más que se cuestionara a quien dice que ha vuelto a cambiar de opinión –¿cuántas veces lo ha hecho? Incontables– porque le apremia el "interés de España". ¡Con un par! Pero no nos vamos a callar. No podemos porque necesitamos ver y sentir un poco de cordura y un mínimo de honestidad. No vamos a callar porque como ha manifestado el Colegio de abogados de Madrid: "[1] La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional. [2] La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional. [3] El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional. [4] La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad".
No es este un momento para ambigüedades más o menos calculadas. Creo no haber frecuentado esa sinuosa senda. Nos estamos jugando admitir como normal la inaceptable intromisión del poder político en la Justicia, lo que supondría el fin de la división de poderes, una deleznable injerencia que no parece importarle al señor Ximo Puig, seguramente porque se hallará más preocupado por una posible cartera ministerial que por la defensa de la nación y del Estado de Derecho, o lo que es lo mismo: de la igualdad de los españoles ante la ley. Que él ocupe la cartera, que nosotros nos seguiremos ocupando de la salvaguarda del Derecho. Esa es nuestra única cartera, y no deseamos otra.
