VALENCIA. Feria Valencia pagó al menos 47,5 millones de euros en sobrecostes injustificados por las obras de ampliación y modernización del recinto, que en total costaron 587 millones de euros. Esta es una de las principales conclusiones a las que llegan los interventores de la Generalitat que, en calidad de peritos judiciales, han realizado un informe para la Fiscalía Anticorrupción para verificar si la contratación y ejecución de estas obras, avaladas por la Generalitat, se ajustaron a la legalidad.
A pesar de que el trabajo concluye que las obras se contrataron sin ajustarse a las normas del sector público o de que "gran parte" de las certificaciones de obra analizadas no se corresponde a los contratos firmados con los proveedores, la Fiscalía Anticorrupción archivó recientemente las actuaciones al no apreciar indicios de delito.
Según este informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los sobrecostes detectados en la ejecución de las obras se basan "exclusivamente en el incumplimiento del contrato" por cambios en el precio de los elementos incluidos en la obra respecto a los que se reflejaron en el proyecto inicial o por la "adjudicación al alza en contra de los criterios del pliego".
La actuación de la Fiscalía se inició a raíz de un informe provisional de la Intervención de la Generalitat finalizado en octubre de 2014 que afloró la existencia de desviaciones de hasta un 86,27% sobre los precios que figuraban en el proyecto y lo que finalmente se pagó por las obras. En cifras absolutas, 152,97 millones por modificaciones de contrato (+52,5%) y 98,37 millones más por nuevos proyectos (+33,76%).
Ese primer trabajo se realizó sobre una muestra de 11 millones de euros, un 2% del total de las facturas para la construcción y equipamiento del recinto, por lo que la Fiscalía solicitó una ampliación del mismo para incorporarlo a su investigación, para lo que se le pidió a los actuales responsables de Feria Valencia que aportasen certificados de entrega de obras y todas las facturas.
En el informe ampliado, entregado por los peritos judiciales a principios del año pasado, los técnicos ponen de manifiesto la "problemática" a la que han tenido que enfrentarse a la hora de analizar los contratos, los proyectos y las certificaciones porque no se les aportó toda la documentación. En concreto, lamentaron la ausencia de varios proyectos y contratos.
Entre la documentación que no ha aportado Feria Valencia están el procedimiento de contratación seguido para la ejecución de las obras, la relación de empresas que se presentó a cada licitación o la información sobre el encargo de las obras del Foro Centro, para el que no consta ningún contrato ni procedimiento de contratación.
En total, los interventores analizaron veinte contratos para la realización de la obra civil y trece adendas por un valor total de 322,69 millones de euros sin IVA. Entre ellos están los tres contratos principales de la construcción, cuyo presupuesto de adjudicación supera los 221 millones de euros. Según concluyen los autores, esos tres contratos se sometieron a licitación pública, mientras que el resto se otorgaron directamente a los contratistas bien como adendas o como contratos anexos o complementarios.
Vulneración de los pliegos
El informe concluye que las cláusulas del pliego fueron vulneradas en "al menos" dos licitaciones. Una de ellas es la del contrato identificado como "Ampliación del Recinto Ferial de Valencia fase II Pabellones 1, 2 y 3". A pesar de que en las bases se especificaba que no se admitirían ofertas al alza, el contrato fue adjudicado a la UTE formada por FCC, Lubasa y Pavasal con un alza del 26,8% sobre el presupuesto de licitación.
Ello supuso un encarecimiento de 14,81 millones de euros para Feria Valencia "sin ninguna justificación" ni siquiera por reducción de plazos, ya que los trabajos se extendieron "muy por encima" del plazo reflejado en el contrato.
A ese importe inicial se le sumaron posteriormente los derivados por adendas para ampliar el objeto del contrato y gastos complementarios que encarecieron el proyecto, con lo que el incremento total "no justificado" alcanza los 47,5 millones de euros, según el informe entregado a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, los interventores llaman la atención sobre el hecho de que este contrato se firmó el 29 de noviembre de 2000 bajo la aprobación del comité ejecutivo, pero no del patronato de la institución, entonces presidido por la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, impulsora del proyecto de ampliación del recinto.
Meses más tarde, en julio de 2001, el presidente ejecutivo del recinto, Alberto Catalá, dio cuenta a ese órgano de los contratos firmados con anterioridad y fue entonces cuando recibió la autorización del patronato para la firma de los posteriores contratos de obra, servicios y suministros.
Precios cambiantes a mitad de proyecto
Respecto a los contratos con las constructoras que formaron la UTE, el informe detecta una serie de subidas "injustificadas" en los precios de las unidades de obra durante el desarrollo de las mismas o la aparición de "multitud de precios nuevos contradictorios" o partidas engordadas "sin desglose ni justificación".
Como consecuencia de ello, según destaca el informe, las obras se certificaban con unidades que nada tenían que ver con lo previsto en el proyecto y que en algunos casos llegaban a ser un 50% más caras que las reflejadas en el proyecto inicial. "El control económico de la obra era inexistente", concluyen los interventores. El sobrecoste soportado por Feria Valencia por estos incrementos injustificados en el precio de las unidades de obra superó los 6,67 millones de euros.
Varias de las certificaciones abonadas por modificación de los contratos iniciales alcanzaron un volumen suficiente para ser objeto de otro contrato, pero fueron pagadas directamente al contratista original como revisión o ampliación del acuerdo original sobre la marcha de las obras. Como ejemplo, los autores citan los 1,8 millones de euros que se abonó a la UTE de FCC, Lubasa y Pavasal por "ampliación del nivel 1 + cálculo de estructura" o 1 millón pagado a las mismas empresas por otra adenda de "revisión de estructura, pabellón 4, fase 2".
En su informe original, de octubre de 2014, la Intervención de la Generalitat alertó de que la administración, como avalista de las obras de ampliación, podría acabar pagando 1.027,59 millones hasta 2029 por la deuda más los intereses como consecuencia de la incapacidad de Feria Valencia para devolver la deuda. De hecho, la Generalitat aporta cada año algo más de 30 millones de euros desde 2009.
Tal y como se redactaron los acuerdos originales, la Intervención considera que esas cantidades se aportan como un aval y no una subvención, motivo por el que considera que se le deberían reclamar de vuelta al recinto. Para resolver esta "problemática jurídica", la Generalitat se hará cargo de los casi 600 millones de euros de deuda que arrastraFeria Valencia mediante la aprobación de un decreto de asunción de deuda. Posteriormente cederá la gestión del recinto a una empresa mixta de mayoría privada.
Pabellones de Feria Valencia. Foto: MARGA FERRER
