ALICANTE. Los caminos de Ikea y el empresario Enrique Ortiz se separan definitivamente en Alicante. Dejarán de formar tándem al menos a la hora de presentarse ante la Administración. La Conselleria de Vertebración del Territorio confirmó ayer el archivo de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que preveía la implantación de una tienda de la multinacional sueca y un macrocentro comercial anexo en el norte de la ciudad (la zona de Rabasa) tras admitir la renuncia presentada en junio por la propia sociedad impulsora: Alicante Avanza (liderada por el controvertido constructor). Lo hizo tras verificar, previa consulta con la Abogacía de la Generalitat, que no concurrían causas de "interés general" para mantener la ATE y, sobre todo, que no existían terceros interesados en la continuación del procedimiento. O lo que es lo mismo, que nadie, tampoco Ikea -el teórico principal interesado- se había opuesto a que el proyecto se diese por muerto y enterrado mediante la presentación de alegaciones.
Fuentes del Consell precisaron que Ikea no llegó nunca a personarse en el expediente, pese a que sí podía haber presentado su solicitud para formar parte de él en cualquier momento. Incluso después de que se conociese que Alicante Avanza había desistido voluntariamente, hace tres meses, antes de presentar las correcciones exigidas por la Conselleria de Medio Ambiente.
La hipotética personación de Ikea hubiese supuesto de forma automática que se le diese trámite de audiencia y, en consecuencia, habría tenido la oportunidad de solicitar que el proyecto continuase vivo en base a determinados argumentos (por ejemplo, un posible perjuicio económico). Y esa es, en realidad, la trascendencia del archivo del expediente conocido ayer: Ikea no quería bajo ningún concepto continuar ligada a Ortiz. Todo lo contrario, perseguía desvincularse de él para tratar de negociar su posible aterrizaje sin ningún tipo de atadura.
Así lo ratificaron fuentes del actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) conocedoras de las conversaciones mantenidas hasta ahora con los representantes de la multinacional. El propio alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, valoró ayer que el carpetazo de la ATE permite que el ayuntamiento se ponga a trabajar "de forma inmediata" para que se materialice la llegada del gigante del mueble a la ciudad. "Es el momento de que cada paso que demos, no darlo en falso, porque hemos estado muchos años dando pasos en falso", insistió.
El concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), apuntó que, tras la resolución de ayer, se abre un nuevo escenario para negociar "con la multinacional" sobre su ubicación definitiva. "Vamos a trabajar par que su llegada sa posible al margen de cualquier sospecha de corrupción", señaló, para recordar que el origen de la ATE fue el Plan Rabasa, "una actuación urbanística que terminó en los tribunales por presunta corrupción de los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP". Los dos figuran como imputados, junto al propio Ortiz, en el Caso Brugal.
Pavón insistió en que, en cualquier caso, Ikea deberá aceptar las directrices marcadas en el acuerdo de gobierno que dio lugar al tripartito, es decir: "Ikea sí; macrocentro no". También apostó por definir la ordenación de la zona de Rabasa y sus lagunas dentro del nuevo proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ahora de nuevo en revisión tras la retirada del proyecto impulsado bajo la etapa de Gobierno del PP.
El suelo
La ubicación seguirá siendo a partir de ahora uno de los principales motivos de controversia en esa nueva etapa de negociaciones que el tripartito prevé abrir de manera sosegada y discreta. Los portavoces de la multinacional han venido manteniendo hasta ahora que su primera apuesta para instalarse en Alicante continúa siendo la zona de Rabasa: la que figuraba en la propuesta de Alicante Avanza. Está por ver si el tripartito está por la labor de aceptar ese emplazamiento. Por lo pronto, Guanyar ya ha manifestado que existirían otras alternativas.
Pero además, el caso de que se superase ese debate, Ikea podría tener que solventar todavía otro problema añadido: determinar quién es el actual propietario de los terrenos de ese ámbito, ya que podría verse abocada a llegar a una nueva entente con Ortiz, con el denominado banco malo (la Sareb) o con los dos.
Alicante Avanza está constituida al 100% por Urbanika, la sociedad que tomó el relevó a Viviendas Sociales del Mediterráneo (la impulsora original del Plan Rabasa, compuesta en su día por Ortiz y Bancaja bajo el paraguas de Deproinmed). Urbanika, a su vez, está participada por varias sociedades vinculadas a Ortiz (Ortiz Desarrollos Urbanísticos, Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras y Cívica Fomento Inmobiliario) además de Espacio SL y Buildingcenter SA. Juntas suman el 51,96% de las acciones. La propiedad de la principal bolsa de suelo del sector sigue en manos de la propia Urbanika. Pero la Sareb (heredera de Bancaja y Banco de Valencia) y el Banco Sabadell (por absorción de CAM) podrían ejecutar las hipotecas concedidas en su momento para tomar su propiedad, ahora que los terrenos -todavía rústicos- no van a llegar a convertirse en terciarios.
Alicante Avanza ya ha tenido que devolver a Ikea 41 millones como consecuencia del incumplimiento del acuerdo bilateral privado por el que la sociedad se comprometía a facilitar la llegada de la multinacional. Ahora, además, el Consell ha iniciado los trámites para incautarse la fianza de cerca de un millón depositada en 2014, cuando el proyecto fue reconocido como ATE, por el 1% de la inversión prevista en el proyecto.
Recreación virtual del proyecto de Alicante Avanza.
