Mari Carmen García FusterLa cajera del PP, Mari Carmen García-Fuster, admitió la procedencia irregular de donaciones por valor de 245.000 euros lo que probaría la entrada de dinero ilícito en el grupo
VALENCIA. Hasta el pasado viernes, las defensas de los cerca de 50 investigados por blanqueo de capitales del Grupo Municipal popular de la pasada legislatura se veían con una absolución bajo del brazo. El motivo era que para poder condenar por un delito de blanqueo de capitales es necesario probar que hay una entrada de dinero ilícito. Pero los papeles de la cajera han dado al traste con todo.
Ese dinero ilícito era la pata que cojeaba en la mesa que sostiene las acusaciones. Sin embargo, varios apuntes en las libretas contables de la cajera del PP, Mari Carmen García-Fuster, entre los años 2006 y 2011 confirman que en el grupo entraron más de 245.000 euros de “donantes anónimos”. Un dinero en B cuya procedencia es ilícita e irregular.
La propia García-Fuster asumió la irregularidad e ilicitud de esas donaciones puesto que son contrarias a lo que establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Sin embargo, la cajera se quitó la culpa de encima diciendo que “ella no sabía que la forma de recaudar ese dinero era ilegal”, y que “había un recaudador que durante dos décadas fue el encargado de realizar las labores de captación de fondos para el PP municipal”.
El problema para las defensas se centra ahora en que, al tener demostrada la entrada de dinero B durante años, ya no es necesario, procesalmente hablando, demostrar de qué contrato o donación concreta provenían los 50.000 euros que presuntamente se blanquearon antes de las últimas elecciones locales.
Los problemas legales para todo el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, salvo cuatro personas que se negaron a realizar el pitufeo, comenzó el día que presuntamente Mari Carmen García-Fuster les pidió a todos 1.000 euros.
La fórmula utilizada era sencilla: ingresos de 1.000 euros por cabeza, que más tarde eran devueltos en dos billetes de 500 por persona. Todo ello a menos de un mes de las pasadas elecciones municipales.
La cajera supuestamente les pedía a los asesores y concejales que ingresaran 1.000 euros en la cuenta ES85 0081 ***** 0237, para acto seguido devolverles esa misma cantidad en un sobre con dos billetes de 500 euros.
El problema para todos ellos era que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tenía intervenido el teléfono de la exconcejal María José Alcón. Los agentes de la UCO grabaron una conversación entre Alcón y su hijo, y otra entre ella y su hermana, en la que explicaba con pelos y señales cómo se estaba blanqueando el dinero desde el Grupo Municipal.
Además, tanto juez como fiscal cuentan con las declaraciones de cuatro testigos, cuatro exasesores del PP que se negaron a blanquear dinero y que así lo contaron tanto ante la UCO como en el juzgado.
Por último, en el sumario también está incluida la declaración de una asesora que cuenta que ella realizó el blanqueo obligada aunque después devolvió el dinero a García-Fuster, así como un anónimo que llegó a la Fiscalía y que explicaba el presunto pitufeo.
