El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Los primeros pasos de Joan Llinares al frente de la Agencia Antifraude no han sido un camino de rosas. Y, aunque esto fuera un secreto a voces, el director de este órgano adscrito a Les Corts dio buena cuenta de ello este martes en su comparecencia en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda. Los fallos en la ley -que ya solicitó que sus señorías cambiaran, pero le fueron denegados- o la falta de colaboración de Les Corts para poner a su disposición un auxiliar que le ayudara a resolver el proceso de selección de personal y así iniciar la actividad de la agencia, han sido algunos de los factores que han impedido un arranque más ágil.
Sin embargo, el principal escollo con el que se ha encontrado Llinares desde que tomara posesión de su cargo en julio de 2017 ha sido la falta de una sede sobre la que asentarse. Una circunstancia que, de hecho, y según consta en la memoria anual del año pasado, derivó en un retraso significativo en el inicio de la actividad y en que tan sólo pudiera ejecutarse un 10% del presupuesto. "El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro y en 2017 hemos hecho lo que hemos podido", manifestó.
A pesar de los baches con los que se ha ido encontrando y de admitir que la Agencia todavía no está a pleno rendimiento -solo se han incorporado 16 funcionarios a la plantilla de las 34 plazas que hay previstas- la actividad ya comienza a ser regular. Tanto es así que con apenas unos meses de vida, ya recibe una media de 12 denuncias mensuales. Una cuantía que Llinares prevé que se irá incrementando en los próximos meses conforme se vaya conociendo la actividad que realiza el órgano.
Así, las denuncias recibidas en 2017 -entre octubre y diciembre, ya que previamente no se pudieron comenzar a resolver expedientes por la falta de recursos técnicos y humanos-, suman un total de 35. La mayoría de ellas -el 40%- por cuestiones relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57% con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones. De momento, y debido a la limitación de recursos, todavía no han podido comenzar a recibir casos de oficio.
Entre todas estas denuncias, las administraciones locales son sobre las que los denunciantes piden que se pose más la lupa por posibles casos de corrupción. No en vano, tal y como consta en el informe de actividad, de estos 35 expedientes abiertos, un total de 24 afectan a ayuntamientos (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.
Respecto al denunciante, siete denuncias fueron interpuestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); ocho por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. En este sentido, el estatuto de protección del denunciante ha sido indispensable en algunos casos para que algunas personas denunciaran. De hecho, Llinares desveló en su comparecencia que ocho funcionarios habían solicitado acogerse a este estatuto tras revelar posibles casos de corrupción.
Un mes después de resultar electo como director de la Agencia, la Cámara valenciana cedió a Llinares un despacho para que pudiera comenzar a desempeñar sus funciones. A pesar de que esta era una ubicación provisional sobre la que asentarse, ya que se preveía que a corto plazo pudiera trasladarse a una propiedad cedida por la Generalitat, no fue así. Seis meses después todavía seguía en el mismo habitáculo contiguo a la sala donde se celebran las Juntas de Síndics.
Pero no estaba solo, en octubre comenzó a incorporarse parte del personal que había superado el proceso de selección sin tener sitio suficiente para instalarse. Cuando Llinares recibía denunciantes, la plantilla debía salir al pasillo para respetar la confidencialidad porque el despacho era común, según trasladan fuentes de la Agencia. Durante semanas convivieron ocho trabajadores en un espacio reducido y tuvieron que echar mano de sus ordenadores portátiles personales por "la falta de recursos facilitados".
Ante la búsqueda vana del Consell y del parlamento valenciano de un edificio público para ubicar el órgano de Llinares -a pesar de disponer de distintos espacios que actualmente se encuentran vacíos-, la Agencia optó por recurrir al alquiler privado hasta que la administración resolviera su situación. ¿Los motivos? La falta de espacio estaba impidiendo desde la incorporación de personal, hasta la tramitación de expedientes, pues al no poder incorporarse parte de la plantilla faltaban trabajadores que ayudaran a estudiar distinta documentación.
"Los funcionarios que se fueron incorporando se situaron en esta misma dependencia, totalmente insuficiente, tanto de tamaño, como de funcionalidad, lo que ha imposibilitado la progresiva incorporación de personal y ha condicionado el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas", detalla la memoria anual. Y, aunque en numerosas ocasiones se solicitó la adscripción a emplazamientos vacíos -como el situado en la calle Colón, número 80-, "no se recibió respuesta a la petición".
Además de instar a los partidos que sustentan el Botànic a resolver cuanto antes la búsqueda de una sede definitiva con el fin de dejar de pagar un alquiler, en el apartado de recomendaciones el director de la Agencia Antifraude emplaza a articular un Pacto Social Valenciano contra la Corrupción haciendo obligatoria la elaboración de planes de prevención así como aprobar códigos de conducta para todo el personal de las administraciones. Unos compromisos a los que también deberían adherirse los prestadores de servicios públicos o receptores de fondos públicos.
