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se considera legitimada al ser parte afectada por los hechos investigados

La Conselleria de Economía pide a Anticorrupción el decreto de archivo de la Feria que negó a Les Corts

20/04/2017 - 

VALÈNCIA. La Conselleria de Economía Sostenible va a reclamar a la Fiscalía Anticorrupción que le facilite el decreto de archivo de la investigación sobre las presuntas irregularidades en las obras de ampliación de Feria Valencia y el uso de las tarjetas visa de sus exdirectivos. El departamento que dirige Rafael Climent pedirá que se le facilite este documento, básico para conocer los argumentos que motivaron el archivo tras dos años de investigación, después de que la Fiscalía se negase a facilitarlo a Les Corts al no ser una parte personada en el procedimiento.

Economía ya tiene redactado el documento que enviará a la Fiscalía Anticorrupción. Los argumentos en los que sustenta su petición parten precisamente de los mismos en los que se apoyó la Fiscalía para no facilitar el decreto de archivo a la comisión de investigación que se desarrolla en el Parlamento valenciano sobre los aspectos generales de la gestión de las ferias en los últimos años.

La petición lleva la firma del director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, cuyo departamento ostenta las competencias sobre ferias comerciales en la Comunitat y, al mismo tiempo, es vicepresidente del patronato y vocal nato del comité ejecutivo del recinto ferial.

En su respuesta a la petición de Les Corts, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción argumentó que las diligencias de investigación son un procedimiento penal preprocesal "de naturaleza reservada" y acceso "muy restringido" y limitado a las partes personadas, que en este caso sería la propia Feria Valencia en calidad de investigada.

Dado que la investigación acabó siendo archivada, Anticorrupción argumentó que el acceso a los detalles de la misma solo se le permite a quien ostente un "interés legítimo" o "aquel que hubiera podido ser parte en el procedimiento judicial que se hubiese incoado", entre los que cita a "los denunciantes, ofendidos o perjudicados".

Por ello concluyó que no existía un "interés legítimo" de Les Corts porque la actuación de la Fiscalía se ciño estrictamente a determinar si pudo cometerse algún delito en la ampliación o la gestión de sus responsables y, por lo tanto, una "eventual responsabilidad criminal". Pese a ello, Les Corts acordaron instar al Ministerio Público a que reconsiderase su negativa

La Conselleria se considera perjudicada

El departamento de Costa recoge esas razones para armar su propia argumentación a partir de una premisa básica, que la la Conselleria de Economía Sostenible se considera "perjudicada" en las diligencias de investigación penal desarrolladas por Anticorrupción.

"El esclarecimiento de la actividad que ha sido objeto de investigación por la Fiscalía constituye para esta dirección general un asunto de enorme relevancia", manifiesta el director general en su escrito.

Costa recuerda que fueron sus antecesores en la Dirección General de Comercio durante la etapa del PP en el Consell quienes a la pasada década suscribieron con Feria Muestrario Internacional de Valencia los dos convenios de carácter plurianual mediante los cuales la Generalitat se comprometía a hacerse cargo de la devolución de los créditos vinculados a la ampliación hasta 2029 si Feria Valencia no tenía capacidad de hacerlo por sí misma.

En este sentido cabe recordar que como consecuencia de la crisis y del desplome del negocio de Feria Valencia, la Generalitat destina cada año más de 30 millones de euros de su presupuesto a pagar los créditos asociados a las obras de ampliación, que en total costaron más de 586 millones de euros.

Según el informe de la Intervención de la Generalitat que alertó de la existencia de sobrecostes millonarios en las obras de ampliación de Feria Valencia, del primero de los dos tramos de financiación, de 325 millones de euros, la Generalitat ya había aportado hasta 2012 más de 152 millones, mientras que Feria Valencia únicamente había aportado 15 de los 52 millones millones que debía haber pagado.

"Queda justificado el interés de esta dirección general en el control de los procesos de contratación pública y de facturación, así como en el desarrollo de la gestión de los fondos públicos, a la vista del contenido de dichos convenios", sostiene Costa. 

"A la vista del desembolso económico y del carácter de garante que la Generalitat ha realizado en la gestión de los fondos públicos, por parte de los correspondientes responsables, en los hechos investigados, debe considerarse a esta dirección general directamente afectada por los daños producidos y por consiguiente perjudicada, lo que le otorga la legitimación necesaria para acceder al procedimiento", concluye el director general en su escrito.

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