Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Generalitat tendrá la última palabra en las decisiones de la empresa mixta que gestionará Feria Valencia, incluso aunque la mayoría del capital sea privado. Esta es la solución consensuada entre la Conselleria de Economía y la de Hacienda para salvar sus diferencias sobre el modelo de gestión del recinto, unas discrepancias que han mantenido paralizado el desarrollo de la hoja de ruta diseñada hace más de año y medio para el rescate y reestructuración del recinto.
Así consta en el decreto ley que, salvo cambio de última hora, será aprobado por el Consell en su último pleno del año y que servirá para que la Generalitat asuma la deuda financiera de Feria Valencia (587 millones de euros) y la Institución Ferial Alicantina (IFA).
Tal y como acordaron las tres partes representadas en el patronato de Feria Valencia –la Generalitat como avalista, el Ayuntamiento como dueño del suelo y los edificios y la propia institución–, la opción más adecuada para resolver los problemas derivados de la crisis en los dos recintos es dejar la gestión en manos de un ente de nueva creación bajo la fórmula de sociedad de capital mixto. La Generalitat tendrá una participación en el capital de la misma y contará con un socio tecnológico externo que será seleccionado en un proceso de concurrencia tras un diálogo competitivo que se abrirá en los próximos meses.
Así consta en preámbulo del decreto que será aprobado este viernes. El texto no delimita si esa sociedad mixta ha de ser de mayoría privada o pública, pero sí establece que su deuda y déficit no computarán como deuda de la Generalitat al no estar clasificada en su sector público, lo que implícitamente descarta una mayoría pública.
No obstante, dado el "carácter de interés público" de la actividad ferial, el decreto establece que la sociedad mixta "deberá someterse a las directrices que emanen de las administraciones públicas competentes, de acuerdo con la legislación vigente". De esta manera, la Generalitat se asegura el control sobre la gestión, tal y como durante todo el proceso ha defendido el conseller de Economía, Rafael Climent.
La referencia al control público de la gestión figura en el preámbulo, pero no en el articulado. Según precisa la Conselleria de Economía, será en el diálogo competitivo que se abra con los operadores cuando se concretará de qué forma marcará la administración las decisiones de gestión, con la objetivo último de que la gestión no se aleje de los intereses del tejido empresarial al que sirve el recinto.
Dado que la Generalitat estará representada en el consejo de administración que se creará, una posible fórmula podría ser la reserva de una suerte de acción de oro para asegurarse el control sobre determinadas decisiones. De hecho, el patronato actual, ya reserva la vicepresidencia al director general de comercio, sin voto pero con capacidad de suspender determinadas decisiones.
La solución pactada entre Economía y Hacienda permite sacar adelante el decreto de asunción de deuda, que se aprobará junto a otro para declarar de interés general la actividad ferial, pero está por ver cómo encajan los potenciales aspirantes a entrar en el capital la salvaguarda que ha introducido el Consell en el texto.
Para sanear la situación financiera, económica y patrimonial de las actuales ferias, la Generalitat se subroga sus deudas financieras, algo que tendría que hacer igualmente porque, en el caso de Feria Valencia, la administración se comprometió ante las entidades financieras a hacerse cargo del pago de los créditos de la ampliación siempre que no pudiera hacerlo el recinto ferial, tal y como ha ocurrido. "El efecto de la subrogación de la deuda no supone incremento del endeudamiento de la Comunitat", destaca el decreto.
Hasta ahora la Generalitat ha pagado 268,5 millones de euros de intereses y 109,29 millones de principal sobre el total de los 587 millones de euros de los créditos para financiar las dos fases de la ampliación. Feria Valencia solo se ha podido hacer cargo de 14 millones de euros de intereses y 1,4 millones de principal, pero ha depositado 14,5 millones en una cuenta de reserva para la amortización de una emisión de obligaciones.
En el caso de IFA, la subrogación de la deuda implica el compromiso de entregar a la Generalitat los bienes patrimoniales que figuren en su balance "susceptibles de valoración económica, y que serán objeto de tasación por los servicios competentes de la Generalitat".
El protocolo de intenciones que recoge los pasos a seguir para la reestructuración de Feria Valencia establece que el Ayuntamiento, previo rescate de la concesión actual otorgará a la Generalitat una concesión gratuita de las instalaciones, "para que éstas, directa o indirectamente, lleven a cabo en las mismas la gestión de las ferias comerciales oficiales".
Una vez traspasado el pasivo a la Generalitat, el patronato de Feria Valencia acordará su disolución y dejará el negocio en manos de una comisión gestora que estará activa hasta que sea posible el traspaso del negocio ferial a la nueva sociedad.
Antes de la creación de la sociedad mixta que explotará el negocio, "uno o varios socios tecnológicos podrán participar del capital social en la nueva sociedad a constituir, participación que se adjudicará mediante el oportuno proceso concurrencial para la selección de dichos socios", explica el decreto ley.
El decreto también aborda la reestructuración de la deuda comercial de Feria Valencia, habida cuenta de que en los últimos años la Generalitat ha tenido que aportar 17,6 millones de euros para financiar también su actividad ordinaria. De ellos, el riesgo vivo actual de 15,51 millones.
Desde 2012, el IVF ha avalado operaciones con Caixabank y BBVA por importe de 9 millones de euros. A ello se suman 8,3 millones de euros que desde 2013 ha abonado la Generalitat tras la adhesión del recinto al plan de pago a proveedores financiado con el FLA.
Tras asumir esa deuda comercial, el decreto establece que ha de crearse una cuenta acreedora de Feria Valencia a favor de la Generalitat por el importe subrogado.
