El secretario autonómico de Eduación, Miguel Soler (Foto: EVA MÁÑEZ)Los centros tendrán que ofertar esta materia, pero los padres seguirán teniendo garantizado el derecho a no cursarla
VALENCIA. Ahora que la Generalitat ha anunciado una de las medidas más esperadas de este curso, lo que se ha denominado como "Programa de Plurilingüismo Dinámico”, queda por ver qué sucederá con la exención del valenciano en las zonas castellanoparlantes, tales como la Vega Baja o Requena. A tenor de las palabras del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, y del secretario autonómico, Miguel Soler, la decisión de estudiar o no en la lengua oficial será de la familia.
Todos los colegios del territorio autonómico deberán acogerse a uno de los seis niveles lingüísticos que se derivan del nuevo decreto plurilingüe, esto es, Básico 1 y 2; Intermedio 1 y 2; o Avanzado 1 y 2. Tras la eliminación del sistema por líneas, el modelo mínimo al que podrán recurrir siempre será el Básico 1, en el que ya hay asignaturas en valenciano, con lo que los centros se verán obligados a incluir esta materia. Ahora bien, Marzà ha matizado que si un alumno no quiere hacer uso de la oferta, “siempre podrá pedirlo como exención particular” y la Generalitat garantiza que le será concedida.
A fin de cuentas, se trata de un derecho recogido en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano 4/1983, "de cuyo marco no es posible salirse". En concreto, en el articulo 18.1, se establece que la incorporación del valenciano a la enseñanza "es obligatoria en todos los niveles educativos", pero que en los territorios de predominio lingüístico castellano “se hará de manera progresiva, atendiendo a la situación sociolingüística particular”.
“Si la sociedad valenciana en general acaba pensado que saber valenciano es bueno para todos, como así lo creemos nosotros, entonces hablaremos de cara a futuras normas”
Todo ello entronca con la premisa pedagógica que apuntala una y otra vez Marzà: “No prohibir, no imponer, no obligar”. “Si la sociedad valenciana en general acaba pensado que saber valenciano es bueno para todos, como así lo creemos nosotros, entonces hablaremos de cara a futuras normas”, matizaba durante la reunión de ayer. Esto quiere decir que, una vez completada la aplicación de este decreto, culminante en el Bachillerato de 2023, no se descarta adoptar otro tipo de medidas con un planteamiento más decidido.
Hasta entonces, la Conselleria se dedicará a hacer una labor “pedagógica”. En el propio borrador del decreto se habla de que en su labor “sensibilizará a las familias, incentivará al profesorado y dotará a los centros de recursos adicionales para que todos los alumnos puedan conseguir los objetivos y niveles de referencia establecidos". Pero además, se establecen una serie de “acciones preferentes”, entre las que se incluyen las realizadas en centros con un alumnado mayoritariamente castellanohablante donde se instauren los niveles de Avanzado 1 y 2.
Cabe recordar que hubo un gran revuelo cuando la Conselleria de Educación anunció que estudiaba eliminar la exención sobre los estudios en valenciano en los territorios castellanoparlantes. El director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat, Rubén Trenzano, se apresuró a recordar que este derecho estaba garantizado por Ley de Usos. Esto no implicaba que se renunciara a “hacer pedagogía”. “Como director general, seguiré insistiendo en que el valenciano abre puertas, pero evidentemente la opción es suya”, precisaba, para luego añadir: “Imagina en qué situación nos encontramos dentro de la Comunitat, cuando podemos exceptuar a los niños de estudiar valenciano, pero no de estudiar inglés”.
Ahora que el nuevo decreto sigue garantizado dicha exención, las críticas vienen del sector contrario. Stepv considera que se trata de un aspecto “especialmente grave” y atribuye la decisión a “la falta de valentía” de la Conselleria. “La Administración ha optado per incentivar al alumnado con acreditaciones en valenciano e inglés si optan por niveles Intermedio y Avanzado, pero no hay ningún mecanismo que garantice la adopción de estos programas por parte de los centros, ni tan solo después de las evaluaciones llevadas a cabo cada cuatro años”, reivindican. Es por ello que instan a Marzà y a su equipo a ser “más ambiciosos”, porque esta norma tiene “un perfil muy bajo”. Incluso, concluyen, “defrauda las expectativas esperadas del nuevo Gobierno”.
